La Audiencia Nacional anula el archivo de una de las dos causas contra Gali por un defecto de forma

La Audiencia Nacional ha anulado la decisión del juez Santiago Pedraz de archivar una de las dos causas abiertas contra Brahim Gali, líder del Frente Polisario. La Sala de lo Penal ha revocado la iniciativa del magistrado por un defecto de forma y le obliga a reabrir la causa para tramitarla según el procedimiento legal adecuado, según ha informado el tribunal en una resolución dictada este miércoles. El pasado julio, Pedraz dio carpetazo a la querella presentada contra Gali por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (Asadeh), que le atribuía delitos de genocidio contra ciudadanos saharauis entre 1975 y 1990. El instructor concluyó que no se acreditó su responsabilidad en los hechos y que, además, estos habrían prescrito.

La acusación recurrió entonces ese auto de archivo y, tras estudiar el caso, la Sala de lo Penal ha decidido revocarlo. Según explica el tribunal en su dictamen, debido al tipo de delitos que se planteaban en la querella, esta se debía haber tramitado bajo la figura legal de “sumario” y no como “diligencias previas de procedimiento abreviado”, como se hizo. Y, como la normativa contempla que la Sala de lo Penal es la “exclusiva” competente sobre la decisión de archivar las causas abiertas como sumario, el tribunal concluye que Pedraz no podía tomar esa decisión.

Por todo ello, la Sala de lo Penal revoca el auto del juez de instrucción y le reabre la causa para que la tramite como debía y, una vez hecho, decida si concluye el sumario y si, en su caso, procesa a alguien o no. Cuando Pedraz archivó este caso en julio ya concluyó que no había pruebas contra Gali, e incidió en “las contradicciones en las que incurren los testimonios de los testigos que han declarado a lo largo de la instrucción” contra el líder del Polisario.

Pedraz mantiene viva otra querella presentada por el activista Fadel Breica, de nacionalidad española, que acusa a Gali de torturas y detención ilegal en los campamentos de Tinduf en 2019. Además, un juzgado de Zaragoza investiga la entrada del líder saharaui en España este año para tratarse de coronavirus, una causa donde se ha imputado a la exministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya.