Falsificadores de pasaportes covid para famosos por 100 euros
Los dos sanitarios acusados de inscribir fraudulentamente a 2.200 personas como vacunados recibían un fijo por nombre
La trama desmantelada por la Policía Nacional que vendía miles de certificados falsos de vacunación contra la covid a famosos, deportistas, empresarios y delincuentes, estaba encabezada por cinco negacionistas que se aprovecharon de la pandemia para lucrarse. Entre ellos estaban dos trabajadores del Hospital La Paz —el auxiliar de enfermería Mario M. R. y la enfermera C. M. S.—, que presuntamente entraron en el sistema informático de Sanidad para inscribir fraudulentamente como vacunados a 2.200 personas. Aunque algunas llegaron a pagar 1.600 euros, los dos sanitarios recibían para repartirse solo 100 euros por cada nombre.
Los sanitarios se embolsaron presuntamente cerca de 90.000 euros cada uno, según los investigadores, que calculan que durante la sexta ola de la pandemia del pasado diciembre por la variante ómicron llegaron a registrar a un centenar de falsos vacunados al día. El resto del dinero se lo quedaban una docena de intermediarios, entre los que destacan Irene M. S. y Alejandro C. C., ambos con antecedentes. A la primera, que buscaba clientes de alto nivel adquisitivo, se le calcula un beneficio de 170.000 euros. “Cobró hasta 250 euros por vacunado”, señalan fuentes policiales.
La operación Jenner (en homenaje a Edward Jenner, el médico inglés que desarrolló la primera vacuna) se inició durante los rastreos que la Brigada Provincial de Información de Madrid hace en redes sociales y aplicaciones de mensajería para detectar yihadistas. Los agentes se toparon en un chat con una red asentada en Francia que ofrecía a estos extremistas —mayoritariamente antivacunas— códigos QR fraudulentos de pasaportes covid para que pudieran viajar. Pero también detectaron una segunda trama, esta asentada en España, que iba más allá y ofrecía a quienes pagaban inscribirles de modo fraudulento en el registro oficial de vacunados de la Consejería de Sanidad. De este modo, obtenían el llamado pasaporte covid (documento que se pueden llevar en el móvil en forma de código QR con el que acreditar que se tiene la pauta de vacunación completa y, por tanto, cierta inmunidad) pese a no cumplir los requisitos y disfrutar de las ventajas para viajar o acudir lugares donde este era obligatorio.
Las pesquisas —que concluyeron el lunes con las cuatro últimas detenciones, hasta sumar 15 arrestados en la varias fases de la operación desarrollada desde enero— revelaron que el entramado fue presuntamente puesto en marcha por Irene M., una mujer con contactos en la noche madrileña. Esta contactó con el auxiliar de enfermería de La Paz para proponerle inscribir a cambio de dinero a los antivacunas que ella conocía y que querían disfrutar de las ventajas del pasaporte covid pese a no haber recibido las dosis. Como Mario, por su puesto de trabajo, no podía acceder al sistema informático, supuestamente convenció para participar a M. C., una amiga enfermera del mismo hospital con la que coincidió en el departamento de extracción de sangre y, luego, en los equipos de vacunación anticovid.
La trama hizo una primera prueba inscribiendo al propio Mario y utilizando las claves de ella. Al no tener problemas, siguieron con los nombres que les facilitaba la intermediaria. Para evitar riesgos robaron las claves a otros enfermeros por un sistema tan rudimentario como eficaz: anotaron los DNI que figuraban en las actas que se levantaban de las jornadas de vacunación, ya que era el nombre de usuario que pedía el sistema, y luego probaban con las dos contraseñas que existían por defecto —Temporal01 y Cambiar01— y que algunos de ellos no habían cambiado por desidia pese a que se les había pedido que lo hicieran.
Así consiguieron usurpar la identidad de una enfermera y, más tarde, cuando esta modificó su clave, el de una segunda. Ambas sanitarias, que en un primer momento figuraron como investigadas, han terminado exoneradas y el juez les ha ofrecido personarse en la causa como perjudicadas. En un primer momento, los dos sanitarios registraron a los falsos vacunados en su centro sanitario, pero luego lo hicieron en el Hospital Isabel Zendal para que el fraude pasara inadvertido, ya que este era uno de los principales centros de vacunación de Madrid.
Pagos dos veces por semana
Irene M. se reunía dos veces por semana con Mario para entregarle listas con nombres y pagarle en metálico. El segundo gran intermediario, Alejandro C., que supuestamente ponía en contacto a la trama con delincuentes, lo hacía con la novia del auxiliar, también detenida, que a veces cobraba mediante aplicaciones de pago instantáneo. Buena parte de estos fondos era después invertido por la pareja en criptomonedas. Un entramado bien engrasado que comenzó a venirse abajo a finales de enero, cuando la Policía hizo las primeras detenciones. El lunes pasado, la red quedaba totalmente desmantelada. Los 15 detenidos están acusados de un delito contra la salud pública, otro de falsedad de documento público, uno más de intromisión informática y uno de organización criminal.
Los 2.200 presuntos clientes identificados están acusados de los dos primeros delitos. Entre ellos están el cantante Omar Montes, la narcotraficante Ana María Cameno, conocida como La Reina de la Coca; un antiguo alunicero apodado Moli ―que presuntamente captaba clientes para la trama―, y cabecillas de grupos radicales del fútbol como el neonazi exlíder de los Ultrasur Antonio M. M., El Niño, y Ricardo M. L., miembro destacado del ala más violenta de los Boixos Nois y con varias condenas. También han trascendido los nombres de los actores Verónica Echegui (reciente ganadora de un premio Goya) y Álex García; el tenista de nacionalidad australiana Álex de Miñaur y el hijo de un condenado por fundar un grupo de Al Qaeda en España.
Muchos de clientes han negado a la policía y públicamente, como Montes o Miñaur, haber utilizado los servicios de la trama. Otros, sin embargo, lo han admitido durante los interrogatorios, señalan fuentes cercanas a la investigación. Es el caso de una empresaria que, ante los agentes, justificó haber pagado a la red algo más de 1.000 euros para que su nombre figurase en el registro de vacunados porque necesitaba tener el pasaporte covid para viajar a EE UU y cerrar un contrato millonario.
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