La Fiscalía general se suma a las iniciativas de Justicia Internacional por la invasión de Ucrania

La Fiscalía General del Estado ha decidido poner en marcha actuaciones en relación con la invasión de Ucrania, de acuerdo con las previsiones legales vigentes en España en materia de justicia universal. La iniciativa pretende facilitar las tareas que puedan desarrollarse en el ámbito internacional para exigir responsabilidades por parte de la Corte Penal Internacional (CPI), creada a instancias de Naciones Unidas en 1998 e instituida por el Estatuto de Roma, firmado por 120 países, entre los que figura el Estado español.

El decreto de la fiscal general, Dolores Delgado, en el que se ordena incoar “diligencias preprocesales” sobre la guerra en Ucrania persigue “establecer un marco jurídico que proporcione soporte a las actuaciones que a partir de este momento se puedan llevar a cabo, bien por propia iniciativa, bien como parte activa de la cooperación internacional”, según ha puesto de relieve la Fiscalía en un comunicado oficial. El ministerio público estima que esta iniciativa será “el instrumento idóneo” para asegurar y canalizar la asistencia a las autoridades ucranianas y de otros países afectados por la guerra, permitiendo recopilar elementos de prueba que puedan ser usados en investigaciones de todo tipo.

La reforma de la justicia universal llevaba a cabo para restringir la capacidad de actuación de la justicia española en el ámbito internacional respetó la posibilidad de que intervenga en los casos en que puedan aparecer delitos de los que hayan sido víctimas ciudadanos españoles. Hasta ahora no ha habido noticia de que se haya producido ese supuesto. En todo caso, cabe la colaboración con la Corte Penal Internacional, que ya anunció la semana pasada que se había abierto una investigación por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, con el apoyo explícito de 39 países.

Desde España, la propia ministra de Defensa, Margarita Robles, declaró a EL PAÍS el 27 de febrero que Putin no podía salir impune. “Su agresión puede tener consecuencias penales”, manifestó. Igualmente, su antecesora en el cargo en el Gobierno de Mariano Rajoy (PP), María Dolores de Cospedal, destacó el pasado viernes, en un acto celebrado en el Colegio de Abogados de Madrid, el protagonismo de la Corte Penal Internacional. “Si en los ataques que se están produciendo resulta que se está utilizando a niños como escudos (...) o si se está atacando directamente a la población civil, por mucho que se diga que antes se avisa para que se desaloje, qué duda cabe de que la Corte Penal Internacional ahí tiene un papel que jugar, yo no tengo la menor duda”, manifestó.

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, contó este lunes en Bilbao que el sábado mantuvo una reunión con la fiscal general de Ucrania en la que se analizó la posible “contribución a la justicia universal desde la Fiscalía española”. En cuanto a cómo se podrían concretar esas aportaciones, explicó que, desde España se podrá colaborar a generar el “acervo probatorio” que pueda surgir de diligencias como la toma de declaraciones “a víctimas o testigos” de los delitos cometidos, y ponerlas a disposición de los tribunales internacionales que investiguen los hechos.

Estados Unidos, país que no suscribió el Estatuto de Roma, considera, sin embargo, que con la invasión de Ucrania ordenada por el presidente ruso, Vladímir Putin, se están cometiendo hechos susceptibles de calificarse como “crímenes de guerra”. Así lo ha afirmado el propio secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, quien citó a este respecto los “informes sobre ataques deliberados a civiles”.

La fiscal general española, a su vez, no ha descartado en sus declaraciones una acción judicial futura contra Putin por parte de tribunales internacionales. “No se debe hablar [en este momento] tanto de personas como de concretar qué hechos están ocurriendo y cuál es la respuesta que desde espacios de justicia se puede dar en distintos ámbitos”, ha puntualizado.