Atrapado a los 46 años en un centro de menores de Canarias

Suena uno de los móviles en el centro de menores de El Hierro, la última isla canaria en la que desembarcan los cayucos antes de perderse en el océano. Esta vez, por suerte, no les han cortado el wifi. Mamadou, el nombre ficticio de un maliense de 20 años, es uno de los chicos que se ha ofrecido a contar lo que sucede ahí dentro. Comienza la videollamada. Explica que solo tiene un calzoncillo que debe lavar cada día en la ducha, que apenas salen a la calle y que la rutina en la residencia —dormir, comer, clases de español, comer, dormir— le asfixia. Que les castigan sin internet o sin salir de su habitación si se portan mal. Pero su principal denuncia es otra: “Estamos en un centro de menores y aquí somos casi todos adultos”.

Mamadou menciona a Karamokho Cissokho, un agricultor senegalés que representa el ejemplo del absurdo, aunque no es el único. Los chavales lo arrastran hacia la cámara.

—Míreme, señora, ¿usted cree que soy menor de edad?

En la pantalla se ve a un hombre delgado, de 1,70, con poco pelo y barba. No tiene muchas arrugas, pero es, claramente, un señor. En su ficha se dice que tiene 17 años, pero, según consta en la foto del documento de identidad enviada a EL PAÍS, tiene 46. Cissokho, que dejó en Senegal dos mujeres y cuatro hijos, vive en ese centro de menores desde octubre.

Fue él quien dijo que era menor de edad al desembarcar. Después de seis días en un cayuco sin comer, asegura que estaba cansado y confundido, pero que al llegar al centro advirtió hasta cuatro veces a sus responsables de que era demasiado mayor para estar ahí. “Enseñé la foto de mi documentación y nada. Me es imposible quedarme aquí, tengo familia a la que alimentar”, reclama.

Pero Cissokho ahí sigue. Él y otros dos hombres que rondan los 30 años, uno de ellos con una barba que le ocupa media cara. Casi todos los demás, aunque más jóvenes, también son adultos. Los menores ahora rondan los 17 años, aunque en ese centro ya han convivido con niños en torno a los 14. De los 55 residentes actuales, 40 se han declarado mayores de edad, según los chicos y personal técnico. Se ven encerrados en un centro de una isla pequeña donde no tienen nada que hacer. Quieren que los trasladen a Tenerife, o adonde sea. Quieren vivir como adultos. “Aquí ni queremos salir a la calle porque tenemos un monitor diciéndonos que no podemos hacer esto y lo otro, no nos dejan hablar con nadie. Nos tratan como niños”, se queja Mamadou.

La directora general de Infancia, Iratxe Serrano, reconoce el problema: “Las entidades son muy competentes para trabajar con niños, pero no con un nivel tan importante de mayores. El estado tendría que implicarse más y, ante la duda de que sea mayor, debería asumirlo. Son cientos de personas en los últimos años de las que no nos podemos ocupar”.

En algún momento, algunos creyeron que decir que eran menores les beneficiaría, por estar más cuidados, para no ser expulsados o para gestionar su documentación. Otros ni siquiera sabían lo que decían cuando desembarcaron deshidratados. Y, en muchos otros casos, el propio sistema de llegada, centrado únicamente en dar ropa y comida y la identificación policial, favorece la confusión. Se hacen filas y se separa a gente sin la seguridad de que unos y otros se entiendan. Pasa en El Hierro y en cualquier costa.

Los chicos de El Hierro podrían escaparse del centro, pero sin su documentación física no pueden salir de la isla, necesitan la mediación de las autoridades para su traslado y la entrada, si se diese el caso, en un centro de mayores. Y para eso, según personal técnico de la Dirección General del Menor, todos tienen ahora que esperar a que salgan los resultados de las pruebas de determinación de la edad, que van con retraso. Todavía hay 1.282 menores en Canarias pendientes de hacerse esos exámenes forenses o su resultado. La fiscal de Extranjería de Tenerife, Carolina Barrio, responsable de las incidencias en el El Hierro, se limita a asegurar que la situación está en vías de solución y que tuvo conocimiento del caso hace pocos días.

La presencia de mayores de edad en los centros de menores de Canarias —así como la entrada de niños en los centros de adultos— es una de las deficiencias que se agudizó en 2020 cuando comenzó a aumentar la llegada de pateras y cayucos. El sistema, desbordado, falla en este y otros muchos aspectos como el hacinamiento, la escolarización, la tramitación de permisos de residencia o las dificultades para pedir asilo, como advierte el Defensor del Pueblo en una respuesta a la queja de un particular. El ejemplo del centro de El Hierro, que el Defensor visitó en noviembre, parece una caricatura y es, según fuentes del Gobierno canario, donde hay un mayor porcentaje de mayores, pero a lo largo de los dos últimos años se han repetido casos en todas las islas. Suele haber problemas de convivencia, además del riesgo, que el sistema ha acabado asumiendo, de que los niños vivan con adultos. Desde el punto de vista más práctico, además, los adultos están ocupando plazas que están faltando para los menores.

Fallos en cadena

El problema comienza nada más desembarcar. La Policía Nacional que identifica a cada uno de los recién llegados les separa por su edad. Más allá de los que dicen la verdad y son menores —que son la mayoría, según las memorias de la Fiscalía—, hay también niños que declaran que son adultos para, por ejemplo, poder salir más rápido de las islas y ponerse a trabajar. Y hay mayores que, por miedo a ser expulsados, entre otras cosas, mantienen que son adolescentes. Los agentes acaban actuando como máquinas y no importa que el que dice ser un menor tenga una barba hasta el pecho o que un niño de 14 años mantenga que tiene 20. Les vale su palabra. En teoría, cuando se topan con un caso que no les cuadre, en un sentido o en otro, deberían informar a la Fiscalía, pero, en la práctica, según diversas fuentes vinculadas a la protección de menores y de la propia policía, no lo hacen.

Al llegar al centro de menores, sus responsables también deberían informar a la Fiscalía de la presencia de personas indubitablemente mayores de edad. Los fiscales señalan que falta diligencia y celeridad a la hora de informarles de estos casos para actuar, pero la Dirección General de Infancia lo niega. Mantiene que los centros tienen instrucciones para alertar a la Fiscalía y que han sido cientos de comunicaciones que no reciben respuesta al ritmo deseado.

Cuando el caso llega por fin a la Fiscalía, se convoca al supuesto adulto a una audiencia para indagar sus circunstancias, pedir documentación y decretar su mayoría de edad si así lo considera, según explica la fiscal de Extranjería de la provincia de Las Palmas, Teseida García. Pero otro problema es que a esa altura los interesados ya se han sometido a las pruebas de determinación de la edad y lo habitual es que se aguarde el resultado antes de sacarlos de los centros. Las pruebas, en cualquier caso, son criticadas por la comunidad científica por sus amplios márgenes de error.

En 2021, la Fiscalía de Las Palmas, la que más trabajo ha tenido los dos últimos años con este asunto, resolvió 582 expedientes de los 1.388 abiertos. Se decretaron 242 mayorías de edad y se declaró menor a 238 niños y adolescentes, según sus propios datos. 91 procesos se archivaron por la fuga del interesado.

A toda esta secuencia, se suma que faltan inspecciones periódicas de la Fiscalía de menores en los centros, según las fuentes consultadas.

En Unicef, que reivindica desde hace años una política de gestión de la infancia migrante liderada desde el Estado, mantienen: “Esta es una de las consecuencias de un sistema que falla en su conjunto, que está infradotado y descoordinado. Y en momentos de crisis es mucho más evidente”. La solución, advierte Sara Collantes, especialista en migraciones de la organización, no puede pasar por ignorar la presunción de minoría de edad que declaran los recién llegados, sino por fortalecer el sistema. “Eso supone, por ejemplo, reforzar a la Fiscalía o tener personal especializado en infancia en la llegada a costa”.

El centro de El Hierro se abrió ante la llegada de más pateras y el colapso del sistema en el resto de islas. La situación de la red de protección en Canarias está al límite y acoge ya 2.819 chavales, un récord. Los centros del archipiélago continúan rigiéndose por un decreto de diciembre de 2020, una norma que permite habilitar espacios en lugares como un polideportivo, que amplía el número de niños atendidos en cada centro y rebaja las exigencias para atenderlos como el ratio de personal. Era una norma de emergencia, pero más de un año después es la normalidad. La directora general de Infancia, Iratxe Serrano, lanzó esta semana su enésimo grito de auxilio: “El próximo niño que llegue tendrá que quedarse en comisaría”. “No depende de mí esa decisión, pero es que no sabemos dónde meterlos, el desborde es absoluto”, dice Serrano a EL PAÍS: “Necesitamos auxilio, ayuda inmediata, con un mecanismo estable y ágil de reparto. Necesitamos medios técnicos, humanos y materiales. No podemos más”.