Podemos acusa a la Policía de extralimitarse en sus investigaciones sobre el ‘caso Neurona’

Podemos intensifica su batalla contra la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía encargada del caso Neurona, la investigación judicial abierta contra el partido por la contratación de la consultora mexicana Neurona para las elecciones generales de abril de 2019. La formación ha presentado este lunes un escrito ante el magistrado instructor Juan José Escalonilla donde denuncia que los investigadores se han extralimitado en sus funciones al analizar el diálogo mantenido en un “chat confidencial de trabajo” entre una de sus empleadas y el coordinador de Neurona. Según afirma la defensa de Podemos, el juez solo había dado permiso para descargar los vídeos incluidos en este chat y no “las conversaciones, que quedaban vedadas del examen policial”.

La fuerza política, liderada actualmente por Ione Belarra, se encuentra muy molesta con el proceder de la UDEF. “No es la primera vez que la fuerza actuante, bien pueda ser por un exceso de celo profesional en el ejercicio de sus funciones para el esclarecimiento de los hechos investigados, desborda los términos del encargo que habían sido fijados por el magistrado”, critica en su escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS. En este sentido, el partido recuerda dos actuaciones en las que, según su opinión, los agentes ya sobrepasaron las órdenes de Escalonilla.

En primer lugar, Podemos critica que los investigadores llegaron a “tomar declaración a diversos testigos a espaldas de las partes y del juez” después de que el instructor les encomendase que simplemente comprobasen “la veracidad de billetes de avión y de justificantes de hospedajes presentados [por la formación] y relativos a los trabajadores presuntamente contratados por Neurona”. Por otra parte, según consta en su escrito, después de que el magistrado pidiese “únicamente” investigar el destino de 30.000 euros aportados por el partido a la asociación 404, la UDEF “llegó a intervenir las comunicaciones y a vulnerar el derecho a la intimidad de la presidenta de la asociación, incluyendo correos electrónicos y mensajes de Whatsapp”. Una línea de las pesquisas que se ha archivado en dos ocasiones.

Podemos insiste en que la UDEF ha vuelto ahora a extralimitarse con el análisis del chat entre su empleada, Karin Gajardo, y el coordinador de Neurona, Carlos Portillo. “En ninguna resolución judicial se menciona de manera expresa que deba ser objeto de volcado, análisis e investigación el contenido de las conversaciones”, apunta en su escrito, donde pide que se aclare si fue el propio magistrado quien ordenó “expresamente” a la Policía analizar el diálogo entre ambos —“que, en tal caso habría dejado sin efecto los pronunciamientos anteriores que acotaban ya su alcance y extensión”— o si, por el contrario, los agentes lo han “ejecutado en dichos términos sin su conocimiento”.

La formación recuerda que ya expresó en su día que esta prueba debía limitarse a la descarga de los vídeos del chat: “Al tratarse de un chat de trabajo, desarrollado en el curso de una campaña electoral, que podía contener información reservada, estratégica y confidencial del partido”. “El motivo no era solo el de preservar el derecho a la intimidad en el ámbito laboral de ambos intervinientes, sino también las herramientas y conversaciones de trabajo del partido, que tiene también derecho a mantener reserva sobre su forma de trabajo, su estrategia comunicativa y electoral, y en definitiva al secreto de sus comunicaciones, con más intensidad en este caso ya que en el presente procedimiento se ha admitido la personación de un partido rival” —Vox, presente como acusación popular—. Pese a ello, denuncia Podemos, la inclusión de las conversaciones en un informe de la UDEF ha provocado que estas estén siendo “objeto de difusión pública por parte de los medios, algo previsible teniendo en cuenta la acreditada connivencia de las acusaciones con determinados medios digitales para revelar el contenido del sumario reiteradamente y sin atadero”.

Aun así, Podemos aprovecha la ocasión para recalcar que las conversaciones entre Gajardo y Portilla evidencian que se contrató a Neurona para las elecciones de 2019 y que la consultora llevó a cabo el trabajo por el que se pagó. El juez Escalonilla ha mantenido en varias ocasiones que existen indicios de que se firmó un contrato “simulado” para abonar 363.000 euros a la compañía por no hacer nada.

Por otra parte, en otro escrito presentado también este lunes en el juzgado, el partido afirma que la Policía le ha solicitado las claves de acceso a su perfil de Facebook para la comprobación de “los datos técnicos de las publicaciones y sobre la subida de archivos”, entre otras informaciones. “Salvo error, no nos consta que esta diligencia de investigación haya sido expresamente acordada en ninguna de las resoluciones del Instructor, sino que se introduce ex novo por la fuerza actuante”, denuncia Podemos.

La macrocausa abierta

El caso Neurona nació como una macrocausa que ha empequeñecido y que Podemos ha calificado como un “montaje” para perseguir a sus dirigentes. Tras recibir una denuncia de un antiguo abogado de la formación, el juez llegó a abrir siete grandes líneas de investigación. Pero seis de ellas ya han sido cerradas: las que versaban sobre el supuesto desvío de dinero del fondo de solidaridad del partido; los contratos firmados con la consultora ABD Europa para las elecciones del 28 de abril de 2019; los sobrecostes en la reforma de la sede nueva del partido; el presunto acceso de la cúpula sin permiso al disco duro de una empleada; la de los supuestos sobresueldos a través de complementos a Rocío Esther Val, gerente de la formación, y Daniel de Frutos, su tesorero; y la del presunto desvío de los fondos que el partido destinaba al Proyecto Impulsa, a través del cual ayudaba a organismos y colectivos sociales.

Actualmente solo sigue viva la parte sobre los contratos firmados con la consultora Neurona. Aunque la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado a Escalonilla asumir otras tres líneas de investigación derivadas del caso Neurona y que el magistrado remitió a otros juzgados. Dos de esas derivadas ya se habían archivado: sobre el presunto cobro por parte de Pablo Iglesias, exlíder del partido, de las costas de procedimientos judiciales en los que estuvo representado por abogados de la formación; y las donaciones supuestamente irregulares del partido a una entidad social y a la fundación Instituto 25-M, vinculada al partido. El magistrado José María Escribano mantiene abierta, por su parte, la tercera: el bautizado caso niñera, sobre el presunto uso de una asesora por parte de Irene Montero, ministra de Igualdad, para cuidar a uno de sus hijos.