El Gobierno lanza un plan de choque para agilizar los trámites de los inmigrantes

El Ministerio de Política Territorial ha lanzado un plan de choque para mejorar la atención en las oficinas de extranjería, responsables de la tramitación de las autorizaciones de las que dependen los extranjeros para residir y trabajar legalmente en España. Fuentes del ministerio confirman que se incorporarán unos 300 nuevos funcionarios interinos, casi un tercio más del total de la plantilla actual, durante los próximos nueve meses. El refuerzo pretende resolver los casi 200.000 expedientes pendientes y acortar los plazos de tramitación que están desfasados en prácticamente todo el territorio. La medida empezó a perfilarse en marzo, aunque coincide ahora con la recién aprobada reforma del Reglamento de la ley de Extranjería, que al flexibilizar algunas normas traerá, previsiblemente, miles de nuevas solicitudes. Su coste será de 5,2 millones de euros.

En España hay más de dos millones de extranjeros no comunitarios que están sometidos a un régimen de autorizaciones para poder vivir y trabajar y dependen de la eficiencia de las oficinas de extranjería para mantener sus papeles en regla. Solo en 2021, estas oficinas recibieron en 2021 más de 860.000 solicitudes de inmigrantes que dependen de la eficiencia de la Administración para obtener sus permisos de residencia, trabajo, estudios o reagrupación familiar. Nunca ha habido una carga de trabajo tan alta, exceptuando el proceso de regularización de 2005 durante el que se recibieron 700.000 solicitudes en pocos meses. El aumento ha sido constante en los últimos años y se ha debido a diversos motivos, más allá del crecimiento de la población extranjera: desde la posibilidad de presentar las solicitudes por vía electrónica, a la salida de Reino Unido de la Unión Europea que ha requerido trámites adicionales, pasando por la guerra de Ucrania y la gestión documental de sus refugiados. “El buen funcionamiento de las oficinas de extranjería no solo tiene impacto en los inmigrantes, sino en el conjunto de la sociedad. La eficiencia de la Administración redunda en la contribución a las cotizaciones sociales, la competitividad de las empresas en busca de trabajadores o en el impacto económico de los estudiantes extranjeros en España”, afirman fuentes ministeriales.

El crecimiento de solicitudes, sin embargo, no ha ido en paralelo al refuerzo de efectivos y la sobrecarga ha provocado retrasos de meses en la resolución de los expedientes que hacían a la Administración incumplir sus propias normas. Un informe del ministerio de finales de 2021 revelaba que las principales demoras afectaban a las autorizaciones de residencia y trabajo por arraigo que son, precisamente, las mayoritarias. La ley marca un plazo máximo de 90 días para resolverlas, pero se estaba tardando de media 108 días. El récord lo ostentaba Barcelona, con 152 días. La falta de citas también fue un problema y alimentó un jugoso mercado negro hasta que la pandemia promovió una digitalización de la mayoría de los expedientes.

El plan tendrá una aplicación inmediata y se ejecutará en los próximos nueve meses. El objetivo es que los nuevos funcionarios, repartidos en las oficinas con mayor carga de trabajo (con Barcelona y Madrid a la cabeza) se ocupen del enorme volumen expedientes por resolver, aunque se asume que en las primeras semanas su capacidad será limitada. En algunas oficinas se está aplicando un plus de productividad para incentivar la tramitación de los expedientes. El plan se basa ahora en una contratación por “exceso o acumulación de tareas”, limitada en el tiempo, pero el objetivo es que de aquí a final de año las cerca de medio millar de vacantes de las oficinas puedan ir cubriéndose con nuevas contrataciones hasta contar con los próximos opositores, un proceso que legalmente puede tardar hasta tres años. “La necesidad de medios no podía esperar a la incorporación de nuevos funcionarios”, explican fuentes ministeriales.

Las oficinas de Extranjería tienen un 29% de sus puestos vacantes, según datos del ministerio. No es el lugar más atractivo de la Administración para trabajar. Ni por salario, ni por destino, ni por carga de trabajo. Las Delegaciones del Gobierno, en las que se integran las oficinas de Extranjería, han pasado de 7.879 efectivos en 2010 a 6.001 en 2021.

Refuerzo en Cataluña

Las oficinas de Cataluña recibirán 61 interinos, el mayor refuerzo. No es causal, recibieron en 2021 casi 200.000 peticiones y la oficina de extranjería de Barcelona lleva años sacando de quicio a extranjeros y abogados por falta de citas y plazos desorbitados. La oficina de Barcelona, la segunda que más expedientes tramita después de Madrid, recibirá 46 trabajadores. Después de la capital catalana, Girona tendrá nueve trabajadores, seguida de Tarragona (4) y Lleida (2). “Estas cifras se dan en respuesta a unos cálculos que responden a las necesidades de cada oficina”, explican fuentes de la Delegación de Gobierno de Cataluña. El ministerio no ha detallado el reparto de funcionarios en el resto de oficinas del territorio.

El mal funcionamiento de las oficinas de extranjería ha sido un asunto recurrente de los informes anuales del Defensor del Pueblo. La institución lleva desde 2012 señalando las demoras y la falta “de medios humanos y materiales” que dificultan “la gestión eficaz” de los procedimientos. La tesis del defensor es la “ausencia” de una política migratoria que contemple el fenómeno en su totalidad, desde las fronteras hasta los trámites fundamentales para su inclusión en la sociedad.

Los próximos nueve meses serán clave, no solo para evaluar la eficacia del plan de choque, sino para ver el impacto que tendrá en las oficinas la reforma del reglamento de Extranjería, que entrará en vigor el próximo 16 de agosto. La previsión es que se reciban miles de solicitudes porque abre nuevas vías de regularización y elimina exigencias que hasta ahora impedían a los extranjeros poder presentar sus solicitudes. Las cargas de trabajo de la reforma, sin embargo, no caerán exclusivamente en las oficinas. El Ministerio de Migraciones, que impulsó la reforma, previendo este aumento, incluyó la creación de una unidad de tramitación propia, que aún debe dotarse de personal y concretar de qué expedientes se ocupará.