Interior asume que los Mossos y la Ertzaintza se harán cargo de la investigación de los atentados en sus territorios

Guiño del Ministerio del Interior a la cooperación entre las Fuerzas de Seguridad bajo su mando y los cuerpos policiales autonómicos. El nuevo Plan de Prevención, Protección y Respuesta Antiterrorista, que el ministro Fernando Grande-Marlaska ha dado a conocer este lunes a los grupos parlamentarios (ERC, EH Bildu y Vox no han acudido a la cita) y posteriormente a la prensa, contempla que, en caso de un atentado, será el cuerpo policial con competencias en el territorio donde se ha cometido quien lidere la investigación en un primer momento. Con ello, Interior pretende zanjar los roces, muchas veces soterrados, que se producen entre los policías de distintos cuerpos en los primeros instantes de un ataque terrorista y que, a la larga, pueden perjudicar la resolución de lo ocurrido. “Se trata de atar la coordinación”, ha recalcado Grande-Marlaska en rueda de prensa.

El último referente de esa falta de coordinación es lo ocurrido se produjo tras los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017, cuando hubo rifirrafes entre cuerpos policiales, además de acusaciones cruzadas de no haber compartido la información. Entonces el juez ordenó que fueran los Mossos d’Esquadra quienes llevaran el grueso de las pesquisas, pero también que se involucraran en ellas las unidades especializadas en la lucha antiterrorista de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Ahora, el plan deja claro que “la primera respuesta” ante un atentado será del “cuerpo [policial] estatal o autonómico competente en el territorio”, ha añadido el ministro. Luego será el juez de la Audiencia Nacional que asuma la instrucción de la causa quien decida quién continúa con las pesquisas. En la práctica, esta directriz se aplicará en Cataluña y País Vasco, las únicas dos autonomías que tienen cuerpos policiales propios con competencias plenas.

Con el mismo fin, el plan diseña nuevos procedimientos de actuación (que se mantienen secretos) y refuerza la llamada Mesa de Coordinación, un órgano ya existente que se activa cuando se produce un ataque terrorista. En esta mesa, que preside el secretario de Estado de Seguridad, además de representantes de las diferentes policías estatales y autonómicas y del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, entran Protección Civil y otras direcciones generales del ministerio, como la de apoyo a las víctimas. También habrá un Centro de Gestión de Crisis Territorial, que se mantendrá operativo hasta que se localice y detenga a los terroristas y se considere que se ha reducido el riesgo provocado por el atentado. El ministro ha asegurado que esa coordinación se extenderá al extranjero si así se lo reclama a España la policía que sufra un ataque.

El plan presentado este lunes es la tercera actualización del existente desde 2005 ―que fue modificado ya en 2009 y 2015― y se enmarca dentro de la Estrategia Nacional contra el Terrorismo que se aprobó en 2019. Como esta última, el plan pone el foco en el terrorismo yihadista como principal peligro terrorista para España en la actualidad, pero también en otro tipo de extremismos que pueden desembocar en actitudes filoterroristas. Los cambios no afectan, sin embargo, a la escala de riesgo, que se mantiene en cinco niveles (el primero, cuando es muy bajo; el quinto, para cuando haya constancia de un ataque terrorista inminente o ya se haya cometido). España está en nivel cuatro (riesgo alto) desde junio de 2015. El ministro no quiso aclarar si esta situación puede cambiar tras la aprobación del nuevo plan. “Es algo técnico que decidirá la mesa de valoración de la amenaza [formada por expertos policiales]”, recalcó.

Grande-Marlaska ha hecho hincapié en el riesgo de autoadoctrinamiento yihadista a través de redes sociales, que se ha incrementado durante el confinamiento por la pandemia, y en la actuación de los denominados lobos solitarios (terroristas que actúan sin conexión con ninguna organización terrorista ni con otros yihadistas) y las células locales de miembros autorradicalizados (como la de los que perpetraron los atentados de 2017 en Cataluña). Para combatir ambos, el ministro ha anunciado que el plan “revisa” algunas de las medidas aplicadas hasta ahora, sin concretar cuáles. El tercer foco siguen siendo los llamados retornados, yihadistas que partieron de España para luchar en las filas del Estado Islámico (ISIS, en sus siglas en inglés) en zonas de conflicto como Irak y Siria y que, tras la derrota del ISIS, pueden volver a sus lugares de origen.

El plan también contempla mantener la vigilancia sobre los 102 presos encarcelados por actividades yihadistas, tras detectarse en los últimos años que están en el origen de numerosos casos de radicalización de otros presos musulmanes que habían sido encarcelados por la comisión de delitos comunes. Grande-Marlaska ha declinado, sin embargo, aclarar qué pasará con las tres ciudadanas españolas que viajaron con sus maridos a Siria y con sus 17 hijos, y que permanecen en campos de retención en este país desde la caída de los islamistas radicales. “Nosotros trabajamos para que se cumpla la ley, pero también en la reserva”, se ha limitado a afirmar. Otros países europeos han repatriado en los últimos años a algunos de sus nacionales, incluidos menores.

El nuevo plan antiterrorista presta especial atención a los ciberataques terroristas y, por tanto, a la protección de las redes y sistemas de información y comunicación. Para ello, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO, un órgano en el que están representados todos los cuerpos policiales), hará análisis específicos sobre las vulnerabilidades con el objeto de concretar dónde hay que incrementar la ciberseguridad. Además, monitorizará las redes sociales para detectar acciones propagandísticas que pretendan multiplicar el impacto en la ciudadanía de cualquier ataque terrorista. Para ello, los protocolos de respuestas recogerán medidas dirigidas a conseguir “la retirada inmediata y urgente de este tipo de contenidos”, además de “prevenir, detectar y neutralizar las ofensivas de desinformación”.