Interior estudia incentivos a los guardias civiles de zonas rurales para evitar el cierre de cuarteles

La seguridad en la llamada España Vaciada sigue suponiendo un quebradero de cabeza para la Guardia Civil, ya que no hay efectivos suficientes para atender los más de 1.900 cuarteles que hay en España, muchos de los cuales permanecen cerrados o desatendidos. De los 80.000 agentes con que cuenta el cuerpo, aproximadamente un 35% está destinado en zonas rurales, según fuentes del cuerpo. La Directora General, María Gámez, ha presentado este viernes en Villasana de Mena (Burgos) —donde recientemente se ha comenzado la rehabilitación de su cuartel— el Plan para la Seguridad Rural del Instituto Armado, competente en el ámbito, con cuatro medidas poco concretas que incluyen “posibles incentivos para los guardias desplegados en esas zonas”.

Con ello se pretende superar el eterno y espinoso escollo de enfrentarse a los alcaldes de las poblaciones en las que la seguridad —junto a la fijación de la escasa población que mantienen— se sustenta en que permanezcan mínimamente activas sus casas cuartel. El proyecto (”Plan de Redistribución Territorial”) del Ministerio del Interior —adelantado hace años y que sigue sin ver la luz— con el que se pretendía agrupar puestos para que al menos hubiera 20 efectivos por acuartelamiento vuelve a quedarse en el cajón. Mientras, con estas cuatro medidas, Interior busca “mejorar el servicio y la respuesta de la Guardia Civil en las zonas en declive demográfico”.

El “plan de acción”, que se asemeja más a una declaración de intenciones, consiste en “ampliar el sistema de cita previa a la presentación de denuncias en los distintos puestos de la Guardia Civil para evitar esperas y aglomeraciones, mejorando la atención a la ciudadanía”. Son muchos los puestos en los que hay un escueto horario, uno o dos días a la semana para poder realizar una denuncia, y otros muchos en los que directamente hay que llamar a un teléfono pegado en la puerta del cuartel para que acudan los agentes (cuando pueden) a coger la denuncia.

También, según la nota enviada este viernes por la Guardia Civil, se quiere “impulsar la coordinación con las policías locales, en especial en el marco de la protección de las víctimas de violencia de género”. Y se busca “reforzar la respuesta especializada de la Guardia Civil a nivel territorial con los equipos ROCA para prevenir robos en el campo, además de los equipos de ciberestafas y VioGén”.

El plan no aclara qué clase de refuerzo, en qué número o de dónde provendrán esos efectivos, porque “se acaba de diseñar y se están perfilando las cosas concretas”, justifican fuentes del Instituto Armado.

Con los incentivos económicos a los guardias desplegados en zonas rurales, se quiere “contribuir a su arraigo al territorio, además de la dotación adicional de medios técnicos, equipamiento y movilidad”. Entre las mejoras para esos agentes también se baraja también la posibilidad de darles más puntos para elegir un destino posterior, según apuntan otras fuentes del Instituto Armado.

En su presentación, Gámez ha ensalzado la labor de la Guardia Civil en el ámbito rural, como “elemento fundamental para abordar los retos que plantea la despoblación de los territorios”. En la actualidad, el cuerpo es “la única referencia en seguridad” en más del 77% de los municipios españoles, con 585 puestos presentes en territorios con una densidad inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, según datos del Instituto Armado.

Objetivo de la legislatura

En la toma de posesión de la actual y primera directora general de la Guardia Civil, en enero de 2020, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, puso el énfasis también en las 2.000 unidades rurales de la Guardia Civil que “vertebran” España y se comprometió a “cuidar ese despliegue” como uno de los objetivos que había que lograr en esta legislatura. “Unidades rurales de gran valor frente al reto demográfico”, dijo, mostrando su voluntad de mantenerlos “con los efectivos que sean necesarios”.

En esta ocasión, Gámez ha destacado que su plan, aún por concretar, busca “elevar los estándares de seguridad en los caminos y territorios del país, ahondar en la cohesión social y territorial, además de transitar hacia la digitalización y la sostenibilidad”. Según la directora, se prevén 100 actuaciones de mejora de infraestructuras por un importe de 200 millones de euros para los años 2022 y 2023. Y ha recordado que este año 2022 se han anunciado “1.671 plazas para la oposición a la Escala de Cabos y Guardias, lo que supone una tasa de reposición del 125%”.