El negocio de sacar inmigrantes de las islas Canarias

Un senegalés de 35 años llegado en patera a Gran Canaria en 2007 ha amasado una pequeña fortuna durante la crisis migratoria del último año en el archipiélago. Gor, como era conocido, lideró supuestamente una organización desde Tenerife dedicada a falsificar pasaportes con los que decenas de compatriotas, sin documentos, lograban viajar a la Península. Cobraba, según los agentes, hasta 1.500 euros por el servicio. La estructura de la red le permitía además reutilizar los pasaportes que, una vez en la ciudad de destino, los clientes tenían que devolver. Los investigadores mantienen que el hombre, que tiene antecedentes por hechos parecidos de 2016, compaginaba esta actividad con el tráfico de drogas y la receptación de objetos robados como relojes de lujo y móviles. La Policía y la Guardia Civil han anunciado este martes la desarticulación, el pasado día 21 de septiembre, de la organización y le han detenido a él y otros 15 compatriotas. Se les imputan delitos de pertenencia a organización criminal, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, contra el patrimonio, salud pública, receptación y falsedad documental. Fuentes policiales calculan que como mínimo se embolsaron 200.000 euros.

La investigación, explica uno de los agentes, se inicia en noviembre, cuando, coincidiendo con el mayor pico de llegadas de pateras y cayucos al archipiélago, se intensificó el número de migrantes que intentaban salir de las islas. Fue cuando los agentes empezaron a detectar documentos falsos o que pertenecían a otras personas. En los últimos meses 113 senegaleses habían sido detenidos en estas circunstancias y la investigación de cada caso acabó apuntando al mismo hombre: Gor. “Esos fueron los que descubrimos, pero estamos convencidos de que fueron muchos más”, explica uno de los investigadores.

Los inmigrantes que se encuentran en situación irregular no tienen impedimento legal para moverse del archipiélago al continente, pero sí necesitan un pasaporte para que la compañía aérea o marítima les permita embarcar. Y aquí estaba el negocio. Entre los más de 4.500 senegaleses que llegaron a las islas el año pasado, la segunda nacionalidad más numerosa tras la marroquí, había muchos que emprendieron el viaje con su documento de identidad, pero no era el caso de la mayoría. Sin pasaporte, estaban bloqueados en las islas. No tenían más opción que esperar a que el Gobierno autorizase su derivación a un centro de la Península –una concesión que se hacía a cuentagotas—o aguardar durante meses en un campamento con el temor a una deportación. El negocio de la red, de hecho, no siempre fue tan lucrativo porque de diciembre de 2020 a marzo de 2021 la policía bloqueó cualquier viaje a la Península de los inmigrantes llegados a las islas aun cuando tenían documentación. La justificativa era la de cumplir las restricciones sanitarias aunque el control se concentraba en los extranjeros en situación irregular.

Todos los socios de Gor, él incluido, llevaban tiempo asentados en España y estaban en situación regular, según fuentes policiales. Entre ellos había una mujer que trabajaba en Ibiza en un establecimiento de comida rápida y que se dedicaba a transportar los documentos. También una especie de gestor que, en un negocio paralelo, facilitaba los trámites de extranjería a sus compatriotas y una mujer con un locutorio-agencia de viajes que se encargaba de la logística. La red ofrecía también alojamiento en pisos ocupados, sin las condiciones mínimas de higiene y sin apenas víveres, en los que hacinaban a sus clientes por 100 euros al mes. Allí, escondidos, esperaban el momento de poder viajar. La investigación recuperó en el despacho del gestor una agenda que acredita que la organización controlaba al menos siete pisos en los que llegaron a meter a 10 huéspedes.

La red tenía subcontratada la falsificación de los documentos. Según los agentes, encargaba el servicio en España, pero también en el extranjero, y recibía las falsificaciones por paquetería. También usaba documentos de compatriotas con cierto parecido físico con sus clientes. En cualquier caso, al final, se trataba de una especie de alquiler de documentación, porque la red enviaba a alguien a recuperar los pasaportes para reutilizarlos.

En la operación, en la que se han registrado 10 domicilios, se han encontrado 20 pasaportes falsos, 46 legajos con documentación para regularizar a ciudadanos subsaharianos, 23.600 euros y 2.940 libras esterlinas falsas. También se aprehendieron más de 900 gramos de cocaína y 1.000 pastillas de éxtasis, otro de los supuestos negocios del cabecilla de la red junto a la recepción de objetos robados. Loas agentes también confiscaron joyas, 77 teléfonos y 39 relojes de alta gama, entre ellos un Rolex cuyo robo había sido denunciado.