El pelotazo del hospital de Burgos: 2.000 millones hasta 2036

—Cuando un político dice que inaugura un hospital, la pregunta que hay que hacerle es: “¿Ese hospital lo deja usted a deber o está pagado? Porque si lo deja a deber, haga el favor de marcharse rápidamente y empezar a pagarlo”.

La frase es de Alberto Núñez Feijóo. La pronunció el pasado lunes, durante su gira de presentación como líder nacional in pectore del PP, pero la podría haber pronunciado perfectamente cualquier político de la oposición a los distintos gobiernos de su partido en Castilla y León. Allí, el Ejecutivo de Juan Vicente Herrera, también de la formación conservadora, inauguró en 2012 el Hospital Universitario de Burgos (HUBU) sin pagarlo, porque optó por el modelo de colaboración público-privada, también aplicado por el propio Feijóo en Galicia (en el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo) y por el PP en Madrid (cuatro centros) y la Comunidad Valenciana (cinco). Consiste en que una empresa privada corre con los gastos de la obra a cambio de gestionar y explotar los servicios de la infraestructura durante décadas, y de cobrar un canon anual de la Administración.

El resultado: con Herrera ya fuera de la política, y gane quien gane las sucesivas elecciones autonómicas, Castilla y León tendrá que seguir pagando a la concesionaria hasta 2036. Para entonces, las arcas autonómicas habrán abonado entre 1.600 y 2.000 millones, entre un 39% y un 48% más de lo previsto inicialmente, según documentación a la que ha accedido este periódico. Peor: la concesionaria reclama a la Administración el pago de al menos 45 millones más a través de cuatro litigios, según documentación obtenida al amparo de la ley de transparencia.

El roto en las cuentas públicas es de tal magnitud que el nuevo gobierno de Castilla y León, formado por PP y Vox, tendrá que decidir si intenta revertir a manos públicas la concesión. Así lo firmó la formación conservadora en su acuerdo de gobierno con Cs de 2019 (siempre que no supusiera aumentar el gasto), y así lo apoyó la extrema derecha en las Cortes hace apenas cinco meses. Pero lo que harán ahora que están en el poder es una incógnita: el PP considera “prematuro” posicionarse, y Vox no se pronuncia.

“Es un gasto descomunal que está lastrando el resto de infraestructuras de la comunidad. Y solo porque alguien decidió invertir en un pozo sin fondo de manos privadas”, comenta Esther Peña, secretaria general del PSOE en Burgos.

“La construcción del hospital fue un negocio para Eficanza [la concesionaria]. La fórmula para hacerlo ha sido bastante negativa para la Administración desde el principio”, critica por teléfono Manuel Mitadiel, que ejerció como portavoz de Ciudadanos en la comisión de investigación organizada en las Cortes sobre el HUBU y fue gerente de Salud en Castilla y León hasta el pasado diciembre.

“Iba a ser más rápido, más barato y más eficaz”, se lee en las conclusiones de la investigación parlamentaria, “pero la verdad es que pasados unos pocos años estamos en un proyecto lleno de modificaciones, reequilibrios, repetidos sobrecostes y un canon que ahora paga la sanidad de Castilla y León”.

Nada de eso parecía posible en 2005, cuando Herrera (PP) anunció la construcción del nuevo hospital. Para hacerlo posible, la Junta decidió recurrir al modelo de concesión PPP (partenariado público-privado) y firmó con Eficanza, un consorcio particular, el contrato de gestión de obra pública. Durante 30 años, el hospital quedaría a todos los efectos en manos privadas, mientras la Sanidad de Castilla y León (Sacyl) haría de mero inquilino pagando un canon anual de 38 millones.

A las tres de la tarde del 18 de junio de 2012 se trasladaron los últimos pacientes desde el Hospital General Yagüe al recién estrenado Hospital Universitario de Burgos (HUBU). Fuera lo viejo y dentro lo nuevo. Y qué nuevo. Nada menos que “el mejor hospital de España y el más avanzado tecnológicamente”, según afirmó durante su inauguración el entonces consejero de Sanidad de la Junta, Antonio Sáez. Lo que no dijo entonces es cuánto iba a costar a los castellanoleoneses ser los mejores de España.

Tan solo un año después de su inauguración, el canon anual del hospital se duplicó y alcanzó los 71 millones. Desde entonces, y hasta 2016, el HUBU ha acumulado un sobrecoste de 206 millones por ese concepto. La Consejería de Sanidad no ha facilitado los datos relativos a los últimos años, una información que se le solicitó 23 días antes de la publicación de esta información.

La anualidad media en estos 10 años de actividad del hospital se sitúa en los 68,4 millones de euros. Un informe del Consejo de Cuenta de Castilla y León provee una cifra incluso más alta, y sitúa la anualidad media en los 80 millones. El sobrecoste es significativo: según estas cifras, cuando se acabe el contrato, el HUBU habrá costado alrededor de 2.000 millones a las arcas públicas regionales.

La cuantía, según la concesionaria, se disparó a raíz de una serie de modificaciones en el contrato inicial a petición de Sacyl, con el fin de ampliar las dimensiones del hospital. Así, el coste de la obra pasó de 162 a 210 millones y el precio del equipamiento se duplicó de 47 a 103 millones, según un informe de Eficanza.

Diez años después de su inauguración, la infraestructura no cumple con la promesa de ser el “mejor y más avanzado” hospital de España. De hecho, ni siquiera lo es de Castilla y León. Según el Monitor de Reputación Sanitaria de 2020, el HUBU es el que peor valoración obtuvo de los cinco grandes hospitales de la región, colocándose en el puesto 88 de los 100 mejores centros públicos del país.

“La estructura tiene los problemas de un edificio viejo, aun siendo una obra nueva”, denuncia Pablo Oyagüez, médico pediatra y miembro de la plataforma Sanidad Pública. “Hay muchas cosas inacabadas y la Junta lo deja correr porque sabe que la empresa tendrá que dejar todo en perfectas condiciones cuando se acabe el contrato, y están esperando al 2036 para hacer las cuentas”.

Para entonces, el HUBU ya no será un problema de Herrera, el presidente que apostó para su construcción, ni de Fernández Mañueco, que actualmente está pagando las factura. Pero lo será de quien presida la Junta, sea cual sea su partido.