El Gobierno apunta que la regularización del rey emérito no es definitiva aunque la Fiscalía archive el caso

El previsible archivo de la causa en el Tribunal Supremo por posible delito fiscal del rey emérito Juan Carlos I no tiene por qué ser el episodio final de esta trama. El Gobierno, a través de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha apuntado este jueves que una cosa es el proceso judicial y la posición de la Fiscalía, que se inclina por pedir el archivo, y otro el procedimiento de comprobación en la Agencia Tributaria de que la regularización se ha hecho de manera adecuada, algo que todavía no está claro.

El Ejecutivo deja así una puerta abierta a que la Agencia Tributaria determine que la regularización no es veraz. “No voy a hablar de contribuyentes concretos, por mi propia responsabilidad”, ha comenzado Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros cuando le han preguntado si la Agencia Tributaria no había actuado tarde, dado que la Fiscalía tiene intenciones de pedir el archivo de la causa y por tanto se supone que da por buena la regularización. Y ahí ha llegado el apunte. “La única referencia que voy a hacer es a nivel general, sin referirme a ningún expediente concreto ni a ninguna persona concreta”, ha insistido Montero. “Yo creo que se están suponiendo muchas cosas respecto a cómo se tramitan los expedientes. Una cuestión es el auxilio judicial [de la Agencia Tributaria a la Fiscalía] y otra cuestión distinta son las averiguaciones para la comprobación de que una regularización es completa y es veraz. Nuestro auxilio judicial tiene un sentido, y nuestras averiguaciones para cualquier contribuyente respecto a que es veraz también tiene otro ritmo. Y, por tanto, no necesariamente ambos ritmos coinciden”, ha asegurado la ministra.

Fuentes del Ejecutivo explican que Montero se refiere a la posibilidad de que, pese a que la Fiscalía pida el archivo y el tribunal decida hacerle caso (algo de lo que el Gobierno aún no tiene confirmación oficial), el proceso interno de la Agencia Tributaria siga adelante. Esto es, dicho organismo ha enviado a la Fiscalía la información que le ha solicitado sobre este asunto y ellos toman una decisión, porque entienden que no hay delito o están prescritos o cubiertos por la inmunidad como jefe del Estado (que le cubre hasta 2014), pero eso no implica que la Agencia Tributaria también tenga que cerrar el caso y dar por buena la regularización, porque ese es un proceso autónomo que tiene sus ritmos y no parece inminente su final.

Fuentes del Tribunal Supremo conocedoras de la investigación que la Fiscalía ha llevado a cabo sobre el patrimonio del rey emérito aseguraron a EL PAÍS que los datos que manejó la unidad de auxilio judicial con la Agencia Tributaria son los que permiten sostener el fin de las diligencias. Y que esos datos determinan que las dos regularizaciones presentadas por el rey emérito se consideran veraces y completas, además de voluntarias, lo que impide solicitar la imputación de Juan Carlos I por no haber declarado en su día las donaciones recibidas de sus amigos. Estas mismas fuentes no acaban de entender a qué se refería la ministra de Hacienda cuando declaró que los plazos de la Agencia Tributaria y los de la Unidad de Auxilio Judicial con la Fiscalía del Supremo son distintos cuando están analizando el mismo caso.

El sector socialista del Gobierno está evitando atacar el posible archivo de la causa del rey emérito, y ni siquiera reprocha la idea de que Juan Carlos I pueda volver a España. De hecho el propio presidente, Pedro Sánchez, aseguró el miércoles que es una decisión que no le corresponde tomar a él. La Moncloa ha decidido que en este asunto no debe tener ninguna intervención y debe ser Felipe VI quien lo gestione. Por el contrario, Unidas Podemos está siendo durísimo con la posibilidad de que haya un archivo.

La ministra de Servicios Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, fue muy clara: “Nuestro país le dijo hace mucho tiempo en las plazas y también con nuestra entrada en el Parlamento que la ley de la omertá se había terminado. Y no podemos permitir que el rey emérito no rinda cuentas ante la justicia, pero también ante la ciudadanía en el Parlamento, por haber utilizado la jefatura del Estado para enriquecerse ilícitamente. Me atrevo a decir que si no rinde cuentas y se produce este manto de silencio sobre sus negocios opacos, lo que nos vamos a encontrar es una ciudadanía que va a tomar conciencia de que es imprescindible que la jefatura del Estado de nuestro país se elija democráticamente.”.