Sánchez apunta que el Gobierno seguirá adelante con la ley de vivienda a pesar de los reparos del Poder Judicial

La ley de vivienda ha abierto un nuevo frente entre el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Tras el rechazo al informe de la norma del Ejecutivo, emitido el pasado viernes, el socio minoritario de la coalición ha sido el más contundente en cargar contra el órgano de gobierno de los jueces al cuestionar su “imparcialidad”. Mientras, el presidente, fue más comedido y mostró “absoluto respeto a lo que emita el CGPJ” pero a la vez dejó muy claro que la decisión del Gobierno es seguir adelante con la norma pese los reproches que pueda recibir de este organismo, cuyo mandato con mayoría conservadora caducó hace más de tres años. “El debate es que las fórmulas que hemos tenido hasta ahora para garantizar el acceso digno a la vivienda no son suficiente”, explicó el presidente en una rueda de prensa conjunta en La Moncloa con el canciller alemán, el socialdemócrata Olaf Scholz, que también señaló que esta cuestión de la vivienda es importante en su país y respaldó a Sánchez. “Una amplia mayoría de ciudadanos, voten a quien voten, comparte la necesidad de una mayor implicación de lo público para que la vivienda no sea un problema como es ahora sino un derecho real. El Gobierno está comprometido con una ley de vivienda que para nosotros es el quinto pilar del Estado del bienestar. Miraremos el informe del CPGJ con respeto, pero el compromiso del Gobierno es construir este quinto pilar y redoblar el esfuerzo público con la vivienda. Mañana [en el Consejo de Ministros] aprobaremos el plan estatal de vivienda y bono joven del alquiler”, explicó el presidente, y la ley de vivienda queda lista para rematarla cuando el Ejecutivo reciba el informe del órgano de gobierno de los jueces.

Mientras, la portavoz de Podemos, Alejandra Jacinto, ha acusado también al Poder Judicial de “extralimitarse” en sus funciones y ha subrayado que la ley es “sumamente respetuosa” con las competencias de las comunidades autónomas. El texto del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, de hecho, deja en manos de las autonomías la limitación de los precios de los alquileres. La ministra Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno, ha considerado, por su parte, que es una norma “compleja” y ve “lógico que haya dudas”. “Habrá que esperar al informe que se emita el 27 de enero por parte del Poder Judicial. En el momento en que se produzca lo valoraremos y tomaremos en consideración el contenido del informe para poder adaptar la ley si es preciso a las consideraciones que se realicen”, ha observado la ministra de Transportes, Raquel Sánchez. Fuentes de Unidas Podemos, sin embargo, han señalado a última hora de la tarde del lunes que “no aceptarán” ningún cambio en lo pactado, al considerar que sería “un grave incumplimiento” de los acuerdos suscritos entre los socios.

“El debate competencial en materia de vivienda está sirviendo como coartada para mantener una legislación a favor de los monopolios inmobiliarios desde hace ya bastante tiempo”, ha manifestado Jacinto, secretaria de Vivienda del partido y diputada autonómica en la Asamblea de Madrid. En su opinión, el informe del CGPJ debe pronunciarse “sobre aquellos aspectos que modifican la ley de enjuiciamiento civil”, es decir, sobre los detalles que modifican los procedimientos de desahucios. “Todo lo demás es extralimitarse en sus funciones, y, por tanto, no debería tener cabida”, ha señalado.

La portavoz de Podemos, que ha calificado la decisión del CGPJ de “giro de 180 grados”, ha cuestionado la “imparcialidad” del organismo tras haber decidido cambiar al ponente del informe. “Esto pone de manifiesto otro episodio de lucha entre dos polos. Por un lado, los colectivos sociales en defensa del derecho a la vivienda, las organizaciones de derechos humanos y el bloque de investidura, y, por el otro, algunos sectores conservadores de la judicatura, especuladores inmobiliarios y el lobby del ladrillo”, ha declarado. “No es descabellado pensar que algo ha tenido que ver la mano invisible de las élites del ladrillo en este cambio de parecer dentro del CGPJ”, ha reiterado Jacinto.

La diputada ha añadido que en el contexto de la ley de vivienda se han “superado ampliamente” los plazos “posibles, razonables e incluso prometidos”. “Con este retraso deliberado los plazos legales por parte del CGPJ tampoco se están cumpliendo, máxime cuando estamos hablando de un órgano que está en funciones y caducado”, ha criticado en referencia al bloqueo en la renovación de la institución, que ha excedido su mandato más de tres años.

Podemos confía en que el PSOE “cumpla su palabra” y que el texto pueda salir pronto adelante, aunque ha reconocido que la norma acumula un retraso desde su aprobación en primera vuelta en el Consejo de Ministros. “No pasa desapercibido que el anteproyecto de la ley de vivienda se publicó el 27 de octubre y no fue hasta el 1 de diciembre cuando el PSOE remitió el texto legal al CGPJ. Habría que preguntarle a la ministra del PSOE [Raquel Sánchez] a qué se debe ese retraso”. La parte socialista del Gobierno no ha querido abrir un nuevo frente interno en la coalición tras la polémica sobre la calidad de la carne. La ministra Sánchez ha observado que el texto se remitió a principios de diciembre al Poder Judicial para que estuviera listo “lo antes posible”. La ley, uno de los compromisos del Gobierno de coalición, estuvo paralizada durante meses por el desencuentro entre los socios. Aunque se trata de un texto del Ministerio de Transporte, en manos del PSOE, la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, llevó en primera persona la negociación, en un asunto prioritario para su partido.

En un tono diferente al de Jacinto, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha señalado en La Sexta que el informe del Poder Judicial “es preceptivo y no vinculante”, aunque en un estilo más templado ha reconocido a continuación que se trata de una ley “compleja” y considera “lógico que haya dudas”. La ministra de Política Territorial ha subrayado, desde el respeto al órgano de Gobierno de los jueces, “su situación es anómala y preocupante” en relación con su renovación pendiente. Está previsto que el Poder Judicial emita un nuevo informe sobre la ley de vivienda el próximo 27 de enero.

Rodríguez se ha referido a la ley de vivienda como una ley “muy importante” y ha subrayado que el Gobierno quiere ser respetuoso y garantizar la seguridad jurídica. La ministra Portavoz también ha incidido en que la norma seguirá hacia delante si el Poder Judicial no lo avala porque no es un informe vinculante. “Lo importante es dar seguridad y certeza de que hay determinación”, ha añadido. La ministra de Transportes ha lamentado la demora que se va a producir en la aprobación de la ley y ha defendido que la nueva normativa “respeta escrupulosamente las competencias de las comunidades” en materia de vivienda.

La norma ya pasó el pasado jueves el filtro de la comisión de subsecretarios sin cambios y estaba lista para ser aprobada este martes en Consejo de Ministros cuando llegó el giro inesperado de la mayoría conservadora del CGPJ, que tumbó el informe favorable a la ley del vocal progresista Álvaro Cuesta.

El portavoz de la dirección federal del PSOE, Felipe Sicilia, también se ha mostrado muy cauto y ha evitado las críticas frontales al Consejo General del Poder Judicial a cuenta de la ley de vivienda. “Respetamos lo que diga el Poder Judicial como cualquier instancia judicial. Para nada hemos abordado su informe en la ejecutiva, el Gobierno tiene claro lo que tiene que hacer: lograr un mayor parque de vivienda pública para que los jóvenes puedan emanciparse y que sea más eficiente y respetuoso con el medioambiente”, ha zanjado.

Malestar en el CGPJ

Las críticas del Gobierno al CGPJ no han sentado bien en el órgano de gobierno de los jueces. Varios vocales consultados defienden que su legitimidad para informar sobre los anteproyectos de ley no queda cuestionada por el hecho de que el Consejo esté en funciones desde diciembre de 2018 y recuerdan que el Ejecutivo no alteró esta competencia cuando hace un año legisló sobre qué funciones mantenía el Consejo y cuáles no mientras estuviera en funciones a la espera de ser renovado. De hecho, esta es ahora una de las principales funciones que ejerce el pleno después de que esa reforma legal le retirara la competencia de nombrar a los altos cargos de designación discrecional, advierten las fuentes consultadas.

Solo en 2021, el Consejo aprobó 13 informes sobre anteproyectos de ley. Todos avalaron en líneas generales las normas propuestas por el Gobierno, aunque algunos cuestionaron aspectos clave, como ocurrió con el informe sobre la ley de libertad sexual o el que examinó la ley de memoria democrática. Algunos vocales, tanto del bloque conservador como del progresista, critican el hecho de que el Ejecutivo solo cuestione su legitimidad cuando el informe del Consejo no es favorable a la ley en cuestión.