La Audiencia Nacional anula el procesamiento de una clienta de la trama de Villarejo

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido anular el procesamiento de una clienta de la trama encabezada por el comisario jubilado José Manuel Villarejo. El tribunal considera que no existen suficientes indicios contra Marzena Katarzina, a quien el magistrado instructor Manuel García-Castellón propuso sentar en el banquillo por encargar el presunto espionaje a un empresario de Marbella, Felipe G. Z. “No consta que mantuviera contacto o relación alguna con el investigado Villarejo”, afirman los jueces de la Sala en una resolución dictada el 27 de mayo, donde también ordenan el archivo de la causa contra ella.

El 30 de julio de 2021, García-Castellón dio por finalizada esta línea de investigación del caso Villarejo y propuso juzgar a siete presuntos implicados en este proyecto de espionaje: al comisario jubilado, a cinco de sus supuestos colaboradores y a la clienta. El instructor relató como Katarzina, a la que atribuyó un delito de cohecho activo, contactó en 2015 con una empresa de Villarejo, el bufete Stuart & McKenzie, para emprender “acciones legales” contra Felipe G. Z., al que reclamaba una cantidad de dinero.

Según consta en el sumario, la trama confeccionó entonces un “informe prejudicial” sobre la presunta víctima, para el que recabaron datos de su entorno familiar y socios; de su trayectoria profesional; de su patrimonio y sociedades; y de su situación financiera y crediticia. Recurriendo, para ello, a bases de datos y registros confidenciales, “no accesibles al público”. Además, añadió el juez, Stuart & McKenzie y la clienta pactaron que la trama se quedaría el 33% de las cantidades que recuperasen.

Sin embargo, la Sala de lo Penal considera ahora que no existen suficientes indicios para sentar en el banquillo a Katarzina por esta parte de las pesquisas —bautizadas como Pieza Marbella o Pieza Separada 8 del caso Villarejo—. El tribunal acepta así el recurso que presentó la defensa de la clienta, al que se sumó también la Fiscalía Anticorrupción. Según recoge la resolución del 27 de mayo, no “cabe inferir” que “conociera que, al contactar con Stuart & Makenzie”, este se valdría de los servicios de Cenyt, el grupo empresarial encabezado por Villarejo, para “elaborar con métodos ilícitos” el informe prejudicial sobre Felipe G. Z.

Los magistrados exponen que la clienta nunca contactó con el comisario jubilado, sino que trató con Rafael Redondo, uno de sus socios. “No consta que [Katarzina] mantuviera contacto o relación alguna con el investigado Villarejo, o supiera que era titular real del bufete”, explica la Sala de lo Penal, que inciden en que no constan indicios de que ella supiera cómo se elaboró el informe prejudicial. “Consiguientemente, y máxime cuando ni siquiera se pagan honorarios, ni se realiza provisión de fondos, sino que se acuerda que el bufete obtendría un 33% de las sumas dinerarias que se lograsen recuperar, debe concluirse que no resulta debidamente justificada la perpetración del delito de cohecho activo”, añade el tribunal.

El caso Villarejo constituye un macrosumario con más de 30 líneas de investigación, algunas de las cuales ya se han enviado a juicio. El pasado octubre, la Audiencia Nacional comenzó la primera gran vista oral contra el comisario jubilado, centrada en los proyectos de espionaje bautizados como Iron, Land y Pintor. Solo por estas tres piezas de las pesquisas, la Fiscalía le pide más de 80 años de cárcel.