Los letrados del Congreso desestiman limitar la inviolabilidad del Rey

Los letrados del Congreso han ratificado su posición y han vuelto a considerar que no es viable constitucionalmente limitar la inviolabilidad del Rey. La posición, remarcada este lunes en un informe de oficio de los servicios jurídicos de la Cámara Baja, servirá este martes al PSOE, PP y Vox para bloquear la última propuesta del PNV que se debía abordar este martes para modificar ese artículo previsto en la Constitución con un cambio en la Ley Orgánica del Poder Judicial. PSOE, PP y Vox disponen de siete de los nueve componentes de la Mesa del Congreso y rechazarán de partida esa propuesta, que no llegará a la Junta de Portavoces, donde tendría más apoyos.

El informe del secretario general del Congreso no deja lugar para muchas dudas, pero sí para el debate. El letrado señala que “el artículo 56.3 de la Constitución establece que la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2. (nombrar y separar a los miembros de Su Casa), siendo así que la regulación que se pretende, limitativa de la figura de la inviolabilidad, tal y como se configura en la Proposición de Ley del PNV resultaría contraria a la misma, por invadir la reserva constitucional existente en cuanto a los elementos esenciales de la Corona definidos en el Título II de la propia Constitución”. El letrado mayor de la Cámara concluye que por esas razones no procede la admisión a trámite de esa iniciativa.

Fuentes parlamentarias conocedoras de este debate apuntan que la idea del PNV de situar los aforamientos de todos los componentes de la Casa del Rey en el Supremo también debería rechazarse basándose en “una reserva constitucional en relación a una Ley de la Corona”, que nunca se ha abordado por parte de ningún gobierno o del legislativo.

El informe jurídico que esgrimirán en la Mesa del Congreso los tres representantes del PSOE, los dos del PP y el de Vox determina así finalmente que se comunicará al PNV que “no procede” la admisión a trámite de su planteamiento “en la medida en que invade la reserva constitucional existente en cuanto a los elementos esenciales de la Corona definidos en el Título II de la Constitución, al pretender un desarrollo normativo contrario al régimen jurídico de la inviolabilidad de la Jefatura de Estado, en los términos en que aquella se configura en el artículo 56.3 de la Constitución, no resultando posible la regulación de esta materia mediante una Proposición de Ley”.

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, presentó el pasado 7 de junio una proposición de ley para modificar la norma que regula el funcionamiento en España del Poder Judicial desde 1985, en plena vorágine de noticias sobre el retorno temporal del rey emérito a España para participar en unas regatas en Sanxenxo (Pontevedra), tras casi dos años residiendo en Abu Dabi, para intentar rebajar la tensión institucional sobre diversos escándalos y polémicas durante su etapa como jefe de la Casa del Rey. Esteban aprovechó aquella comparecencia para subrayar que en el periodo constituyente no se afrontó o no se quiso encarar una buena y detallada regulación del funcionamiento de la jefatura del Estado, y consideró que ahora “urge” aplicar algunos cambios legales para aclarar algunas lagunas que podrían suponer, si el Rey delinquiese, “el desprestigio y ocaso de la institución monárquica”, expresión que recuperó del expolítico y constitucionalista Óscar Alzaga.

La iniciativa del PNV para modificar la ley orgánica del Poder Judicial consiste, en teoría, simplemente en retocar el artículo 55 de esa norma para definirlo de una forma más amplia y completa. El artículo 55.bis de la ley del Poder Judicial atribuye a las salas de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Supremo “la tramitación y enjuiciamiento de las acciones civiles y penales, respectivamente, dirigidas contra la Reina consorte o el consorte de la Reina, la Princesa o Príncipe de Asturias y su consorte, así como contra el Rey o Reina que hubiere abdicado y su consorte”. El punto 2 que el PNV plantea agregar especifica que esas mismas salas del Supremo “también conocerán de las acciones civiles y penales dirigidas contra el Rey o la Reina durante el ejercicio de su cargo, en los actos no sometidos a refrendo y que no tengan relación con las funciones institucionales de la jefatura del Estado”.

En el artículo 56 del título II de la Constitución de 1978 se fija, sin embargo, que “la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2”.

Desajuste institucional

El dirigente vasco sostiene que existe un “desajuste institucional” y una “interpretación demasiado extensiva” de la inviolabilidad del monarca en la Carta Magna, y considera que ha llegado el momento de modular esa situación con lo que marca la legislación internacional y otras monarquías de nuestro entorno. En su exposición de motivos, Esteban justifica el registro ahora de esa proposición ante “la ausencia de una ley de la Corona que defina de manera más precisa la interpretación constitucional que ha de realizarse”. Y concluye que “la inviolabilidad, tal y como hasta hoy pretende interpretarse, genera un grave desajuste institucional”.

La Mesa del Congreso debe calificar y decidir este martes si acepta la tramitación de esa propuesta del PNV para favorecer su debate, en cualquier caso, a partir del próximo periodo de sesiones, que ya comenzaría tras el verano, desde septiembre. El PNV, además, no tiene cupo para introducir proposiciones de ley en todos los plenos y más que probablemente esa iniciativa no se vería hasta otoño. Antes de esa reunión de mañana, los letrados han confeccionado un informe de oficio en el que vuelven a remarcar la condición inviolable del monarca según la Constitución.

Fuentes de la dirección de los grupos parlamentarios del PSOE y del PP aguardaron hasta conocer este lunes ese informe técnico de los servicios jurídicos de la Cámara para justificar su rechazo a la proposición de ley del PNV.

Otras iniciativas

No es la primera vez que sucede, ni mucho menos. El órgano de dirección del Congreso ya rechazó en septiembre pasado una iniciativa similar presentada entonces por Más País y Compromís, socios habituales también como el PNV del Gobierno de coalición en muchas votaciones, para delimitar mejor la inviolabilidad del Rey. Entonces también bloquearon esa propuesta el PSOE, PP y Vox, con mayoría en la Mesa, con el argumento de que los letrados la contemplaron como de “dudosa constitucionalidad”. Y en febrero de 2021 el Pleno descartó una iniciativa para revocar esa inviolabilidad, en ese caso de ERC, refrendada por Unidas Podemos, con 278 votos en contra (el 79% de la Cámara, entre ellos los de PSOE, PP, Vox, Ciudadanos y Unión del Pueblo Navarro) frente a solo 74 diputados a favor (Podemos, ERC, Junts, PNV, EH Bildu, Más País, Compromís y BNG).

Gerardo Pisarello, miembro de la Mesa por Unidas Podemos, ya cuestionó abiertamente entonces aquel comportamiento de ese órgano: “La Mesa del Congreso no es el Tribunal Constitucional”. Y recalcó que solo debería rechazar planteamientos de este signo en muy pocas ocasiones porque tendría que ser precisamente el Tribunal Constitucional el que determinase esa supuesta irregularidad. En Unidas Podemos ya respaldaron entonces aquella iniciativa de Más País y ahora también querían que prosperarse, como otros aliados habituales en muchas votaciones consultados por EL PAÍS.

Fuentes de ERC, EH Bildu, JuntsxCAT o el PDeCAT avanzaron que prestarían sus votos si el asunto prosperase tras pasar por el filtro de la Mesa y llegase hasta la Junta de Portavoces. Desde JuntsxCAT se precisó que, además de apoyar el nuevo intento del PNV y pese a no querer saber nada que tenga que ver con el Gobierno de España, se lamenta especialmente el comportamiento en estos casos del PSOE y el gobierno progresista de vetar todo tipo de comisiones de investigación sobre el Rey y la monarquía, que califican de “corrupta”. Desde el PDeCAT se indicó que están a favor de retirar la inviolabilidad del monarca y que les parece “razonable que, con todas las garantías procesales necesarias, todas las autoridades respondan por igual ante la Ley”.