Octogenarios al servicio del narco

El madrileño Genaro M. tiene 84 años y, sobre el papel, disfruta de un lujoso tren de vida. Maneja 44 cuentas bancarias y figura en 25 empresas. Una de ellas, la inmobiliaria Lacy Patrimonio SL, de la que es dueño, acumula un capital social de 3,5 millones y controla 28 viviendas, plazas de garaje y un local comercial en la madrileña calle General Lacy, según las últimas cuentas de esta firma. El octogenario, sin embargo, reside desde 2008 en una vivienda tutelada del Ayuntamiento de Madrid y percibe una ayuda social para personas sin recursos de 286 euros al mes.

Genaro M. fue supuestamente uno de los seis testaferros de Juan Ramón García Crespo, un abogado madrileño investigado desde 2019 en la Operación Beautiful por lavar fondos de la mayor red de narcotráfico desmantelada en la Comunidad Valenciana. Un esquema teledirigido desde Alicante por el presunto traficante Juan Andrés Cabeza que movió 4.000 kilos de cocaína, según el sumario de esta causa que instruye la Audiencia Nacional y al que ha tenido acceso EL PAÍS.

El abogado García Crespo recurrió presuntamente a seis octogenarios sin recursos —uno de ellos ya fallecido— para legalizar el caudal de fondos de la red.

Los ancianos que usaba supuestamente este letrado, que se encuentra en libertad e imputado por blanqueo y pertenencia a organización criminal, manejaban en 2018 una madeja de 387 sociedades que tenía a su nombre 414 propiedades en Madrid. Pisos, locales, garajes, trasteros… El esquema ficticio para canalizar el dinero sucio del polvo blanco se completaba con una telaraña de cerca de 300 cuentas bancarias.

A sus 89 años, Eugenio C. formó parte de la lavadora de fondos del abogado. Pese a ingresar menos de 8.100 euros anuales de pensión, este alicantino controlaba en 2017 un total de 264 sociedades y 135 propiedades sobre el papel. Y hoy, como el resto de los ancianos que prestó su nombre a la trama del narco Cabeza, está imputado por blanqueo y pertenencia a organización criminal. “Hace mucho tiempo que no veo a ese señor. Todo eso acabó. Y punto. Adiós”, zanja por teléfono este hombre acusado de lavar 120.000 euros.

El octogenario José Luis G., que presuntamente blanqueó 314.000 euros, admite que el abogado les pagaba por estampar su firma en la notaría, pero corta en seco la conversación al ser preguntado por los detalles. “Prefiero no hablar. Adiós”. Una actitud de recelo que comparte Genaro M., de 84. “Voy a hablar con García Crespo antes de contestar a sus preguntas”, responde este último desde una residencia municipal del distrito centro de Madrid.

El engranaje por donde circuló el dinero de la cocaína incluyó también a un octogenario fallecido que llegó a controlar 32 propiedades, 13 vehículos de lujo y dos embarcaciones valoradas en más de medio millón. Su tinglado estaba a nombre de Sail Rent S. L., una empresa de alquiler de coches con unos activos de 2,4 millones que presuntamente usó el abogado García Crespo para legalizar el dinero del narco Cabeza. El testaferro fallecido lavó para la organización 756.140 euros.

A través de otra firma, la inmobiliaria Volga&Volga, el letrado controló mediante un hombre de paja de 80 años el Lady Lu, un barco atracado en el puerto alicantino de Denia cuyo propietario real era el traficante, que lo alquilaba por 3.500 euros diarios, según la investigación, que cifra el valor de esta embarcación en medio millón. Las pesquisas apuntan que el letrado recurría siempre a los mismos notarios y direcciones para domiciliar su telaraña de testaferros. También que estos le otorgaban poderes. Y que el abogado conseguía que los ancianos sin recursos estamparan su firma en notarías y bancos a cambio de 100 euros, según la confesión a los agentes de uno de los colaboradores de la tercera edad.

García Crespo, de 65 años, disfrutó de un insólito tren de vida que chocaba con sus ingresos oficiales, según la investigación. Pese a residir en una vivienda de más de 500 metros en la madrileña urbanización La Moraleja, donde aparcaba un Porsche Cayenne y un Ferrari F430, el letrado no declaró a la Agencia Tributaria entre 2011 y 2014 rendimientos del trabajo, actividades económicas o impuestos de patrimonio. Ni nóminas ni alquileres, según las pesquisas de la Operación Confianza, una causa archivada donde García Crespo estuvo imputado en 2018 por blanqueo de 3,7 millones. “No hay constancia de una fuente legal de ingresos declarada”, concluyen los investigadores.

El letrado, además, controla en la actualidad 16 propiedades, entre viviendas y oficinas, que incluyen su chalet de La Moraleja, otros 14 inmuebles en Madrid y una parcela en La Manga del Mar Menor (Murcia). Y aparece conectado a 53 cuentas bancarias.

Los investigadores acusan al abogado de lavar presuntamente más de dos millones de la trama del narco Cabeza.

García Crespo fue arrestado en septiembre de 2019 en su vivienda de La Moraleja, donde guardaba 40.800 euros en efectivo repartidos en sobres azules y en una caja fuerte y donde los agentes se toparon con cuatro coches de lujo.

“Crespo es el principal cerebro de las operaciones de blanqueo de capitales de la red criminal investigada”, concluye el informe policial que desencadenó la detención de este letrado que no ha respondido a las preguntas de EL PAÍS.

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