Los progresistas pierden poder en el principal órgano asesor de la fiscal general

Los más de 2.500 fiscales españoles estaban llamados este miércoles a las urnas para elegir a los nueve miembros electos del Consejo Fiscal, el principal órgano asesor de la fiscal general del Estado. Aunque los datos oficiales no se conocerán hasta el próximo 12 de mayo, el recuento provisional vaticina que el ala progresista de la carrera, representada en la Unión Progresista de Fiscales (UPF), pierde dos de los cuatro vocales que tenía ahora, y que se repartirían entre la conservadora Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria, y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), que entraría por primera vez en Consejo Fiscal, según apuntan fuentes de la carrera conocedoras del primer avance del escrutinio. De confirmarse estos resultados, se trataría de un serio revés para la fiscal general, Dolores Delgado, que vería incrementarse el poder de la asociación conservadora dentro de su principal órgano asesor en detrimento de la UPF, la asociación a la que ella ha estado siempre vinculada y a la que la AF le acusa de favorecer con nombramientos discrecionales.

Las elecciones del Consejo Fiscal, que se renueva cada cuatro años, se han producido en medio de un clima de enfrentamiento entre la fiscal general y el sector más conservador de la carrera, que ha cuestionado algunas de las designaciones de altos cargos realizadas por la jefa del ministerio público desde que llegó al cargo en febrero de 2020. Uno de esos nombramientos, el del fiscal de Sala de Menores, ha sido ya anulado por el Tribunal Supremo al considerar que los argumentos de Delgado para optar por el candidato miembro de la UPF “no cumplen las exigencias mínimas” de este tipo de designaciones.

Los resultados de las elecciones al Consejo Fiscal, si se confirman los datos provisionales, supondrían así el espaldarazo de la mayoría de la carrera a la tesis de la asociación conservadora, que ha protagonizado la oposición a la fiscal general en estos dos años: de los nueve vocales en juego, seis quedarían en manos de la AF (ahora tenía cinco), dos serían para la UPF (tenía cuatro) y uno para la APIF. Hay además dos miembros natos del consejo (la jefa de la Inspección, María Antonia Sainz, y la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde), ambas de la confianza de Delgado. Las urnas, no obstante, cerraron a las 19.00 del miércoles y los datos recabados hasta el momento son provisionales, pero las fuentes consultadas coinciden en que la AF ha arrasado en todas las fiscalías y que la UPF pierde fuelle. Estas fuentes recuerdan que la AF casi siempre ha obtenido los seis consejeros que ahora parece recuperar y que los cuatro que consiguió la UPF en 2018 fueron una excepción motivada porque concurrieron candidatos muy potentes, como la propia Delgado, su antecesora en la Fiscalía General, María José Segarra, y el actual jefe de la Secretaría Técnica, Álvaro García. Esta vez, sin embargo, el voto de los fiscales progresistas se ha atomizado entre los seis candidatos presentados por esta asociación, lo que ha jugado en contra de su saldo final.

Uno de los consejeros que, según el avance del escrutinio, pierde la UPF iría a parar a APIF, una asociación que ha concurrido en las últimas cuatro elecciones pero que nunca había conseguido entrar en el Consejo Fiscal. En este caso entraría a formar parte del órgano el presidente de esta asociación, el fiscal del Tribunal Supremo Salvador Viada, que se había quedado en anteriores ocasiones a solo unos votos de ser elegido.

El Consejo Fiscal tiene entre sus funciones la de informar sobre las propuestas de nombramientos de altos cargos (aunque su decisión no es vinculante para de la fiscal general) y sobre los proyectos de ley del Gobierno (tampoco vinculante).