Detenidos cinco funcionarios de la cárcel de Navalcarnero acusados de introducir droga para los presos

La Guardia Civil ha detenido este miércoles a cinco funcionarios —uno de ellos jubilado— destinados en el Centro Penitenciario de Navalcarnero (Madrid) acusados de introducir droga y otros objetos prohibidos en la prisión, como teléfonos móviles, según confirmaron a EL PAÍS fuentes penitenciarias y cercanas a la investigación. En la operación fueron arrestadas, al menos, otras cinco personas, la mayoría reclusos que presuntamente participaban en la venta de la droga a otros internos.

El operativo, que se inició a primera hora de la mañana, incluyó el rastreo de las taquillas de los detenidos con la ayuda de perros adiestrados en la detección de drogas. Durante los registros, que se prolongaron durante gran parte de la jornada, el juez prohibió la entrada y salida del centro de funcionarios, trabajadores externos y presos de permiso. Fuentes del instituto armado y de Instituciones Penitenciarias han declinado confirmar los detalles de la operación al haberse decretado el secreto de las actuaciones.

En junio pasado, la Guardia Civil detuvo a otros cuatro funcionarios de prisiones, estos destinados en la cárcel de Valdemoro, también en Madrid, acusados de organización criminal, tráfico de estupefacientes y cohecho como supuestos integrantes de una trama similar. Tres de ellos fueron encarcelados por orden del juez. Entonces, la operación también incluyó el registro de un funcionario de la cárcel de Navalcarnero, que finalmente no fue imputado.

La investigación que ha desembocado en las detenciones de este miércoles se inició en 2019, aunque se intensificó durante el primer estado de alarma por la pandemia, cuando se detectó que en la prisión de Navalcarnero seguía circulando droga pese a que entonces, para minimizar el riesgo de expansión del coronavirus dentro de la cárcel, el Ministerio del Interior había suprimido tanto las visitas a los presos por parte de familiares y amigos (incluidos los encuentros con contacto físico o vis a vis) como los permisos de salida de los internos, las dos principales vías de entrada de estupefaciente en las prisiones.

Entonces, el aislamiento al que fueron sometidos los centros penitenciarios provocó un descenso drástico del tráfico de drogas en su interior y un aumento considerable del precio de las dosis. Como consecuencia de ello, la bellota de hachís, que antes de estallar la crisis sanitaria costaba una media de 100 euros dentro de prisión, pasó a pagarse a 150 euros o más. Lo mismo ocurrió con el pollo (gramo) de cocaína, que de 60 euros subió hasta los 90 e, incluso, los 100 euros, según constataron fuentes penitenciarias.

Esta carencia de droga, que en algunas cárceles provocó tensión entre presos, muchos de ellos con el síndrome de abstinencia, fue menor en algunos centros, como el de Navalcarnero, lo que disparó la sospecha de que el estupefaciente estaba entrando en este penal por otras vías. Las pesquisas apuntan ahora que los funcionarios ahora detenidos eran los presuntos responsables de ello para aprovecharse de esta coyuntura.

En los últimos años, las cifras de incautaciones de estupefacientes dentro de las cárceles se han incrementado a pesar de que el número de presos ha descendido de manera significativa: de 4.500 intervenciones de droga en 2012 se ha pasado a más de 5.100 en 2018 a pesar de que había 10.000 reclusos menos. En 2019, último año del que hay datos disponibles, se intervinieron en prisión cerca de 3.500 psicotrópicos; 30 kilos de cannabis y 417 gramos de heroína, según una respuesta del Portal de Transparencia. En ese mismo periodo, 53 reclusos fallecieron por reacción adversa a las drogas. Durante el primer estado de alarma, cuando las cárceles estuvieron aisladas entre mediados de marzo y finales junio de 2020, se produjo un descenso brusco de estas muertes por sobredosis: solo tres casos, cuando solo en enero y febrero anterior se habían registrado un total de 12.