Las asociaciones de jueces exigen a los partidos paridad en la renovación del Constitucional

Las asociaciones de jueces exigen a los partidos un compromiso para que la próxima renovación del Tribunal Constitucional avance hacia la paridad. La composición actual de este órgano (dos mujeres y 10 hombres) hace imposible que el equilibrio se alcance con la incorporación de los cuatro magistrados que el Gobierno y el PP deben pactar ahora, pero las asociaciones advierten de que el reparto vigente incumple la ley de igualdad y consideran que los partidos deberían aprovechar esta renovación para empezar a corregirlo.

La ley de igualdad, aprobada en 2007, establece en su artículo 16 que los poderes públicos “procurarán atender al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad que les correspondan”. Mientras la mayoría de las administraciones han avanzado en esa dirección en los últimos años, la cúpula judicial sigue siendo mucho más inaccesible para las mujeres que para los hombres. El Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial, pero su composición se ha quedado anclada en una realidad que ni siquiera representa la presencia actual de mujeres en los ámbitos judiciales y académicos de los que se nutre de este órgano. “El Constitucional es el garante de la Constitución y, como tal, de la igualdad. No puede ser que el garante de la igualdad no dé ejemplo”, señala la magistrada Lucía Avilés, socia fundadora de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE).

Aunque la necesidad de implantar cuotas de mujeres para garantizar una presencia mínima parece superada en la mayoría de los ámbitos, Avilés considera que en el caso del Constitucional sí puede estar ahora justificado. “La ley exige equilibrio y no se está cumpliendo. Las cuotas son a veces necesarias”, señala la magistrada, que cree que los partidos deberían plantearse como opción que las cuatro incorporaciones que van a designar para el Constitucional en la inminente renovación sean mujeres. Ni siquiera con esta medida excepcional se conseguiría equilibrar la composición del órgano, ya que entre los cuatro magistrados con el mandato caducado que deben ser relevados se encuentra la vicepresidenta, Encarnación Roca, una de las dos mujeres del actual pleno. Por tanto, la elección ahora de cuatro magistradas dejaría un balance total de siete hombres y cinco mujeres.

Entre las asociaciones de jueces hay consenso en exigir al Gobierno y el PP que se avance hacia la paridad en los próximos nombramientos, aunque la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) no es partidaria de primar a las mujeres sobre los hombres. “El Tribunal Constitucional, como todas las instituciones, debe avanzar hacia la paridad. Pero siempre, sea hombre o mujer el designado, que sea por mérito y capacidad”, señala su portavoz, María Jesús del Barco. Pese a que no se impongan cuotas, advierte, “es difícil creer que no hay ninguna mujer que reúna los requisitos y que tenga los méritos y la capacidad necesarios” para acceder al Constitucional.

Esta reflexión es compartida por el resto de asociaciones. “Si se hacen nombramientos por mérito y capacidad, es inverosímil que salgan tan pocas mujeres. Así que hay que asumir que hasta ahora se ha producido algún tipo de discriminación que ha llevado a que la inmensa mayoría de los elegidos para ser miembros del Constitucional hayan sido hombres”, advierte el portavoz de Francisco de Vitoria, Jorge Fernández Vaquero. Su asociación no es partidaria de las cuotas por regla general, pero considera que la situación actual puede merecer una excepción y es un “buen momento” para “corregir los errores del pasado”. “Hay que normalizar la situación. El punto de partida es absolutamente desequilibrado y no responde a la realidad, por lo que hay que corregirlo cuanto antes”.

En la misma línea se pronuncia el viceportavoz de la progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJPD), Fernando de la Fuente. “Esta es una ocasión estupenda par avanzar hacia la paridad. Hay una desproporción tremenda y con esta renovación y la próxima hay que terminar con eso y que la paridad se instaure de forma indiscutible”, señala. De la Fuente califica de “absolutamente anormal” la situación del Constitucional y advierte de que puede explicarse en parte por el déficit que arrastra la presencia de mujeres en los puestos de responsabilidad de la justicia o de la Universidad, ámbitos de los que provienen la mayoría de magistrados del tribunal de garantías. “Al final el Constitucional es el reflejo de la discriminación de las mujeres en los ámbitos de los que se nutre”, advierte el representante de JJPD.

Hasta hace no muchos, años cuando se buscaban explicaciones a por qué las mujeres estaban infrarrepresentadas en los altos cargos judiciales, desde esos mismos altos cargos se explicaba que, como las mujeres se incorporaron más tarde a la carrera, no había suficientes magistradas con los méritos acreditados para acceder a esos puestos. Pero esta justificación quedó invalidada hace años. Las mujeres representan ya el 54,8% de la carrera y son mayoría hasta la franja de edad que va de los 51 hasta los 60 años (51,1% frente a 48,9%), según el informe de la estructura de la carrera judicial de 2021 elaborado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Solo a partir de los 61 años hay más hombres que mujeres (65,3% frente a 34,7% entre los 61 y los 70 años). Sin embargo, las mujeres siguen siendo minoría en la cúpula judicial. Con datos de enero de 2021, las mujeres solo ocupan el 21,9% de las plazas del Tribunal Supremo, el 32,2% de las presidencias de sala de los tribunales superiores de justicia y el 21,7% de las de audiencias provinciales. Por contra, la realidad demuestra que, cuando lo que cuenta es el mérito y el esfuerzo, las mujeres se imponen. Es lo que ocurre en las oposiciones de acceso a la carrera judicial y fiscal, donde ellas copan ya más del 70% de las plazas.

La presidenta del Foro Judicial Independiente (FJI), Concepción Rodríguez, se incorporó a la carrera hace 33 años y ya en su promoción las mujeres eran el 40% de los aprobados, un porcentaje que, tres décadas después, no se ha traslado aún a ninguno de los organismos judiciales de designación discrecional. “Está claro que en los puestos de libre designación hay siempre muchos más hombres que mujeres. Sin embargo, en aquellos que son votados directamente por la carrera, como los decanatos, hay muchas mujeres”, señala Rodríguez. Su asociación no es partidaria de cuotas ni de que se prime a las mujeres en la próxima renovación del Constitucional, pero Rodríguez considera que la situación se equilibraría de forma natural si los partidos eligieran a los candidatos solo por mérito y capacidad en lugar de por “afinidad”. “Se debería elegir a los mejores, independientemente de su ideología. El Constitucional, como el Consejo General del Poder Judicial, son instituciones muy importantes y se están devaluando porque los partidos las utilizan para poner a quienes les interesan a ellos”, sostiene la presidenta del FJI.