Euskadi, 10 años tras el fin de ETA: entre la normalidad y el riesgo del olvido

Diez años después del fin del terrorismo de ETA, Euskadi vive una normalidad en la calle y en la política muy superior a las de Irlanda del Norte y Colombia, que, casi al mismo tiempo, abordaron procesos similares. Los atentados y amenazas han desaparecido, el rechazo a la violencia es abrumador, existe un amplio reconocimiento a las víctimas, el clima político se ha distendido y los debates identitarios han sido eclipsados por los problemas ciudadanos.

Pero ese oasis tiene un lado oscuro con perfiles variados. La tentación de olvidar el drama vivido sin extraer la lección de que el terrorismo no tuvo justificación, y la ausencia de memoria compartida, separan hoy al País Vasco del logro de una convivencia plenamente normalizada. EL PAÍS ha hablado con historiadores, políticos, periodistas y responsables de colectivos vascos para tratar de entender ese reverso de la moneda. La conclusión mayoritaria es que, en el terreno político, la responsabilidad recae principalmente en Sortu —por su falta de autocrítica tras su complicidad con ETA— y en el PP y Vox —por el uso partidista del terrorismo—.

A esa doble pregunta sobre si Euskadi ha cambiado en esta década y qué le falta para una convivencia normalizada han respondido veteranos historiadores como Juan Pablo Fusi, Luis Castells y José Antonio Rodríguez Ranz, también viceconsejero de Memoria del Gobierno vasco; el sociólogo Ignacio Sánchez-Cuenca; el periodista Gorka Landaburu; el representante de la Fundación Mario Onaindia, Alberto Aguirrezabal; el vicepresidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Quico Tomás y Valiente; Consuelo Ordóñez, de Covite (Colectivo de Víctimas del Terrorismo); Joseba Azkarraga, de Sare (red de apoyo a los presos etarras), y Florencio Domínguez, presidente del Centro Memorial de Vitoria.

“La valoración con más peso en Euskadi es que ETA fue derrotada al no lograr sus objetivos políticos. Vivimos en libertad. La política se centra en los problemas ciudadanos”, señala Castells. Pero introduce un matiz: “ETA ha sido derrotada, no deslegitimada. Un sector de la sociedad vasca no rechaza su intento del pasado de imponer su ideología por la fuerza”.

Fusi subraya la contribución de los gobiernos de Patxi López (PSE) e Iñigo Urkullu (PNV) a la normalización, pero incide en que hay una aceptación general del lenguaje y simbología nacionalistas. Apunta críticamente que la normalización viene acompañada del olvido del terrorismo. “Sería injusto decir que ha habido un pacto de silencio, pero la distensión se ha traducido en olvido, en distanciamiento”.

Rodríguez Ranz coincide en que “el olvido no es la mejor medicina para sanar las heridas”. Propone una “mirada al pasado inclusiva, crítica”, y avanzar hacia un consenso sobre valores éticos. Destaca el avance, en estos diez años, en el reconocimiento a todas las víctimas: de ETA; de la guerra sucia y de abusos policiales, “sin equiparaciones ni exclusiones”. Sánchez-Cuenca apunta como punto negro que un tercio de los vascos sienten que su libertad sigue disminuida: “Son votantes del PP o sin ideología que sienten que su representación política no está reconocida socialmente”. Pese a ello, se apoya en los euskobarómetros para resaltar que la sociedad vasca está mejor estructurada que en el resto de España. “El terrorismo era tan anacrónico que la normalidad llegó rápido”, dice.

“ETA y la izquierda abertzale funcionan como una organización militar. Cuando sus jefes les exigieron parar, lo hicieron. Sabían también que su capacidad de actuar estaba bajo mínimos”, señala Aguirrezabal para explicar el drástico cambio. Landaburu percibió el punto de inflexión en la desaparición de las miradas de odio en la calle. No le sorprende la distensión porque los políticos, dice, se habían vacunado con la polarización del plan Ibarretxe.

“Me preocupa que se olvide a las más de 200 familias cuyos casos están sin resolver y que en la sociedad vasca haya sectores reacios a reconocer que ETA no tuvo justificación”, apunta Tomás y Valiente. Consuelo Ordóñez, tras admitir que el País Vasco ha mejorado, sostiene, contra el criterio mayoritario, que ETA no ha sido derrotada. “Hay paz a costa de las víctimas al haberse permitido la legalización de Sortu y la impunidad. Zapatero negoció, pero no engañó. Rajoy prometió que no habría impunidad, que Sortu sería ilegalizada. Nos engañó. Hay una deuda moral con las víctimas”, afirma.

Azkarraga subraya que la vida social y política se ha relajado en Euskadi y ha empeorado en Madrid. “Los partidos y medios conservadores actúan como si ETA existiera, mientras que la izquierda abertzale contribuyó al fin de ETA y su disolución. Ellos no lo reconocen, pero sí Euskadi”, sostiene, en alusión a los resultados electorales de Bildu, el representante de la red de apoyo a los presos etarras.

Florencio Domínguez incide en que el principal problema es la ausencia de reconocimiento por la izquierda abertzale de su pasada complicidad con ETA: “Afecta a la convivencia, a su papel como interlocutor político y a la memoria. Los jóvenes deben conocer la injustificable historia de ETA para que no se repita”. Tomás y Valiente abunda: “Es imprescindible esa autocrítica para que no se legitime la historia de ETA”.

Aguirrezabal responsabiliza a la derecha del desacuerdo. “Sigue utilizando a ETA, tras haberse disuelto. Es preocupante”, dice, al tiempo que ve imprescindible la autocrítica de Sortu. Pero Azkarraga precisa que no solo la izquierda abertzale tiene que avanzar. Tras admitir que “el Gobierno ha mejorado la situación de los presos”, dice: “Quedan pendientes reconocimientos de abusos por el Estado”.

“Hay muchas heridas por cicatrizar. A Sortu, que ya ha reconocido el dolor causado a las víctimas, le falta decir que el terrorismo fue injusto e inútil”, señala Landaburu, que lamenta también la actitud del PP. “Si hubiera reconocimiento político del final del terrorismo, mejor, pero la sociedad ya lo tiene asumido”, concluye Sánchez-Cuenca.

Castells lamenta el desacuerdo de los partidos en el Congreso y en el País Vasco sobre el terrorismo e incluso el franquismo, cuando en Italia y Francia hay un consenso sobre lo que representó el fascismo. Lo atribuye a “usos partidistas del pasado”. “Hay que dejar que la historia cumpla su papel moral y pedagógico, como decía Santos Juliá, y construir la convivencia sobre la verdad. No podemos ser asépticos ni con el terrorismo ni con el franquismo, cuyos restos alimentaron a ETA en la Transición. Ni uno ni otro tuvieron justificación”, finaliza Castells.