Un tribunal británico permite a Juan Carlos I recurrir parcialmente la sentencia que le negaba la inmunidad

La expresión en inglés vendría a traducirse como “lograr un nuevo día para luchar” (get to fight another day). Eso es lo que ha conseguido este martes el nuevo equipo jurídico contratado por el Rey emérito para enfrentarse en los tribunales británicos a su ex amante, Corinna Larsen. Los magistrados Nicholas Underhill y Peter Jackson, ambos pertenecientes a la Corte de Apelación de Inglaterra y Gales, han dado luz verde a la presentación de un recurso parcial contra la decisión adoptada el pasado marzo por el juez Matthew Nicklin, por la que rechazaba que Juan Carlos I gozara de la inmunidad propia de un jefe de Estado, antes y después de su abdicación. Underhill y Jackson permiten al equipo de abogados de Carter-Ruck, encabezados por Timothy Otty, presentar argumentos jurídicos de apelación respecto al periodo de abril de 2012 al 18 de junio de 2014 (el día de la abdicación). La defensa de Larsen sostiene que los actos presuntamente cometidos contra su cliente durante ese tiempo tampoco estarían protegidos por la inmunidad del entonces Monarca, ya que los realizaba a título privado.

“Si el director del CNI [entonces el general Félix Sainz Roldán] acude a interceder ante la demandante, lo hará porque se lo pide el Rey y Jefe del Estado, ¿no?”, ha insistido el juez Underhill en preguntar al abogado que representaba a Corinna Larsen, James Lewis. “Es como si mi amigo fuera el jefe del MI6 [el servicio de inteligencia del Reino Unido] y le pidiera que me hiciera el favor de frenar las amenazas proferidas por mi examante”, argumentaba, con escaso éxito, Lewis. Los magistrados permitirán que se celebre en los próximos meses (en torno a primeros de octubre) una vista de apelación que sirva para debatir ese punto concreto.

El juicio sigue adelante

Pero la demanda por acoso de Larsen contra el rey emérito relata presuntas amenazas e intimidaciones, directas o a través de intermediarios, desde abril de 2012 hasta 2020. Es decir, en la mayoría de los casos cuando la abdicación ya se había producido. En su momento, el juez Nicklin descartó los argumentos presentados por el equipo jurídico del bufete Clifford Chance, elegido entonces por Juan Carlos I para su defensa. Tomando como base la Ley de Inmunidad de Estado de 1978, de la legislación británica, alegaron que su defendido mantenía la condición de “soberano”, y además seguía formando parte de la reducida Familia Real. Con esos dos argumentos, la ley le permitía preservar la inviolabilidad legal.

“Nadie entiende que Juan Carlos I mantenga el rango de jefe del Estado después de su abdicación. Se trata de un título honorífico, como el que retienen los expresidentes de Estados Unidos”, argumentaron entonces los abogados de Larsen.

El juez Nicklin acogió en su sentencia este último razonamiento, y rechazó que la inmunidad persistiera: “Si aceptara ese argumento, mañana el acusado podría entrar en una joyería de Hatton Garden y robar un anillo de diamantes. Y no debería hacer frente a ningún proceso penal o civil en esta jurisdicción (a no ser que el Estado español levantara esa inmunidad)”, explicó el juez.

El nuevo equipo jurídico de Juan Carlos ha probado suerte con un nuevo argumento jurídico, el llamado test de “los vínculos cercanos y las circunstancias excepcionales”. Con base en las interpretaciones jurídicas de sentencias previas, el abogado Otty ha intentado convencer a los dos magistrados de que, primero, el término household (casa familiar) que utiliza la Ley de Inmunidad del Estado, en España no es un espacio físico sino un concepto. La Familia Real son seis personas, por real decreto, y en ella está incluido el Rey emérito. Y segundo, forman un “grupo de clase” muy interconectado, de modo que “los actos o a la retirada de la inmunidad [a Juan Carlos I] afectarían directamente a la dignidad del actual Monarca [Felipe VI] y al normal ejercicio de sus funciones”, argumentaba Otty.

“¿Pero en qué sentido impactaría en sus funciones?”, ha preguntado el juez Underhill. “Afectaría al tiempo y a la distracción que le supondría estar atento a [que su padre] fuera juzgado en el extranjero”, argumentaba el abogado.

Ha sido el factor de novedad introducido por los nuevos representantes legales de Juan Carlos I, que ha ocupado en su exposición y debate la primera de las casi dos horas que ha durado la vista. Pero no ha cobrado vuelo. Los jueces no lo han considerado motivo suficiente para que pudiera permitirse el recurso en apelación de la decisión del juez Nicklin. Al menos, en la parte que hacía referencia a los actos posteriores a la abdicación. Y eso quiere decir que el juicio por la demanda de Larsen seguirá adelante.

El abogado de la expareja del rey emérito, Daniel Bethelhem, se saltaba incluso la norma no escrita por la que el barrister (el abogado que argumenta en sala) no se contamina hablando con la prensa, y abordaba a un par de periodistas españoles -entre ellos, el corresponsal de EL PAÍS- para que les quedara claro que la victoria de Juan Carlos I había sido limitada, casi pírrica. Larsen, que no se ha perdido ni un minuto de todas las vistas preliminares, acompañada siempre de una misteriosa amiga y sin dejar de tomar notas, asentía a unos metros a las palabras de su representante legal. La batalla se libra tanto en los tribunales británicos como en la corte de la opinión pública española, y Larsen, rodeada casi de tantos abogados como gestores de imagen y comunicación, pelea por cada titular.