Una España de dos velocidades ante la Guerra Civil

La Guerra Civil duró tres días y medio en La Rioja. Exactamente 80 horas. No hubo enfrentamientos armados porque el territorio quedó sometido al bando nacional en un santiamén, pero la maquinaria de represión franquista llenó de cadáveres las tapias de los cementerios, las cunetas de las carreteras y los barrancos o descampados de muchas poblaciones. Estudios recientes cifran en algo más de 2.000 las personas ejecutadas en esta región sin guerra. El Parlamento autonómico ha aprobado recientemente la Ley para la Recuperación de la Memoria Democrática, que contempla, entre otros mandatos, la elaboración de un censo de víctimas, la creación de un banco público de ADN de los represaliados y extender a los institutos el estudio de lo ocurrido en La Rioja en los años negros del franquismo. Mientras en la comunidad vecina de Castilla y León el decreto de memoria histórica se tambalea tras la entrada de Vox en el Ejecutivo que preside el PP, La Rioja toma la dirección opuesta y refuerza su compromiso con el esclarecimiento de la verdad histórica y la reparación a los damnificados durante la contienda nacional y la dictadura franquista.

Aquí nunca pasó nada (editorial Ochoa) es un libro de 975 páginas de Jesús Vicente Aguirre González que cuenta “todo lo que pasó” en La Rioja tras el golpe de Estado del 36: 2.000 personas fueron asesinadas (el 1% de la población de la época), la mayoría víctimas de sacas de presos; 50 fueron fusilados tras consejos de guerra celebrados entre 1936 y 1945; 16 murieron en las cárceles, y otros 21 fallecieron en hospitales y campos de concentración españoles o nazis. Aunque aún quedan muertos por identificar, Aguirre González explica a este diario que en La Rioja “se ha avanzado mucho desde hace varios años en el esclarecimiento de la verdad a partir de las primeras exhumaciones realizadas entre los años 1978 y 1980”. La ley riojana de memoria histórica, sostiene, viene a “devolver la humanidad a todas las víctimas y sus familiares, porque la dignidad nunca la perdieron”.

La norma garantiza el derecho a conocer lo acontecido en el periodo comprendido entre la Guerra Civil, la dictadura y la transición democrática hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978. Articula medidas para garantizar los derechos a “conocer la historia de la lucha del pueblo riojano”, “investigar los hechos de violencia o persecución” y a “la reparación plena, efectiva, rápida y proporcional a la gravedad de la violación y al daño sufrido”. La Rioja ha dado este paso con un Gobierno socialista, en el poder regional desde 2019 tras 24 años de mandato del PP. Henar Moreno, parlamentaria de IU y proponente de la ley, opina que esta “ha llegado tarde por la resistencia de la derecha”, pero considera que su aprobación “nos va a meter por la puerta grande en la historia” y “permitirá que esta comunidad tenga un día de la memoria, el 22 de julio, que reconocerá a los héroes riojanos”.

La Rioja se compromete a elaborar un censo de víctimas y desaparecidos, promoverá la localización de restos y fosas comunes por parte de la Administración y prevé la creación de un banco público de ADN que almacenará los perfiles genéticos de todas las víctimas y sus familiares. “La memoria democrática estará incluida en el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), del Bachillerato y de la Formación Profesional, como elemento de fortalecimiento de los valores democráticos y ejemplarizante”, dice el artículo 38 de la ley. El Gobierno regional procederá a la actualización de los contenidos curriculares para ESO y Bachillerato en las áreas de Ciencias Sociales, Geografía e Historia “con el fin de garantizar que estos ofrezcan información veraz, extensa y actualizada sobre los acontecimientos del pasado vinculados a la memoria democrática riojana”. Los profesores de instituto ya vienen recibiendo formación sobre esta materia, apunta el escritor Aguirre González, y se vienen organizando visitas de escolares al memorial La Barranca, lugar de referencia de la memoria democrática de La Rioja.

La ley de memoria histórica se aprobó el pasado 20 de abril con los votos en contra del PP y Ciudadanos. El parlamentario popular Alfonso Domínguez se opuso porque la ley “no es un instrumento que busca la reparación de las víctimas”, sino que “intenta imponer una verdad sesgada por parte de una minoría a toda la sociedad, una ley que busca revisar la historia, imponerla a toda la sociedad, una ley que divide a la sociedad, una ley que acaba con la paz civil y el espíritu de concordia que nació de la Transición española”. En aquel pleno defendió que el debate sobre la memoria histórica no lo trajo a España el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en 2007 con la aprobación de la Ley de Memoria Histórica. Recordó que “la primera fosa que se encontró, se abrió y se estudió [en España] fue bajo un Gobierno de José María Aznar”.

La representante de Ciudadanos Pilar Rabasa justificó su rechazo por la desafortunada elección del “ámbito temporal” que marca la ley, que a su juicio deja fuera la Segunda República y “todos los sucesos y vulneraciones de derechos incluidos durante este periodo”: “Más que una ley de memoria democrática para La Rioja es una ley de exaltación explícita de la República como forma de Estado”, dijo en el Parlamento.

Al escritor Aguirre González le hubiese gustado un mayor consenso político. “En La Rioja se han aprobado estos años numerosas iniciativas institucionales relacionadas con la memoria histórica que han contado con el apoyo de todos los grupos políticos, entre otras, una declaración del Parlamento que por primera vez reconocía en 2006 lo pasado, el cambio de nombres en el callejero de Logroño, la creación de La Barranca como centro memorial o los homenajes a las víctimas celebrados en numerosos municipios. La ley de memoria histórica exigía un mayor esfuerzo de acuerdo, porque si el PP vuelve a gobernar en La Rioja esta ley puede desaparecer”.

La Rioja tiene en La Barranca, sobre el barranco de Barrigüelo, en el municipio de Lardero, un cementerio civil creado en 1979 que forma parte del patrimonio de la comunidad y fue declarado en diciembre de 2021 bien de interés cultural. Aquí hay enterradas 400 personas —la Cruz Roja anotó otros 400 enterramientos en el cementerio de Logroño— que fueron asesinadas entre septiembre y diciembre de 1936. Jesús Ángel Cámara, miembro de la asociación memorialista, afirma que la ley aprobada ahora es “una palmada en la espalda” a todos los que lucharon contra el franquismo, especialmente “las mujeres de negro”, madres, viudas e hijas de los allí ejecutados que acudían periódicamente a La Barranca a recordar a sus muertos pese a los impedimentos que recibían del régimen franquista. “La ley de memoria democrática”, añade Cámara, “supone un espaldarazo para la exhumación de fosas y la identificación de los enterrados a través del banco de ADN”. Se felicita por el impulso que se da a las visitas de escolares a La Barranca, “una experiencia muy positiva porque algunos alumnos han encontrado a sus bisabuelos enterrados” en esta fosa.