La muerte de cinco artificieros militares en un ejercicio queda sin responsables

La muerte accidental de cinco militares cuando realizaban un ejercicio de desactivación de explosivos en el campo de tiro de El Palancar, en la Academia de Ingenieros de Hoyo de Manzanares (Madrid), el 24 de febrero de 2011, quedará sin responsables. El Tribunal Militar Territorial Primero ha anulado el procesamiento del único acusado, el teniente retirado de Infantería de Marina José Manuel Candón Ballesteros, y ha dictado el sobreseimiento definitivo del caso respecto a él. Al haber transcurrido más de diez años del siniestro ya no será posible dirigir la acusación contra ningún otro, pues el presunto delito está prescrito.

La titular del Juzgado Togado Militar Territorial número 11, la comandante Patricia Moncada, procesó al teniente, que resultó herido grave en el siniestro, basándose en que la explosión accidental de las nueve minas, con más de 55 kilos de TNT, que estaban apiladas en un hornillo (cráter en el suelo) para su destrucción con una carga hueca, solo pudo producirse porque al menos una de ellas tenía la espoleta puesta, lo que contravenía las normas de seguridad. La juez atribuyó al teniente, el militar de mayor graduación de los que estaban presentes, la condición de jefe del ejercicio de desactivación y responsable de supervisar su seguridad.

El tribunal revoca el auto de procesamiento, de más de 200 folios, con un sucinto escrito de solo tres páginas que se remite a una resolución anterior, del pasado 7 de mayo, que ya anuló el primer procesamiento del mismo oficial. Tras señalar que el nuevo auto “no aporta novedad alguna” y que los motivos de impugnación de la defensa, el fiscal y la acusación particular, contrarios al procesamiento, son “de semejante calado” al anterior, el tribunal lo anula y archiva definitivamente la causa contra el teniente, al no existir parte acusadora contra él.

Se da la circunstancia de que fue precisamente el empeño de Candón el que llevó, en mayo de 2018, a la reapertura de una investigación que ya había sido archivada. El teniente aportó un informe pericial según el cual la explosión fortuita de las minas pudo deberse a que se encontraban en mal estado, de lo que culpaba a los responsables logísticos que se las suministraron.

La investigación judicial confirmó que en estos ejercicios suele usarse munición caducada, pero añadió que en este caso no habría sido así, pues se empleó un lote en buen estado que por error se había remitido por duplicado al polvorín y había interés en deshacerse de él. La juez puso entonces la lupa en las medidas de seguridad y acusó al teniente de no haberlas supervisado. La defensa de Candón alegó que este solo era responsable del personal de Infantería de Marina, que se adiestraba para partir de misión a Líbano, pero no del Equipo de Desactivación de Explosivos (EOD) del Ejército de Tierra que se sumó en el último momento al ejercicio. Dos muertos y tres heridos pertenecían a la Infantería de Marina y los otros tres fallecidos al Ejército de Tierra; entre ellos, el sargento Valdepeñas, un experto artificiero al que estallaron las minas y a quien la juez atribuía la decisión de espolearlas para asegurar su completa destrucción.

En su auto de mayo, el tribunal señalaba que algunas de las declaraciones prestadas por Candón como testigo habían sido usadas para incriminarle, un asunto que ahora no menciona.