Críticas a la delegada del Gobierno en Ceuta por aludir a la falta de “muchachas” marroquíes para atender los hogares

Unas declaraciones de la delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, realizadas el pasado 1 de abril, sobre las consecuencias del prolongado cierre de la frontera con Marruecos, han desatado una tormenta de críticas sobre la dirigente socialista. Mateos, tras descartar una apertura inmediata del paso fronterizo, aludió a los problemas que está generando la interrupción del flujo de personas entre ambos países; muchas de ellas, empleadas del hogar. “En Ceuta, sobre todo las amas de casa, estamos deseando que vengan las muchachas, empezando por mí...”, dijo la delegada. Y añadió, con una sonrisa: “Que estar trabajando aquí por la mañana y estar de limpieza por la tarde la verdad es que cuesta”.

Sectores progresistas ceutíes le han afeado un comentario que consideran “vergonzante”. Desde la plataforma política Ceuta Ya, sucesora de la formación localista Caballas, se han referido a Mateos como “clasista”. Suad Ahmed, secretaria de Cuidados y Bienestar Social de la formación, ha criticado las palabras de la delegada “por su enfoque, por transmitir la idea de que las verdaderas ‘víctimas’ del cierre fronterizo no son las propias trabajadoras sino las mujeres privilegiadas que se han quedado sin que nadie les limpie sus casas”.

Fuentes de la Delegación del Gobierno señalan que Mateos utilizó un término “coloquial y no despectivo”, usado en la calle tanto en Ceuta como en Melilla para nombrar de manera informal a las empleadas domésticas, aunque no fuese, admiten, el más apropiado para referirse a las trabajadoras transfronterizas que se han visto afectadas por el bloqueo de la frontera.

Cierre fronterizo

La frontera entre Marruecos y España lleva cerrada dos años, desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020. El Gobierno anunció a finales de marzo una nueva prórroga del cierre, al menos hasta mayo, lo que daba al traste con las esperanzas de que el paso abriese rápidamente tras normalizarse las relaciones diplomáticas entre España y Marruecos después de un año de tensión a cuenta del contencioso sobre el Sáhara Occidental. Los presidentes de ambas ciudades se mostraron satisfechos con el gesto hecho por el Gobierno de Pedro Sánchez, que respaldó el plan de autonomía de Marruecos para el Sáhara por encima del proceso de autodeterminación auspiciado por la ONU desde hace décadas. Ambos han reconocido, sin embargo, la necesidad de regular los accesos y poner orden.

La situación en la que han quedado estos dos años miles de trabajadores transfronterizos es una de las principales preocupaciones. “Aquí hay melillenses, muchos, entre ellos yo, que seguimos mandando dinero por Western Union para que las empleadas que venían a trabajar o conocidos o familiares puedan sobrevivir”, reconocía también hace unos días Eduardo de Castro, presidente de Melilla expulsado de Ciudadanos. “Se les ha seguido enviando dinero porque no tenían nada”, insistía.

Soraya (nombre ficticio para proteger su identidad) regresó a Marruecos en febrero de 2021, solo después de que su empleadora, una mujer española de avanzada edad y dependiente, falleciese por covid. Había permanecido en Melilla casi un año desde el cierre fronterizo: en marzo de 2020 ella consideró que su deber era quedarse en casa de la mujer a la que atendía. Al otro lado, en Marruecos, se quedó su marido a cargo de su bebé, ante quien se le saltaban las lágrimas cada vez que hablaban por videoconferencia para darle las buenas noches durante los once meses que estuvieron sin verse o abrazarse.

Sin ingresos

Para muchos trabajadores transfronterizos, el cierre ha supuesto una verdadera catástrofe. Decenas de miles de marroquíes que trabajaban diariamente en las ciudades autónomas, con o sin contrato, vieron cómo de repente desaparecieron sus ingresos. No se pudieron beneficiar de los ERTE aprobados por el Gobierno durante los meses de confinamiento, y empleadores y empresarios que contaban con plantilla transfronteriza se quedaron sin ayudas para mantener las cuotas a la Seguridad Social de estos trabajadores. Solo entre marzo y julio de 2020, Ceuta y Melilla perdieron más de la mitad de altas en la Seguridad Social en el régimen de empleadas de hogar. A marzo de 2022, las cifras se situaban por debajo de las 500 altas, frente a las 1.711 y 2.157 afiliaciones en febrero de 2020 en Melilla y Ceuta, respectivamente.

Más del 90% de empleadas de hogar en las dos ciudades autónomas son mujeres marroquíes, lo que supone en torno al 10% del empleo de marroquíes en el sector a nivel nacional y el 3% de extranjeras no comunitarias del ramo, según datos de la Seguridad Social. Pese a que cotizan más que cualquier nacional (un 23%), no perciben prestaciones por desempleo porque no existe convenio de reciprocidad entre España y Marruecos. El estancamiento del cierre de la frontera ha paralizado, además, la renovación de los permisos de trabajo y ha obligado a la Seguridad Social a gestionar bajas automáticas y con efecto retroactivo, dificultando el papeleo para quienes no regresaron a su casa en Marruecos.

En 2021, y durante la crisis fronteriza en Ceuta, muchos hombres y mujeres aprovecharon para cruzar a la ciudad autónoma con la esperanza de recuperar sus trabajos o formalizar sus permisos caducados. Es el caso de Samira, vecina de Fnideq, a siete kilómetros de Ceuta, que habló con EL PAÍS el 18 de mayo de 2021, justo después de protagonizar una huida a la desesperada junto a su hijo para regresar a la ciudad donde cobraba 400 euros al mes por limpiar y cocinar en una casa. Su empleadora había seguido mandándole parte del sueldo desde el año anterior, pero no era suficiente para mantener a toda la familia con un marido desempleado y dos hijas más: “La gente en Marruecos no tiene nada, no hace nada”, decía entonces Samira.