Un tribunal ordena el ingreso en prisión de diez condenados por el ‘caso Blanquerna’

La Audiencia Provincial de Madrid ha requerido a diez de los condenados por el caso Blanquerna para que entre el 25 y el 29 de noviembre recojan presencialmente su mandamiento de ingreso en prisión, después de que el Tribunal Constitucional haya inadmitido su último recurso de amparo. Una vez recojan ese documento, los requeridos tendrán diez días para ingresar en el recinto penitenciario que elijan. Todos fueron condenados en 2016 por irrumpir de forma violenta en el centro cultural Blanquerna de Madrid (vinculado a la Generalitat catalana y ubicado en la calle de Alcalá número 44) durante la Diada nacionalista de 2013. La Audiencia Provincial les impuso penas de entre seis y ocho meses de prisión por delitos de desórdenes públicos y daños; el Supremo elevó posteriormente las penas, hasta los cuatro años de cárcel, al estimar el agravante de discriminación ideológica, y de nuevo las rebajó en 2020 hasta los dos años y nueve meses, después de que el Constitucional impusiera la retirada de ese agravante.

De los 14 condenados, uno está en busca y captura; otros dos, pendientes de que se resuelva su indulto; y otro huyó y fue posteriormente detenido, por lo que cumple ya condena en un recinto penitenciario. Los diez restantes lograron in extremis la suspensión del ingreso en prisión el pasado abril, al recurrir en amparo ante el Constitucional, pero el tribunal de garantías ha desestimado finalmente el recurso, según ha comunicado este martes el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El asalto al centro cultural Blanquerna se produjo el 11 de septiembre de 2013, durante la Diada de Cataluña: el grupo ultra irrumpió en el salón de actos al grito de “no nos engañan, Cataluña es España”, y se abrió paso lanzando gas pimienta con un spray y dando empujones a varios asistentes. Agredieron a varios de los presentes, entre ellos al senador del PNV Iñaki Anasagasti y los diputados Teresa Cunillera (PSC) y Josep Sánchez Llibre (UDC). Derribaron varias librerías, lanzaron el gas lacrimógeno y arrancaron el atril y la senyera que presidía el acto. Cinco personas, entre ellas una niña de tres años y medio, tuvieron que ser atendidas por personal sanitario por inhalar el gas pimienta que lanzaron los boicoteadores.

Entre los procesados y detenidos entonces, todos hombres de entre 20 y 55 años y una mujer veinteañera, se encuentran antiguos dirigentes y líderes de Falange y de la Asamblea por la Unidad Nacional, muchos de ellos con antecedentes policiales y penales: hurto, atentado a agente de la autoridad, resistencia, lesiones, riña tumultuaria, desórdenes públicos y daños.

Íñigo Pérez de Herrasti Urquijo (64 años hoy) es el que contaba con un historial delictivo mayor. Máximo dirigente de la Asamblea por la Unidad Nacional, fue detenido el 16 de septiembre de 2000 con otros tres neonazis en posesión de armas y material inflamable para fabricar explosivos, con los que pretendían atentar contra familiares de presos de ETA cuando se desplazaran a Madrid a visitar a dichos reclusos. Fue condenado a 14 años de prisión por aquellos hechos. Pedro Chaparro Velacoracho (34 años) era en 2013 dirigente de las juventudes de Democracia Nacional. Se dejaba ver en fotos y vídeos en las redes sociales participando en actos y marchas racistas y xenófobas.