La justicia insiste en que los menores marroquíes que fueron devueltos tras entrar en Ceuta deben ser retornados a España

Nuevo revés judicial para el Ejecutivo central y el Gobierno de la ciudad de Ceuta por la devolución de menores marroquíes en agosto del año pasado. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado el recurso de la Delegación del Gobierno en Ceuta y del Gobierno local contra una de las dos sentencias de un juzgado de la ciudad que ordenaban adoptar “las medidas necesarias” para el retorno a España de un grupo de menores marroquíes que habían entrado en Ceuta en mayo de 2021 y fueron devueltos a Marruecos el 15 de agosto. El juez de Ceuta tomó la decisión tras concluir que se omitieron “todos los trámites” exigibles por la ley para repatriarlos. La decisión del TSJA afecta a ocho menores, pero aún está pendiente la resolución del recurso de una segunda sentencia que afecta a otros 12 adolescentes.

La veintena de menores marroquíes entró junto a otras 10.000 personas en la ciudad autónoma de forma irregular y en pocos días a mediados de mayo. Los chicos eran parte de ese número incierto (aproximadamente un millar) de menores de edad que durante días estuvieron concentrados en naves o campamentos improvisados. En agosto, y por sorpresa, el Ministerio del Interior, la Delegación de Gobierno y el Ejecutivo local de Ceuta coordinaron una operación para devolver a Marruecos al mayor número posible de menores. Lo hicieron con la colaboración de Rabat, con quien España tiene un acuerdo para este fin, pero sin seguir ninguno de los pasos que la ley de extranjería y los convenios internacionales establecen para este tipo de procedimientos: ni hubo audiencia individual con los menores, ni informes familiares de cada uno, y tampoco se pudo hacer un seguimiento posterior de la situación de los chicos devueltos. Así lo han constatado diversas decisiones judiciales tras las denuncias de varias ONG como Coordinadora de Barrios, Fundación Raíces, Elin o Andalucía Acoge. La Fiscalía de la Audiencia Nacional llegó a considerar “nulas de pleno derecho” las actuaciones administrativas que se llevaron a cabo en agosto para repatriar a los menores marroquíes que entraron en Ceuta. También el Defensor del Pueblo envió un recordatorio de deberes legales al Ministerio del Interior para que cumpliese el procedimiento legal.

El TSJA rechaza la “situación excepcional” que alegaron la Delegación de Gobierno y la ciudad de Ceuta para justificar su actuación. El tribunal subraya: “El carácter súbito y masivo e ilegal de la entrada en Ceuta en la primavera del pasado año de miles de ciudadanos del Reino de Marruecos en absoluto autorizaba al Reino de España a excusar su sometimiento al imperio de la ley”. E insiste en la ausencia de procedimiento: “La Delegación del Gobierno en Ceuta, además de no individualizar los expedientes de retorno por cada menor afectado, omitió todos los trámites esenciales y cautelas procedimentales de obligado cumplimiento para la repatriación”, sostiene.

El plan permitió devolver a 55 menores marroquíes hasta que el juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de Ceuta ordenó paralizar cautelarmente las repatriaciones. En febrero de 2022, el mismo juzgado declaró que las repatriaciones de estos menores se había efectuado sin amparo legal y que habían vulnerado el derecho a la integridad física y moral de los chicos. La resolución afirmaba: “La actuación de la Administración, exenta de las mínimas garantías procedimentales exigibles, conjuró una situación objetiva de riesgo relevante para la integridad física o moral de los MENAs [menores extranjeros no acompañados] afectados por las medidas de devolución”. Y en dos sentencias diferentes pidió el retorno de los devueltos. Son esas sentencias, recurridas tanto por la Delegación de Gobierno como por el Gobierno local, las que debía estudiar el TSJA. En su primera decisión sobre una de ellas, el Tribunal confirma las deficiencias del procedimiento y desestima el recurso de la Administración contra el retorno de los menores. Esta sentencia es aún recurrible ante el Tribunal Supremo.

La delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, y la vicepresidenta de la ciudad, Mabel Deu, tienen abierta otra causa en la Fiscalía de Ceuta por supuesta prevaricación continuada en este proceso.