El juez archiva la denuncia de Pablo Iglesias por amenazas contra un chat de policías

El Juzgado de Instrucción 13 de Madrid ha archivado la denuncia presentada por Pablo Iglesias, exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos, contra un grupo de Facebook con miles de policías inscritos y bautizado como Primavera Española del CENEPE (en referencia a las siglas CNP, de Cuerpo Nacional de Policía). El exdirigente político pidió que se investigara el chat por posibles amenazas, injurias, calumnias y un posible delito de odio. Pero el magistrado lo ha descartado y ha dado carpetazo al caso al considerar que los mensajes publicados son solo insultos “vertidos en un foro privado”. Iglesias ya ha recurrido.

El antiguo líder de Podemos presentó el 30 de abril una denuncia en la comisaría del Congreso. Entonces, aún seguía en la primera línea de la política: acababa de dejar el Gobierno para concurrir a las elecciones de la Comunidad de Madrid. Iglesias aportó una batería de mensajes difundidos en el grupo de Facebook: entre ellos, los que rezaban “hijo de la gran puta, rata, escoria, basura... No digo lo que haría porque voy abrochado, cerdo”; “yo me follaba a su mujer...”; “siempre será el parásito amigo de los terroristas” y “quien siembra vientos recoge tempestades”.

El político consideró estas publicaciones como “graves comentarios y amenazas contra mi persona, las personas de mi entorno familiar y autoridades del Estado”. “Es especialmente grave porque estas conductas se estarían produciendo por presuntos agentes de la autoridad policial”, añadía la denuncia, donde se remachaba: “Los mensajes en este grupo, por su gran número de integrantes, más de 15.000, están dirigidos o resultan idóneos para que públicamente fomenten, promuevan o inciten directamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo o personas por razones de ideología”. Iglesias y su pareja, la ministra Irene Montero, han denunciado la campaña de acoso que han sufrido durante meses en su propio domicilio y que ha dejado varias condenas en los tribunales.

En el auto de archivo, fechado el 23 de noviembre y al que tuvo acceso EL PAÍS, el juez Hermenegildo Alfredo Barrera descarta los delitos denunciados por el exlíder de Podemos. El magistrado, que cuenta con el respaldo del fiscal, afirma que esos mensajes no son amenazas: “Solo constan insultos”. También rechaza el delito de odio porque las publicaciones no se dirigen contra Iglesias por su pertenencia a un grupo especialmente protegido por el Código Penal, “sino como persona concreta e individual”: “A mayor abundamiento no se constata un peligro para un grupo de personas como consecuencia de las frases que constituyen los insultos. No hay amenazas, y sin perjuicio de las críticas que puedan contener, no puede considerarse que se esté alentando un ataque a la integridad física del denunciante”.

El magistrado añade que se trata de “un foro privado [formado] por personas que, aparte de no estar identificadas, carecen de notoriedad pública”. “Se ignora como el propio denunciante ha podido obtener el acceso a dicho grupo, en cuanto que solo permite el acceso previa verificación y autorización de los administradores”, apostilla el auto: “Hay frases groseras e incluso que rayan la zafiedad, pero lo que se trata en un procedimiento penal es constatar si existe o no delito. Asimismo, teniendo en cuenta cuando se presenta la denuncia y la antigüedad de los mensajes, el denunciante ya no era miembro del Gobierno”.

Iglesias presentó un recurso este miércoles, donde reprocha al juez que no “haya ordenado” la práctica de ninguna prueba. Además, el abogado del exvicepresidente dice que los mensajes deben valorarse como hechos en público: “Considerar que la difusión a más de 10.000 personas pueda considerarse [como un] grupo cerrado, conlleva alterar la verdadera significación de la publicidad de la actuación”. “Se trata de miles de personas pertenecientes supuestamente al Cuerpo Nacional de Policía, elementos que al humilde entender de esta parte configuran su gravedad”, apostilla en sus alegaciones.

Un administrador de Primavera Española del CENEPE aseguró a EL PAÍS que los comentarios contra políticos “son puntuales”. La Fiscalía ya archivó en marzo otra investigación abierta sobre el chat de WhatsApp de un grupo de mandos retirados del Ejército del Aire en el que un miembro habló de “fusilar a 26 millones” de españoles y, entre otras cuestiones, otro planteó la posibilidad de dar un golpe de Estado contra el Gobierno. El ministerio público concluyó que los comentarios no encajaban en el delito de odio al hacerse en un ámbito “privado”.