El juez da 20 días al Ayuntamiento de Madrid para explicar qué uso dio a las mascarillas de Luceño y Medina

El juez del caso Medina y Luceño, Adolfo Carretero, ha dado un plazo de 20 días al Ayuntamiento de Madrid para que elabore un informe sobre el uso que dio a las mascarillas que obtuvo a través de los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño. El instructor aprueba así una iniciativa planteada por el PSOE, personado como acusación popular, y que también ha contado con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción. Según el sumario, el Consistorio pagó 6,6 millones de dólares (6,19 millones de euros al cambio actual) por un millón de tapabocas, además de casi otros nueve millones de euros por guantes y test de antígenos.

Según consta en una resolución dictada este martes, a la que tuvo acceso EL PAÍS, el magistrado exige a la Administración que dé respuesta a los “siguientes extremos”: “¿Cuáles han sido los usos de las mascarillas adquiridas por mediación de la empresa Leno [la compañía asiática para la que Luceño y Medina actuaron como intermediarios]? ¿Cómo y cuándo se han distribuido? ¿Existen aún remesas de las mismas en los depósitos municipales o fueron destruidas?”, enumera en un auto.

Carretero también plantea al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida que explique “cómo se han distribuido las mascarillas que fueron donadas presuntamente por los investigados”. Las pesquisas han revelado que el propio alcalde telefoneó a Medina y le envió una carta para reconocer su “generosa” ayuda por anunciar que iba a donarles 238.000 mascarillas: 50.000 de ellas acabaron en el hospital donde trabaja la mujer de Luceño, tras hablarlo con Elena Collado, responsable del área de Compras del Ayuntamiento durante la fase más crítica de la pandemia.

Con esta decisión, el instructor reimpulsa una causa que afronta esta semana otro interrogatorio. El juez ha citado a declarar el próximo viernes a Matilde García Duarte, la coordinadora de alcaldía y quien presuntamente facilitó al primo del regidor, Carlos Martínez-Almeida, la dirección de correo electrónico a la que el hermano del duque de Feria y su socio mandaron su oferta para proporcionar material sanitario. Salvo sorpresa, la alto cargo del Consistorio avalará este relato, respaldando así la versión que mantiene el Gobierno del PP desde que estalló el escándalo y negando cualquier trato de favor a los comisionistas. La Fiscalía también ha descartado ya el tráfico de influencias.

Más informes

El juez ha pedido otros informes. Así, ha solicitado a Aenor (Asociación Española de Normalización y Certificación) que, tras analizar las muestras de mascarillas incorporadas a la causa y la documentación técnica sobre ellas, se pronuncie sobre “el grado de idoneidad” de dichos tapabocas “en relación con la normativa vigente en 2020”, cuando se compraron. Al Ente Certificazione Macchine (ECM) italiano también le ha requerido que “informe acerca de la competencia de este órgano para emitir certificados sobre productos sanitarios de protección, tales como mascarillas”, ya que se usaron “certificados con el membrete de esta entidad” durante la operación bajo sospecha.

Tras dos meses de instrucción judicial, la investigación ha estrechado el cerco sobre Luceño y Medina, pero ha alejado la posible exigencia de una responsabilidad penal al Ayuntamiento. El ministerio público descarta que haya implicados más allá de los dos comisionistas, a los que imputa delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales y falsedad documental —al hermano del duque de Feria también le atribuye alzamiento de bienes—.