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Policías y guardias, unidos contra la reforma de la ‘ley mordaza’

Los sindicatos policiales convocan manifestaciones frente a una norma que entienden que los “criminaliza”, “desprestigia” y los “pone en riesgo”

Patricia Ortega Dolz
El exdiputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, en un desalojo en Lavapiés (Madrid) en 2019.
El exdiputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, en un desalojo en Lavapiés (Madrid) en 2019.EP

La competencia histórica entre la Policía Nacional y la Guardia Civil solo se ha dejado de lado en los últimos tiempos por dos motivos: la equiparación salarial (con otros agentes y policías autonómicos) y, ahora, por la reforma de Ley de Seguridad Ciudadana, popularmente conocida como ley mordaza. Agentes de prácticamente todos los sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil acudirán juntos a las concentraciones y manifestaciones previstas para los próximos 24 y 27 de noviembre en toda España, con el fin de “formar un frente común contra la amenaza” que representa la reforma de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana que proyecta el Gobierno.

Desde que se conocieron los principales cambios acordados por los socios de Gobierno (PSOE y Unidas Podemos), comenzaron a sucederse los comunicados de protesta emitidos desde unos y otros sindicatos que entienden que se “criminaliza, desprestigia y pone en riesgo a los agentes”.

Manifestaciones “espontáneas”. El nuevo texto legal, en contra del aprobado hace seis años con la mayoría absoluta del PP, suaviza la actuación policial en las manifestaciones, permitiendo que estas sean “espontáneas” (no comunicadas). Los agentes lo ven como “un peligro”, para los que tengan que acudir sin conocer siquiera el itinerario previsto.

Veracidad del atestado. Un asunto peliagudo, y que la policía entiende como una “criminalización”, es el de limitar la presunción de veracidad de los atestados a lo “razonable”. “Esta reforma nos desprestigia, sitúa a los policías al nivel que los delincuentes cuando retira la presunción de veracidad que tenían las actas policiales”.

Grabaciones e imágenes. La reforma contempla, con el aval del Tribunal Constitucional, que se puedan difundir imágenes o grabaciones de las actuaciones policiales, algo prohibido en la norma actual. Un aspecto que los agentes consideran que les pone en riesgo a ellos y a sus familias.

Dos horas de detención. Se limita a dos horas el tiempo de detención de quienes se nieguen a identificarse (ahora son seis). Los agentes creen que tendrán que actuar en “tiempo récord”.

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‘Modo taxi’. La reforma legal obliga a devolver a los detenidos al lugar donde se les arrestó, no a dejarles ir en comisaría. Los agentes temen convertirse en una suerte de “taxistas”, a falta de que se sepa cómo se articulará esa medida.

Representantes de los sindicatos policiales se reunieron el pasado 15 de noviembre con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para mostrar su rechazo ante la reforma legal. Según ellos, el ministro les aseguró que “es un proyecto” susceptible “introducir modificaciones”.

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Sobre la firma

Patricia Ortega Dolz
Es reportera de EL PAÍS desde 2001, especializada en Interior (Seguridad, Sucesos y Terrorismo). Ha desarrollado su carrera en este diario en distintas secciones: Local, Nacional, Domingo, o Revista, cultivando principalmente el género del Reportaje, ahora también audiovisual. Ha vivido en Nueva York y Shanghai y es autora de "Madrid en 20 vinos".

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