La jueza descarta terrorismo en el ataque de la extrema derecha a la sede de Podemos en Cartagena

María del Mar Gómez, responsable del Juzgado de Instrucción 3 de Cartagena, ha rechazado enviar a la Audiencia Nacional la investigación abierta por los ataques de extrema derecha a sedes de Podemos e Izquierda Unida. Según consta en una resolución del 17 de enero, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, la magistrada descarta el delito de terrorismo al atribuir los incidentes a un único individuo: “No quedando constancia de la existencia de un grupo u organización criminal, y tampoco de que los diferentes hechos tengan una ideología terrorista”, subraya en su escrito. La formación liderada por Ione Belarra ya ha presentado recurso ante la Audiencia Provincial de Murcia.

El pasado 6 de noviembre, Podemos solicitó a la instructora que remitiese la causa a la Audiencia Nacional. Estas pesquisas se abrieron a raíz del ataque con un cóctel molotov contra la sede del partido en Cartagena, perpetrado el pasado abril, por el que se mantiene imputado a Francisco Soria, un veinteañero al que la Policía vincula con grupos fascistas. La investigación, que incluyó el análisis del teléfono móvil del sospechoso, permitió descubrir que se encontraba también detrás presuntamente de los daños “con pintadas y piedras” causados al local de IU en San Andrés de Rabanedo (León) y que participó en los disturbios ocurridos el 1 de noviembre en Murcia, cuando grupos de jóvenes destrozaron mobiliario urbano en protestas contra el toque de queda.

En opinión de la formación de izquierdas, la instrucción ha evidenciado que la acción violenta contra la sede de Cartagena forma parte de una campaña más amplia de la extrema derecha para desestabilizar las instituciones, y que ha desvelado la existencia de una auténtica “organización criminal”, que “actúa en varias comunidades autónomas”, que “tiene como finalidad subvertir el Estado de Derecho y las leyes vigentes” y que cuenta con una “peligrosa potencialidad de actuación”. “Los ataques tienen una clara intención: desestabilizar el funcionamiento de las instituciones políticas del Estado y alterar gravemente la paz pública. En este caso, mediante el método de amenazar a una parte del Gobierno de coalición”, exponía Podemos en su escrito.

Sin embargo, la jueza ha descartado esta hipótesis al considerar que los hechos bajo sospecha se “podrían imputar de forma aislada a Francisco Soria”. Según argumenta la magistrada, para valorar el delito de terrorismo, la legislación requiere la existencia de una “banda armada que exige una pluralidad de personas”, además de una “estructura compleja” con unos “vínculos” y “cierta jerarquía”. A su vez, añade la instructora, la pertenencia a una organización terrorista exige una “permanencia” y no una participación “episódica”. Una batería de elementos que no se dan en este caso, según su resolución.

Pero el recurso de Podemos enviado a la Audiencia Provincial, fechado el 25 de enero, contradice esta tesis e insiste en enviar la causa a la Audiencia Nacional. El escrito recalca que los informes policiales han vinculado a Soria con Bastión Frontal, un grupo fascista al que ha denunciado la Fiscalía de Madrid por acosar a jóvenes migrantes. Según mantiene el partido, el imputado mantiene una relación “estable” con esa organización, que tiene por objetivo “subvertir el orden constitucional, o desestabilizar o suprimir gravemente el funcionamiento de las instituciones”.