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El Gobierno impulsa un centro de acogida de refugiados en Soria dentro de sus planes de descentralización

El Ejecutivo creará un servicio de atención a 200 solicitantes de asilo, que supondrá la creación de 40 empleos y una inversión de seis millones de euros

Refugiados Soria
Llegada de refugiados afganos a la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, procedentes de Islamabad (Pakistán), el pasado octubre.Kike Para
Juan Navarro

El Ministerio de Migraciones ha acordado con el Ayuntamiento de Soria la adquisición de una parcela para la construcción de un centro de acogida de refugiados en la ciudad soriana. La iniciativa partió del Gobierno, que contactó con el Consistorio soriano el pasado noviembre. Ambas partes han confirmado a EL PAÍS el acuerdo para la puesta en marcha del centro, que albergará a 200 usuarios y supondrá la creación de 40 empleos en Soria. Se calcula una inversión de seis millones de euros y un gasto corriente de tres millones anuales. El plan se enmarca en el proyecto del Ejecutivo para descentralizar entidades o sedes públicas hacia zonas castigadas por la despoblación.

El programa de acogida de protección internacional pretende cubrir las necesidades de los solicitantes de asilo y brindar los servicios necesarios para estas personas. Esta clase de organismos, explican fuentes del ministerio, ofrecen alojamiento, alimentación y orientación en el ámbito cultural o profesional.

El soriano será el quinto centro de estas características en España y el primero de los últimos 30 años. “El proyecto de Soria se inscribe dentro de uno de los objetivos primordiales en materia migratoria: incrementar la oferta de plazas públicas gestionadas por el Estado y reforzar el sistema para tener una oferta de más de 15.000 puestos”, indican portavoces oficiales, que detallan que el Gobierno quiere crear 5.000 nuevas plazas y multiplicar las de tipo público, pues actualmente solo representan un 4%. El Ejecutivo prevé destinar 174 millones de euros entre 2021 y 2024 para edificar nuevos centros de acogida y ampliar estos espacios.

El alcalde de Soria, Carlos Martínez (PSOE), ha agradecido el “compromiso del Gobierno” para descentralizar infraestructuras y servicios y que hayan elegido Soria como “aliado resolutivo”, pues la provincia no llega a los 90.000 habitantes y la ciudad roza los 35.000. La parcela que el Consistorio ha vendido por 625.000 euros ha sido muy bienvenida en unos presupuestos sorianos que prevén un gasto global de 63 millones de euros para 2022. Los puestos de trabajo y la actividad económica directa e indirecta que generan esta clase de entidades públicas, subraya Martínez, impulsan “al comercio local y a las empresas de Soria para tener un nuevo cliente al que ofrecer servicios”. “Hacemos de Soria una ciudad de acogida real, especialmente para quienes peor lo están pasando, a quienes ampara la legislación internacional, y tratamos de que puedan rehacer sus proyectos vitales”, esgrime el alcalde. España reconoció protección en 2020 a solo 5.700 personas que buscaban refugio, un 5% de las solicitudes estudiadas, muy por debajo del 33% europeo.

Una vez que Migraciones ha aprobado hacerse con los terrenos, Patrimonio del Estado debe rubricar el expediente para iniciar los trámites de compra y construir las instalaciones. Además de las habitaciones para las 200 personas, se construirán espacios compartidos, aulas o zonas comunes para enseñar castellano a los solicitantes de asilo, impartir talleres o formaciones para su futuro profesional o dar asistencia psicológica cuando sea necesaria. El propósito es que sus residentes potencien sus habilidades y puedan integrarse en la sociedad española.

Fuentes del Ministerio de Migraciones consideran que la elección de Soria obedece a “una apuesta estratégica”, no solo por la implicación en el ámbito social, sino también por su potencial al permitir que personas que pasarán por este centro puedan encontrar un futuro de oportunidades en esta tierra. Una de las grandes reivindicaciones de los partidos de la España Vaciada y de las zonas en riesgo de pérdida de población es precisamente la reubicación de entidades públicas en áreas despobladas o, como en este caso, que las infraestructuras o nuevas sedes se instalen en provincias como Soria, donde más de la mitad de las personas que nacieron allí viven fuera, según el Instituto Nacional de Estadística, y cuyos tejidos económicos necesitan de esta clase de estímulos para mantenerse o progresar.

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Sobre la firma

Juan Navarro
Colaborador de EL PAÍS en Castilla y León, Asturias y Cantabria desde 2019. Aprendió en esRadio, La Moncloa, buscándose la vida y pisando calle. Grado en Periodismo en la Universidad de Valladolid, máster en Periodismo Multimedia de la Universidad Complutense de Madrid y Máster de Periodismo EL PAÍS. Autor de 'Los rescoldos de la Culebra'.

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