España mantiene 8.000 solicitantes de asilo a la espera de una plaza de acogida

El sistema de asilo en España nació precario, esquivó la crisis de los refugiados de 2015 con parches y, a pesar de los refuerzos, está al límite desde 2018. Hoy en día hay 8.000 solicitantes de asilo pendientes de una plaza de acogida que el sistema no es capaz de ofrecer. El ministro de Inclusión Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que asumió la cartera el año en el que España se convirtió en el principal receptor de la UE de solicitantes de asilo y tras batirse un récord de más de 118.000 peticiones en 2019, quiere reformas. El ministro ha pedido una evaluación externa a la Oficina Europea de Asilo (EASO) para identificar las necesidades del sistema y ha demandado financiación (aún sin concretar) del Fondo Europeo de Reconstrucción. El plan es transformar el modelo español en un plazo de tres años, según ha anunciado este miércoles en el Congreso.

El diagnóstico de estos meses no es bueno y la pandemia lo ha agravado. Además, la precaria situación de muchos países en América Latina, de donde proceden más del 80% de los solicitantes, augura una presión in crescendo. A pesar de las restricciones fronterizas que ha impuesto el virus, España ya ha registrado este año más de 66.000 peticiones de asilo, según la EASO, por encima de Francia y Alemania.

Las 8.000 personas que se han buscado la vida en habitaciones de amigos y familiares, hacinados en pisos o en recursos para personas sin hogar porque el Estado no tiene dónde alojarlos reflejan que España es uno de los países que presenta un mayor desfase entre los demandantes de protección internacional que recibe y su capacidad de acogida. España, con una tasa de cobertura del 11%, queda muy lejos de Bélgica que cubre la acogida del 100% de sus solicitantes, de Alemania (79%), Suecia (78%), Francia (64%) y hasta de Malta (46%). Y está más distante aún de países que cuentan con más plazas que solicitantes como es el caso, según ha presentado Escrivá, de Italia (250%) y Holanda (120%). “Nuestro sistema de acogida está muy presionado”, ha afirmado.

Migraciones promete aumentar de forma progresiva la capacidad de acogida, pero el plan pasa por incrementar además los recursos propios del Estado. Los alojamientos de titularidad pública suponían antes de 2015 aproximadamente un 50% del total de la red, pero la ampliación de plazas a lo largo de los años se delegó exclusivamente en el tercer sector y las plazas estatales hoy suponen apenas un 3%, un porcentaje que el Ministerio quiere elevar a un tercio del total. “Nuestro modelo descansa en exceso en las ONG”, ha defendido Escrivá.

La presión en la red de alojamientos, en cualquier caso, está vinculada a los problemas para resolver en un tiempo razonable los expedientes de los solicitantes que, mientras aguarden la respuesta de la Administración, tienen derecho a ser acogidos. Esta cuestión ya escapa de las manos de Escrivá y recae en la Oficina de Asilo, dependiente del Ministerio del Interior, que se ha visto sobrepasada al multiplicarse por 10 el número de las solicitudes en los últimos cuatro años. El volumen de trabajo y la falta de recursos impide cumplir con los seis meses que determina la ley para dictar resoluciones y la respuesta puede demorarse más de dos años.

La protección que España da a la mayoría de los solicitantes además es bajísima —al menos un 50% de los acogidos en la red son venezolanos, colombianos y salvadoreños con tasas de reconocimiento por debajo del 2%—, pero hasta que no se resuelven sus casos permanecen en el sistema. “La situación es inconveniente. Al final no cumplen las condiciones [para ser reconocidos como refugiados] en un porcentaje altísimo y entran en una situación de irregularidad sobrevenida que nos lleva a reconsiderar el modelo en distintas direcciones”, ha analizado el ministro. El nuevo modelo además buscará, según Escrivá, “racionalizar las prestaciones y ser más selectivos”, en el sentido de priorizar la atención a los más vulnerables y con tasas de reconocimiento mayor.

Otro objetivo del plan es compartir las competencias de atención a los solicitantes con las autonomías. Comunidades como País Vasco y Cataluña han reclamado sus competencias en esta área en los tribunales y el Supremo se ha pronunciado a favor, pero la transición no es fácil: hay que buscar el consenso y disponibilidad de las regiones y plantear un modelo de cuotas de distribución. “Pasar la gestión a las comunidades requiere un diseño previo para que no tengamos los problemas que tenemos en Europa”, ha advertido Escrivá.

El asesoramiento de la Oficina Europea de Asilo, cuyos miembros pasarán seis semanas en España, servirá para identificar un nuevo modelo de acogida, que debe incluir este reparto competencial. La agencia, más allá de su evaluación inicial, podrá guiar a España en los aspectos más técnicos para implementarlo. Esta consultoría, según la EASO, se hace siempre a petición del Estado miembro y es “bastante común”, según un portavoz de la agencia. Ya se han llevado a cabo —en diferentes formatos según las necesidades del país— en Bulgaria, Suecia, Luxemburgo, Italia, Grecia, Chipre y Malta.