El Constitucional celebra este jueves su último pleno con su actual composición

Este jueves concluye el último pleno del Tribunal Constitucional con su actual composición. Se cierra una intensa etapa del tribunal que se ha caracterizado por la consolidación de una mayoría conservadora que por lo general ha actuado de forma muy cohesionada. Ello se ha reflejado en sentencias críticas con respecto a las iniciativas aprobadas por el Gobierno de coalición con el apoyo de sus socios parlamentarios. En paralelo, el tribunal de garantías ha avalado importantes leyes del anterior Ejecutivo. Y no es por que haya una doble vara de medir. Es el resultado de la actuación de una mayoría ideológicamente afín a la escala de valores de una administración, la anterior, y más alejada de otra, la actual.

Entre las leyes de etapas previas que han recibido el respaldo del Constitucional figuran dos ejemplos destacados. Uno fue el aval a la ley de Seguridad Ciudadana, la ley mordaza, recurrida en su día por toda la oposición, encabezada por el PSOE. El tribunal respaldó la constitucionalidad de esta ley, incluido el capítulo relativo a la inmigración en las fronteras de Ceuta y Melilla. De dicha ley solo se eliminó la posibilidad de control previo de la publicación de imágenes que pudieran afectar a la seguridad de miembros de cuerpos policiales. En ello influyeron las secuencias del caso Floyd, el ciudadano de raza negra asesinado en Mineápolis en 2020, víctima de un policía que le asfixió.

En fechas más recientes, el tribunal ha avalado la pena de prisión permanente revisable tras considerar que, a pesar de que requiere de 25 años de cumplimiento para una posible revisión efectiva, no puede calificarse de inhumana ni degradante. Los tres votos particulares en contra sostienen que el peligro de esta figura es que la condena se convierta en cadena perpetua.

En el otro lado de la balanza figura una ya larga colección de fallos que cuestionan la labor del Ejecutivo actual y las fuerzas que le apoyan en el Parlamento, avalando recursos de Vox y del PP. Los más destacados son los que han anulado los dos estados de alarma frente a la pandemia, acompañados del que cuestionó la restricción de iniciativas en el Parlamento en las primeras semanas de la emergencia sanitaria. Junto a ello, otras sentencias que anulan decretos-leyes del Gobierno, que han generado votos particulares en los que se sostiene que se está cercenando su capacidad de actuar conforme a sus competencias. Y están pendientes de fallo otros recursos, como el presentado contra la ley Celáa —que este jueves se empezará a estudiar en el pleno— o la de Eutanasia, que seguirían siendo resueltos por una mayoría que continuará siendo conservadora tras la renovación.