La Fiscalía de Ceuta denuncia a la vicepresidenta y la delegada del Gobierno de la ciudad autónoma por la repatriación de menores marroquíes

La Fiscalía de Área de Ceuta ha presentado este viernes una denuncia contra la delegada del Gobierno de la ciudad autónoma, Salvadora Mateos, y la vicepresidenta de Ceuta, María Isabel Deu, por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa. La Fiscalía considera que, durante la devolución a Marruecos de decenas de menores marroquíes el pasado mes agosto, se omitieron “de forma voluntaria y consciente las disposiciones legales y el procedimiento establecido en el ordenamiento jurídico vigente”. La Fiscalía se refiere a la acción que coordinaron el Gobierno local y la Delegación de Gobierno, bajo las instrucciones del Ministerio del Interior, para devolver a Marruecos a una parte de los niños que llegaron a nado a la ciudad durante la entrada masiva de mayo del año pasado. El procedimiento, iniciado el pasado 13 de agosto pretendía devolver al menos 145 menores, pero fue paralizado tres días después por orden judicial. El plan acabó en la repatriación de 55 adolescentes.

La causa se remonta a octubre del año pasado, cuando la Asociación para el Desarrollo Integral (L’Escolac) denunció el proceso de repatriación ante la Fiscalía de Granada. A finales de año, tanto Deu como Mateos tuvieron que declarar sobre aquella polémica decisión de devolver a los menores en grupo y de forma exprés que no siguió, entre otros, el procedimiento marcado por la ley de extranjería. Finalizada la investigación por la vía administrativa, el ministerio público decide ahora abrir la vía penal. La decisión ha sido recibida con resignación por ambas partes.

Tanto el Gobierno central como el local han defendido desde el primer día la legalidad de su actuación y que el mecanismo que pactaron con Rabat para devolver a los niños siguió el acuerdo bilateral entre ambos países y respetó el interés superior del menor. El acuerdo bilateral, no obstante, mantiene que debe aplicarse “con la observancia estricta de la legislación española, las normas y principios de derecho internacional y de lo establecido en la Convención sobre Derechos del Niño. Y este marco jurídico deja claro deja claro que son necesarios algunos trámites como la audiencia individual de cada menor o los informes sociofamiliares que tiene que elaborar el país de origen para decidir cuál es el interés superior de cada niño, que no necesariamente es volver a su país. Si lo era, tampoco se siguió el protocolo adecuado para averiguarlo. Así lo interpretó la Fiscalía de la Audiencia Nacional, cuando en septiembre de 2021, consideró las devoluciones “nulas de pleno derecho” porque no se cumplieron “ninguna de las garantías y trámites exigidos por la legislación”.

En las diligencias de investigación, la Fiscalía apunta que no solo se han omitido algunos de los trámites preceptivos del procedimiento, sino todos, “al no existir traza alguna del expediente de repatriación exigido por el acuerdo entre ambos países”, explica la nota de prensa. “No consta la incoación de procedimiento, al igual que la petición de informes de la situación familiar del menor, la fase de alegaciones, el trámite de audiencia, la fase de prueba, ni siquiera la resolución acordando la repatriación de los menores o la comunicación a la Fiscalía”, añade.

Tras los varapalos judiciales, el Ejecutivo puso en marcha en septiembre un despliegue de recursos para, esta vez sí, repatriar a los menores con todas las garantías que marca la ley. Hasta hoy, no se ha conocido ninguna repatriación.