Escrivá quiere restringir la entrada de inmigrantes en el sistema de acogida

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, está convencido de que el sistema de acogida para inmigrantes en situación irregular es y debe ser finito y que no puede albergar a todo el que llegue, en patera o saltando una valla. El pasado lunes se dictó una instrucción que llegó a todas las ONG que gestionan centros de atención humanitaria: solo se derivará a plazas de acogida a personas vulnerables. Migraciones entiende por vulnerables a mujeres solas, mujeres con hijos, personas enfermas, con discapacidad y otras vulnerabilidades que puedan detectarse a su llegada, como ser víctima de trata o violencia de género. En orden de prioridad, se incluye también a los solicitantes de asilo y, en última instancia, a inmigrantes de países con los que España no tenga un acuerdo de devolución. Con estos criterios, Escrivá excluye sobre todo a hombres solos y sanos procedentes de Marruecos y Argelia, actualmente las dos nacionalidades más numerosas entre los recién llegados.

La puesta en práctica de la instrucción, adelantada por Eldiario.es, dejó enseguida sin cama a nueve inmigrantes en Motril (Granada). Un número que crecería al día siguiente cuando estaba previsto que 39 marroquíes cumpliesen su custodia policial y fuesen derivados, como habitualmente, a un centro de acogida. El Ayuntamiento de Granada se movilizó para albergarlos, aunque finalmente no hizo falta. La orden no estuvo ni 24 horas en vigor. “Se ha observado que su implementación puede generar distorsiones y efectos negativos indeseados en el proceso de acceso a plazas de acogida”, comunicó la Secretaría de Estado de Migraciones en una segunda instrucción que suspendía la anterior. Pero Escrivá no ha desistido de su idea, que lleva madurando —y poniendo discretamente en práctica— desde la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta a mediados de mayo. Migraciones estudia ahora cómo “matizar” la medida.

La propuesta ha encontrado la oposición de varias ONG que consideran que el asunto necesita un “debate en profundidad” y que la exclusión de los centros de acogida puede convertir rápidamente en vulnerables a esas personas que no cumplen los nuevos criterios. José Miguel Morales, director general de Andalucía Acoge, defiende: “Siempre ha existido el criterio de priorizar a los más vulnerables, pero la vulnerabilidad es un criterio flexible y no puede dejarse a la gente en la calle. El programa de atención humanitaria es de emergencia y por un tiempo máximo de seis meses, pensados para que la gente que ha llegado a España sin una red de apoyo no caiga en una situación de sinhogarismo”.

Migraciones, por su parte, considera que con la pandemia —y las fronteras cerradas— ha hecho una “interpretación extensiva” de quién podía entrar en su red de acogida y, ahora, el departamento de Escrivá está preocupado con que la saturación de sus centros deje fuera a los más vulnerables. La red tiene actualmente cerca de un 30% de plazas libres, aunque la temporada de más llegadas, cuando las condiciones del mar son mejores, acaba de comenzar en Canarias y también en la ruta argelina.

El plan de Escrivá revela la falta de una política estatal para gestionar a los inmigrantes inexpulsables, que son la inmensa mayoría. Es un desafío en toda Europa, donde se mantiene en un limbo a cientos de miles de personas a las que no se va a devolver. La tasa de expulsión del conjunto de la UE rondaba en 2019 el 30% y España, aunque mantienen estos datos bajo llave, no es una excepción y está ligeramente por debajo de la media europea. En teoría, el Estado tiene mecanismos y acuerdos para devolver a los inmigrantes que entran de manera irregular, pero en la práctica —y más aún con la covid— las devoluciones no se ejecutan. Pasan, entonces, de ser una competencia del Ministerio del Interior a no ser competencia de nadie.

Pero los inmigrantes, aunque fuera del radar, no desaparecen y, si no tienen redes familiares, se convierten en personas sin techo a las que no se les permite trabajar de forma legal. El hecho de ser inmigrantes y la falta de una política de inclusión coordinada con todos los ministerios, ayuntamientos y comunidades autónomas, acaba empujándoles al departamento de Escrivá, una inercia que el ministro quiere cambiar. El objetivo que subyace en la iniciativa de Migraciones es que todos aquellos perfiles de inmigrantes que no son vulnerables y que podrían ser expulsados, una vez que las fronteras están abiertas, sean responsabilidad de Interior.

El modelo que quiere impulsar Escrivá tendrá más impacto en enclaves como Ceuta y Melilla, lugares de los que el inmigrante que entró irregularmente no logra salir sin un salvoconducto de la policía o una solicitud de asilo. Con el paso a la Península restringido, hace lustros que los Centros de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI), que gestiona Migraciones en las dos ciudades, ejercen de centros de internamiento a cielo abierto, una especie de sala de espera hasta que llegue una improbable expulsión. Así, en un limbo, ha llegado a haber inmigrantes acogidos más de cuatro años esperando su traslado. Con los nuevos criterios, aquellos que no son considerados vulnerables y no pueden salir de las ciudades autónomas acabarán dependiendo de los servicios sociales municipales (más que de Interior).

Canarias también ha sido —y será— un buen ejemplo de estas dinámicas. El Gobierno, aun consciente de que no podría expulsar a los más de 23.000 inmigrantes que desembarcaron allí el año pasado, mantuvo una política de bloqueo para no dejarles viajar al continente. Durante meses —y a la espera también de una hipotética expulsión a Senegal, Marruecos o Mauritania— se forzó a miles de personas a depender del sistema de acogida, primero en hoteles y después en los grandes campamentos que se construyeron a contrarreloj. Con el plante de Migraciones la coyuntura en Canarias cambiaría, aunque de manera aún imprevisible. El nuevo sistema dejaría a los marroquíes que no sean considerados vulnerables ––aunque también podría ser aplicable a otras nacionalidades con acuerdos de readmisión––, fuera de los campamentos. Las opciones, en ese caso, se reducen: o centro de internamiento (CIE) y expulsión, o calle.