Balance de un año criminal
Los autores del crimen del concejal de Llanes, el asesino de Laura Luelmo, Igor el Ruso y el Rey del Cachopo han sido condenados en 2021
El 2021 ha sido un año de importantes condenas criminales. Fueron los casos de los asesinos de Javier Ardines, el concejal de Izquierda Unida en Llanes (Asturias), que falleció tras sufrir una emboscada cuando salía de su casa la mañana del 16 de agosto de 2018. También fue sentenciado el llamado Rey del cachopo, Cesar Román, declarado culpable de matar y descuartizar a su expareja, Heidi Paz, de 25 años, el 5 de agosto de ese mismo año. Prisión permanente revisable fue la condena para Bernardo Montoya, el hombre acusado de raptar, violar y matar a la joven profesora Laura Luelmo, en diciembre de 2018 en El Campillo (Huelva). Y un jurado popular entendió que Norbert Feher, más conocido como Igor El Ruso, era culpable del asesinato del ganadero José Luis Iranzo y de los dos guardias civiles Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero que acudieron a socorrerle en Teruel en diciembre de 2017.
Pero 2021 ha sido también un año de espantosos crímenes por tener a niños o a jóvenes como víctimas. La llamada violencia vicaria, la que ejercen los padres contra los hijos para hacer daño a la madre, mantuvo a toda España en vilo durante semanas de abril y mayo, mientras el buque de la Guardia Civil Ángeles Alvariño, propiedad del Instituto Español de Oceanografía, buscaba en las profundidades de las aguas de la isla canaria de Tenerife los cuerpos de Anna y Olivia, las dos niñas de uno y seis años asesinadas por su padre, el empresario Tomás Gimeno, que presumiblemente se quitó la vida ahogándose después.
Ha sido un año de asesinos reincidentes como Francisco Javier Almeida, el llamado “asesino de Lardero” (La Rioja), donde presuntamente mató a Alex, de nueve años, tras engatusarle en un parque próximo a su casa el pasado 28 de octubre. Almeida llevaba en libertad condicional desde el 8 de abril de 2020. En 1993 fue encarcelado para cumplir una condena de siete años por agresión sexual. Cuatro años después, en mayo de 1997, salió del penal. Sin embargo, aquella libertad le duraría solo 15 meses. A finales de agosto de 1998 fue detenido y encarcelado de nuevo. En esta ocasión, por violar y asesinar a una agente inmobiliaria, a la que apuñaló con ensañamiento 17 veces antes de matarla mientras le mostraba un piso de Logroño en el que Almeida fingió estar interesado. El caso puso en cuestión el grado de reinsertabilidad social de algunos criminales. Solo un mes antes del crimen de Lardero, la doctora Noelia Demingo, que en 2003 mató a tres compañeros en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid tras sufrir un brote esquizofrénico, apuñalaba a una cajera de un supermercado de El Molar (Madrid).
Violencia juvenil
Pero la violencia entre los jóvenes ha sido una constante a lo largo de este 2021. Las frecuentes agresiones mortales, casi siempre con armas blancas, entre las llamadas “bandas latinas”, acabaron con vidas como la de Isaac en Madrid, un chaval de 18 años, al que cuatro chicos asestaron cuatro puñaladas en un oscuro túnel el pasado 14de julio por tener contacto con jóvenes de una banda rival. Pero también hubo agresiones brutales como la de Samuel Luiz (24 años) en A Coruña, un chico gay que murió por los golpes y las patadas asestados por una turba de jóvenes a la salida de una discoteca en la madrugada del pasado 3 de julio. Un asesinato con infinidad de testigos y calificado socialmente –aunque no policialmente-- de homófobo, que levantó a todo el colectivo LGTBI con manifestaciones por toda España. El crimen de Samuel volvió a poner en primer plano la gratuidad de la violencia juvenil en un contexto de drogas y alcohol desatada por desencuentros nimios. También este caso mostró los ferreros valores humanos de quienes más han sufrido, como fue el caso de Ibrahima y Magatte, los dos inmigrantes senegaleses que trataron de defender a Samuel de la agresión mortal, soportando golpes de los agresores.
Brotes racistas
El asesinato a quemarropa del marroquí de 37 años Younnes Bilal en Mazarrón (Murcia) el 13 de junio alertó a toda la comunidad musulmana en España que calificó el crimen de “racista”. Al grito de “moro de mierda”, Carlos Patricio B. M., un exmilitar madrileño de 52 años, le descerrajó tres tiros con una pistola que previamente se fue a buscar a su casa. La tibieza inicial de los políticos locales contrastó con las manifestaciones de repulsa impulsadas por los muchos musulmanes que pueblan esa región agrícola española y apoyadas por buena parte de la sociedad civil. Y los discursos xenófobos de Vox, un partido que ha irrumpido con fuerza en esa comunidad, fueron puestos entredicho por suscitar el odio entre culturas y costumbres que llevan décadas conviviendo juntas.
Por último, la policía reactivó investigaciones históricas, como el asesinato de Miriam, Toñi y Desirée, las niñas de Alcàsser (1992), con la inclusión de su presunto asesino, Antonio Anglés, en las listas de criminales más buscados de Europa. El caso prescribirá en diciembre de 2029.
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