Camps intensifica la campaña para intentar frenar su juicio en la Audiencia Nacional

Francisco Camps, expresidente de la Generalitat Valenciana y exlíder regional del PP, ha intensificado la campaña para tratar de frenar el juicio que tiene pendiente por el caso Gürtel, para el que aún no hay fecha y donde afronta una petición de la Fiscalía de dos años y medio de cárcel por prevaricación y fraude. El exdirigente popular, que se ha ofrecido al partido para volver a la primera línea política, ha presentado un escrito en la Audiencia Nacional para pedir que se plantee una batería de cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que, en su opinión, deben resolverse ante de celebrar la vista oral para determinar si se han vulnerado sus derechos.

“Son elementos que deben quedar delimitados y claros con carácter previo a la celebración del juicio, pues pueden afectar directamente a la continuación del propio procedimiento frente a [Camps]”, expone el documento, fechado el pasado 28 de diciembre y al que tuvo acceso EL PAÍS. El expresidente autonómico sostiene que la Audiencia Nacional vulneró su derecho a la presunción de inocencia al incluirle en esta causa —centrada en adjudicaciones de la Generalitat a la Gürtel y que él califica como “un claro juicio de sesgo político”— después de que miembros de la trama lo señalaran en otra vista oral.

En su escrito, el popular carga también contra el juez instructor José de la Mata, al que acusa de haberle abierto una investigación prospectiva y sobre el que cuestiona su “imparcialidad” por haber ocupado el puesto de director general de Modernización de la Justicia entre 2009 y 2011, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE). El magistrado concluyó que el expresidente maniobró para adjudicar de forma irregular un contrato en 2009 a las empresas de la trama Gürtel y favorecer así a la red corrupta liderada por Francisco Correa, “como venía haciendo desde 2005”. Tras el recurso de Camps, la investigación fue avalada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que consideró que existen suficientes “indicios de criminalidad” para sentarlo en el banquillo de los acusados.

Según el tribunal, las pesquisas han “acreditado indiciariamente la participación directa y personal” del exdirigente popular en la adjudicación irregular del stand de grandes eventos Fitur 2009, así como la “estrecha relación” que mantenía con Álvaro Pérez, el hombre de Correa en Valencia y apodado El Bigotes. La Sala de lo Penal añadió que Camps conocía que el PP regional debía dinero a Orange Market, empresa de la red Gürtel: “Las adjudicaciones de contratos direccionados por Camps se produjeron con la finalidad de ganar tiempo y calmar a Pérez ante los continuos requerimientos que hacía (presionado por Correa) para que se saldara la cada vez más voluminosa deuda del PP”.

Además, en el juicio celebrado sobre la financiación irregular de los populares valencianos, Ricardo Costa, ex secretario general del PP autonómico, ya señaló a Camps al afirmar que la formación pagó las campañas electorales de 2007 y 2008 “con dinero negro de empresarios contratistas de la Generalitat” por indicación del entonces presidente de la Comunidad. El Bigotes también apuntó en la misma dirección y detalló, incluso, que Costa telefoneó en su presencia a Camps para “pedirle instrucciones” sobre cómo saldar la deuda del partido.

Aun así, el expresidente valenciano dice en el reciente escrito remitido a la Audiencia que la instrucción vulneró su derecho a la defensa; que De la Mata no cumplió con su obligación de “buscar pruebas tanto inculpatorias como exculpatorias —“es decir, valorar una hipótesis que sea compatible con la inocencia”, apunta—; y cuestiona, entre otros asuntos, que puedan utilizarse contra él las declaraciones vertidas por miembros de la trama en otros juicios. Sobre todo ello, quiere que el TJUE se pronuncie.

Esta no es la única iniciativa que ha adoptado Camps en los últimos meses. Según informó Europa Press, el exdirigente popular presentó una queja ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) por la supuesta falta de garantías en el proceso. También ha recusado al magistrado progresista José Ricardo de Prada, que forma parte del tribunal que lo juzgará. El político le atribuye una “palmaria animadversión” contra el PP. De Prada integró el tribunal que enjuició la trama principal del caso Gürtel, conocida como Época I, que acabó con la primera sentencia contra los populares por beneficiarse de la red corrupta y que impulsó la moción de censura del socialista Pedro Sánchez que desalojó de La Moncloa a Mariano Rajoy. Desde entonces, la formación conservadora mantiene una intensa campaña contra este magistrado.