El bloqueo a Rusia deja sin pensión a varios ‘niños de la guerra’ españoles

Honorina Fernández tenía 12 años en 1937, cuando embarcó en Gijón (Asturias) hacia la Unión Soviética junto a sus dos hermanos. Formó parte de los llamados niños de la guerra, evacuados durante la Guerra Civil. Durante 1942 y 1943 trabajó como enfermera en la batalla de Stalingrado, la más cruenta de la historia: dos millones de muertos. Regresó a España en 1991. Ahora, con la invasión de Ucrania y las sanciones a Rusia, ha dejado de percibir su pensión rusa porque su entidad bancaria, CaixaBank, rechaza las transferencias desde Moscú. Honorina, que ahora cuenta 97 años, no es la única damnificada.

Los grandes bancos españoles no interpretan de la misma forma el alcance de las sanciones impuestas a Rusia. Para CaixaBank, las transferencias efectuadas por un organismo público ruso, como el Fondo de Pensiones, entran dentro de las prohibidas por el paquete de medidas adoptado por la Unión Europea para presionar al régimen de Vladímir Putin y, por tanto, las devuelve a Moscú. Otras entidades, como el BBVA y Banco Santander, siguen ingresando las transferencias rusas en las cuentas de sus clientes. “Se trata de ciudadanos españoles y no nos parece que las sanciones les afecten”, dice un portavoz del BBVA.

“Rusia me paga una pensión de unos 550 euros al trimestre y, como a otros niños de la guerra, la Seguridad Social española aporta un complemento hasta llegar a la pensión mínima [689 euros mensuales]”, explica Lina Pozuelo, que junto a sus dos hermanos viajó a la Unión Soviética en 1939, con tres años, y regresó en 1992 después de 36 años de trabajo, 25 de ellos como correctora de la Editorial Progreso. Eso es lo que percibe en total. “Sigo cobrando el complemento español, pero tememos que sin la parte rusa eso también se interrumpa”, añade. El complemento emana de un acuerdo firmado por Rusia y España en 1993.

Pozuelo, ahora residente en Madrid, intentó presentar una reclamación en una oficina de CaixaBank, pero no le fue admitida. Recibió una carta de la directora de su sucursal, fechada el pasado 30 de junio, en la que se le informaba de que el banco “no ofrece ilimitada e incondicionalmente servicio para todo tipo de transacciones”, y que “la concreta transacción referida [la de su pensión rusa de abril, mayo y junio] no tiene encaje en los actuales criterios”. Otros bancos, como Santander y BBVA, han seguido aceptando y abonando las transferencias del Fondo de Pensiones de Rusia, según los beneficiarios.

Honorina Fernández no sabe que ha dejado de percibir su pensión rusa, tras una vida dedicada a la enfermería y luego a la medicina como pediatra. Su hijo Miguel lamenta la “discriminación” que sufre, “pues su única culpa fue que por la Guerra Civil y el franquismo tuvo que ganarse la vida y la pensión en la Unión Soviética”. “La actual situación es peliaguda para quienes están en una residencia y deben hacer pagos”, agrega.

Los afectados por la decisión de CaixaBank, aproximadamente medio centenar de personas, no son solamente niños de la guerra enviados a la antigua URSS. Ludmila Romanóvskaya nació en Rusia y vive desde hace 15 años en Madrid, con pasaporte y DNI español. Tampoco ella cobra su pensión. “Estoy preparando una carta al Banco de España para que me expliquen los motivos por los que no puedo cobrar la pensión rusa”, dice. También se plantea acudir a los tribunales.

Una portavoz de CaixaBank afirma que la entidad no puede admitir esas transferencias: “Está prohibido por las sanciones impuestas por la UE a Rusia por la invasión de Ucrania. Esas transferencias las emite un organismo público ruso y esa operativa está expresamente prohibida por la normativa de sanciones”, señala. El banco ruso que realiza las transferencias a España es Gazprombank, la filial financiera del gigante gasístico.

A través de su página web, el Fondo de Pensiones de Rusia publicó días atrás un comunicado: “Ante la imposibilidad de transferir las pensiones y otras primas al extranjero y la falta de una solicitud del interesado de que se le abonen en territorio de Rusia, los pagos serán suspendidos. Tras el levantamiento de las restricciones de carácter económico (…) los pagos se restablecerán con los pluses por el tiempo transcurrido previstos por la legislación de la Federación Rusa y los convenios internacionales de la Federación Rusa”.

Un portavoz del Fondo de Pensiones ruso declaró después que el organismo estaba dispuesto a seguir abonando los pagos trimestrales a partir de septiembre, a través de entidades bancarias españolas que no pusieran objeciones.

El Gobierno español, mediante un decreto ley del 27 de abril, también creó mecanismos para que, pese a las sanciones europeas, los ciudadanos que cobran una pensión española en Rusia y Ucrania (unas 20 personas) pudieran percibirla a través de los consulados en Moscú y Kiev, al igual que los pagos a las aseguradoras (Spasskie Vorota y Krayina) que prestan asistencia médica a estos pensionistas.

Tras la publicación de este reportaje, un portavoz de CaixaBank se ha puesto en contacto con EL PAÍS para explicar que esperan solucionar el problema: “Estamos trabajando en el proceso para conseguir una excepción que permita que este colectivo cobre todas las pensiones. Pensamos que a día de hoy quedará excepcionado y, por tanto, solucionado”.