Vox asegura ahora que cambiará el decreto de Memoria Histórica de Castilla y León, que Mañueco prometió no tocar

El Gobierno de coalición entre PP y Vox en Castilla y León aún no ha echado a andar y ambos partidos exhiben ya discrepancias por impulsar sus políticas diferenciadas. La formación de extrema derecha ha asegurado este jueves que la “ley de concordia” que defiende ―y que figura en el comunicado conjunto difundido esta semana por los dos socios de Ejecutivo— sustituirá al decreto autonómico de Memoria Histórica vigente desde 2018; el PP, por el contrario, sostiene que los derechos recogidos por esa norma, concebida para honrar a quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura franquista, no se verán limitados. El presidente en funciones de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), había afirmado que ese decreto de Memoria seguiría plenamente vigente: ”No se va a tocar”, aseveró el pasado 11 de marzo tras anunciar el pacto de Gobierno.

El próximo vicepresidente de la comunidad, Juan García-Gallardo (Vox), ve, sin embargo, incompatibles el actual decreto —que, en su opinión, “solo habla de una de las partes” de la Guerra Civil— con la “concordia” que “trata a todos por igual”. “Vamos a dejar de utilizar la historia para dividir a los españoles. Ese decreto no contribuye a hacerlo y se va a sustituir por un decreto de concordia. No podemos hurtar a las personas su memoria. No puede haber un decreto de concordia que trate a todos por igual y un decreto de memoria histórica que habla solo de una de las partes”, ha dicho García-Gallardo.

Después de escuchar esas declaraciones, el portavoz del grupo del PP, Raúl de la Hoz, ha rechazado la polémica y ha emplazado a ver “en los próximos meses” cómo se va desarrollando la cuestión, pero ha insistido que la nueva ley “no va a limitar derechos a nadie respecto a los contenidos del decreto”. En Castilla y León existen más de 500 fosas comunes de víctimas de la represión franquista, según el inventario encargado en 2021 por la Junta de Castilla y León a la Universidad de Burgos.

También este jueves se ha presentado ante la Junta de Portavoces y la Mesa de las Cortes el acuerdo de atribuciones económicas firmado por PP y Vox. Este incluye recortes del 25% en la asignación económica que reciben los grupos parlamentarios, pero no elimina ninguna fundación ni cancela el aumento del salario de los miembros de la Mesa, aprobado hace unas semanas.

La presentación del acuerdo ha suscitado una tensión poco habitual en las Cortes autonómicas. Y ahí la coalición PP-Vox sí se ha presentado unida contra la oposición. El único procurador de Ciudadanos, el exvicepresidente Francisco Igea, y el único de Unidas Podemos, Pablo Fernández, han censurado una medida que quita al Grupo Mixto, al que ambos pertenecen, un cargo de dedicación exclusiva.

Diputados no liberados

A partir de ahora, solo estarán liberados laboralmente 19 de los 81 parlamentarios —en la anterior legislatura eran 22—. El resto tendrá que compaginar el cargo político con su vida profesional. Igea y Fernández han anunciado que llevarán ante el Tribunal Constitucional este recorte. El PSOE, por medio de la procuradora Patricia Gómez, ha acusado a la coalición gubernamental de limitar la labor de la oposición y aplicar las reducciones solo a los partidos que no están en el Gobierno, aunque finalmente la medida afectará a todas las partes. Igea, médico de profesión, ha ironizado diciendo que no puede “preparar proposiciones no de ley” mientras hace “colonoscopias”.

Después de la sesión, Igea ha informado de que trabajará en el hospital “de lunes a viernes”. “Cuando haya alguna cuestión en las Cortes tendré que pedir permiso para ir. Esto implica cambiar turnos con los compañeros y causar un trastorno en el hospital”, ha lamentado. El único diputado de Ciudadanos insiste en que no se trata de un problema de remuneración económica, sino de representatividad política.

Antes, en el pleno, García-Gallardo ha defendido que el acuerdo económico ahorrará unos 300.000 euros anuales a las Cortes, que en 2021 destinaron 3,71 millones de euros en subvenciones a las agrupaciones. Esta “reducción significativa del gasto político” para “apretarse el cinturón”, ha admitido el líder de Vox, no se verá acompañada por una bajada del sueldo de los integrantes de la Mesa o de los portavoces de los grupos, que rondan los 100.000 euros anuales y que además se subieron un 4% en los últimos coletazos del pasado mandato. Tampoco se suprimirá la Fundación Siglo, con presupuestos anuales superiores al millón de euros.

El número dos del Ejecutivo de Mañueco ha sido calificado por Igea como “vicepresidente jarrón” por no tener mando ejecutivo. García-Gallardo ha respondido enumerando las responsabilidades que ostentará, aunque entre ellas no hay ninguna cartera, lo que le ahorrará la fiscalización de las comisiones de control. En uno de los momentos más broncos de la sesión, el portavoz de Unidas Podemos ha asegurado: “Si por Vox fuese, fusilaría a los miembros del Grupo Mixto”.

El pleno de investidura de Mañueco comenzará el próximo lunes al mediodía y se prevé que la votación se produzca en torno a las diez de la noche. El presidente de las Cortes, Carlos Pollán (Vox), ha señalado que se ha tardado en cerrar la fecha de ese pleno porque había que confirmar “que no hubiera marcha atrás en la toma de decisiones”. Castilla y León volverá a tener Gobierno tras más de tres meses de Ejecutivo en funciones.