Un juez inglés pide que España confirme si el rey emérito aún forma parte de la Casa Real

La rivalidad de los dos titanes jurídicos que argumentaban este lunes en la sala 13 de los Reales Tribunales de Justicia, el imponente edificio gótico en el corazón de Londres, daba una idea de la seriedad del asunto en discusión. Sir Daniel Bethlehem, ex asesor legal de los gobiernos del Reino Unido e Israel, en representación de Juan Carlos I; y James Lewis, exgobernador de las Malvinas y colaborador clave en el caso contra el dictador chileno Augusto Pinochet, en nombre de la antigua amante del rey emérito Corinna Larsen. El juez Matthew Nicklin presidía la vista preliminar que concluirá este martes, y en la que se debe decidir si el exmonarca español preserva su inmunidad para no ser juzgado. Es una cuestión fundamental para saber si sigue adelante la demanda interpuesta contra él por Larsen en los tribunales británicos por presunto acoso, seguimientos ilegales y difamación.

A finales de diciembre de 2020, la examante de Juan Carlos I relató en su reclamación de daños el acoso que, siempre según su versión, había sufrido directamente del rey emérito o de personas en su nombre, como el exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán. Con la pretensión, según Larsen, de recuperar los casi 65 millones de euros que le había transferido de manera “irrevocable” en 2012, o de reanudar la relación sentimental, la empresaria relata en una extensa demanda las supuestas amenazas, vigilancia electrónica y seguimientos a los que ella y su equipo de asesores se vieron sometidos, así como las numerosas difamaciones que se vertieron contra ella. La consecuencia de todo eso, según su escrito, es una ansiedad y una angustia que han necesitado de tratamiento médico; el deterioro de las relaciones con sus hijos y familiares, y la pérdida de muchos de sus multimillonarios clientes.

Sir Daniel Bethlehem es el barrister que trabaja para el bufete internacional Clifford Chance, que lleva la representación jurídica de Juan Carlos I. En el Reino Unido, el barrister, a diferencia del solicitor, es el abogado que puede comparecer en sala, y solo se especializa en argumentación jurídica. El solicitor es el abogado todoterreno que indaga los hechos y trata con el cliente. En muchos casos, el barrister ni siquiera conoce a su defendido. Lo suyo es el mundo de los grandes conceptos jurídicos, de los argumentos que construyen y moldean el Derecho con mayúsculas. Bethlehem se ha aferrado a la Ley de Inmunidad de Estado que el Reino Unido aprobó en 1978 para construir tres argumentos. En primer lugar, todo aquello de lo que Larsen acusa al rey emérito que tuvo lugar antes de junio de 2014, cuando se produjo su abdicación, no puede ser llevado a los tribunales, porque se aplicaba entonces la inmunidad ratione personae (“por razón de la persona”). Es decir, en su condición de jefe de Estado, esa inmunidad acompaña a la persona. Y una vez hubo renunciado a la Corona, según ha defendido Bethlehem, también quedó preservada, porque, en el alambicado diseño constitucional español del que Juan Carlos I es piedra angular, ha recalcado el abogado, mantiene su condición de soberano y de miembro de la Casa Real. Precisamente las dos condiciones —sovereign y member of his household— sobre las que se extiende la inmunidad de Estado de 1981.

Ahí ha sido donde el juez Nicklin ha puesto en apuros al abogado. Se había estudiado el caso al detalle, y le ha interrumpido en varias ocasiones durante su exposición para recordarle que Juan Carlos I renunció a su tarea de representación y función pública en mayo de 2019, y se desplazó a residir a Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos, en agosto de 2020. “Me sentiría mucho más cómodo si el Estado español pudiera confirmarme que Juan Carlos I sigue siendo un miembro de la Familia Real. No me gustaría tener que entrar en un terreno de Derecho Constitucional español en el que no me siento a gusto”, reclamaba una y otra vez el magistrado. Sugería incluso la vía para obtener esa confirmación: que fuera la ministra británica de Exteriores, Liz Truss, la que utilizara los canales diplomáticos adecuados para lograr esos datos. “Me temo que, en general, la mayoría de los gobiernos son bastante reticentes a entrar en asuntos judiciales como este, por la cascada de conclusiones en que podría derivar”, respondía Bethlehem al juez. El abogado le insistía una y otra vez en que utilizara, como puros hechos factuales, todas las leyes españolas, empezando por la Constitución, que establecen la especial relevancia de la figura de Juan Carlos I en la arquitectura jurídica de la democracia española contemporánea.

Si algo quedaba claro, en cualquier caso, para el observador de la vista judicial, era que la parte demandante tenía un tesón fuera de lo común a la hora de impulsar su causa. En una sala rodeada de anaqueles jurídicos y maderas nobles, pero a la vez cortinas rasgadas, paredes con humedades y un frío descorazonador —esa mezcla inglesa entre la pompa y la austeridad—, Corinna Larsen, de 57 años, acompañada de una amiga, un séquito de relaciones públicas y el equipo jurídico del bufete Kobre and Kim, ha aguantado impertérrita casi seis horas de argumentación jurídica densa y compleja, mientras revisaba los distintos documentos a los que aludían los abogados.

Mucho más entusiasmada se ha mostrado Larsen cuando ha llegado el turno de James Lewis. Su capacidad dialéctica lograba cuestionar, con dosis de aparente sentido común, muchos de los argumentos contrarios. Nadie en su sano juicio piensa que Juan Carlos I siga siendo “soberano”, mucho menos jefe de Estado: renunció a todo ello cuando abdicó. Nadie piensa que dependa económicamente de su hijo Felipe VI, y ese es el verdadero sentido de la ley de 1981 cuando extiende su aplicación a los “familiares del Jefe del Estado”. Y nadie puede sostener, ha asegurado Lewis, que los actos de acoso u hostigamiento de los que le acusa Larsen los realizara bajo el manto de su función pública, es decir, bajo la inmunidad ratione materiae. Es decir, argumentaba el abogado, por mucho que el director o los agentes del CNI cumplieran, presuntamente, órdenes del monarca, sus actos no quedaban amparados por la legalidad.

El precedente utilizado, el de la sentencia de los lores británicos sobre la extradición de Pinochet, añadía un tono tétrico a la vista. “Si un jefe de Estado mata su jardinero en un ataque de rabia, difícilmente puede concebirse, ni siquiera estirando la imaginación, que haya realizado ese acto en ejercicio de sus funciones de jefe de Estado”, escribía entonces lord Styen en su voto particular. “Maltratar o acosar a una mujer con la que el acusado tuvo una relación sentimental es un asunto privado. Es casi ridículo sostener que el Estado español es el que cometió esos actos”, ha dicho Lewis. Y por tanto, según el abogado, no hay inmunidad que valga.

La vista preliminar proseguirá durante todo este martes. Y el juez Nicklin deberá decidir, a la mayor brevedad posible, si la batalla judicial que Larsen ha desatado contra el rey emérito en territorio inglés tiene visos de llegar a algún lado.