Euskadi culpa al Estado de la “erosión silenciosa y continua” del autogobierno vasco

El Gobierno de Urkullu considera que el desarrollo y aplicación del autogobierno vasco, pasados 42 años desde la aprobación del Estatuto de Gernika, está siendo víctima de la “silenciosa y continua” injerencia del Estado en las competencias que el citado pacto estatutario otorga a la comunidad autónoma vasca. “Euskadi sufre con frecuencia las consecuencias del impulso recentralizador del Gobierno español de turno”, ha denunciado este viernes la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi. Con el debate político aún abierto en Euskadi sobre la reforma del actual Estatuto autonómico, el Ejecutivo vasco se reafirma así en la necesidad de que el Estado respete su cumplimiento íntegro mientras se alcanza un acuerdo político amplio para reformarlo.

Olatz Garamendi, la consejera que dirige ahora la estrategia vasca en las negociaciones con el Gobierno central sobre el traspaso de las transferencias pendientes, ha criticado el “vaciado de las facultades exclusivas” de Euskadi mediante “diferentes vías de ingeniería jurídica por parte de los poderes del Estado”. Ha afirmado que “la progresiva intromisión y, en ocasiones, laminación de las capacidades de las administraciones vascas a través de ingeniería jurídica es moneda corriente por parte del Estado español”.

La consejera Garamendi ha fundamentado estas argumentaciones tras exponer algunas de las conclusiones del libro La erosión silenciosa, que recoge en casi 700 páginas informes jurídicos realizados por varios letrados del Gobierno vasco sobre la injerencia estatal en las capacidades autonómicas de Euskadi. “La erosión competencial que sufre el autogobierno vasco ha sido continua y silenciosa, y es muy perjudicial para los intereses de las instituciones y el conjunto de la sociedad”, ha enfatizado.

Apenas 10 días antes, el lehendakari Urkullu ya se había anticipado a estas tesis, cuando en el acto de inicio del curso político anunció que una de sus prioridades para esta legislatura es la “reivindicación del cumplimiento íntegro” del Estatuto de Gernika y la defensa de su necesaria actualización. La reforma estatutaria está actualmente bloqueada tras muchos años de debate que no han conseguido alumbrar un consenso político amplio. La propuesta técnica de nuevo estatuto que cuenta con más posibilidades de concitar un amplio acuerdo es la firmada entre el PNV, Elkarrekin Podemos y el PSE-EE, aunque con votos particulares, que ya fue tramitada en el Parlamento en diciembre de 2019. Cuenta con la oposición frontal del PP, que lo considera un fracaso, y la “frustración” de EH Bildu, que ve cómo se ha rebajado la carga soberanista con relación a las bases pactadas con el PNV. Desde esa fecha no se han dado avances.

Garamendi ha subrayado hoy que los informes de los expertos jurídicos reflejan “a las claras” que Euskadi se encuentra ante “una limitación de sus capacidades realizada desde las instancias del Estado” de una forma “imperceptible” y que “pasa desapercibida ante la opinión pública”. Y ha añadido: “Más que imperceptible es silenciosa, blanca, porque está revestida de la legalidad que proclama la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”. “La letra del Estatuto de Gernika”, ha rematado la consejera, “ha resultado devaluada por una exasperante concepción e interpretación del Estado, marcada por una fuerte y continuada pulsión recentralizadora y opuesta al reconocimiento de la diversidad”.

La “erosión competencial” contra el autogobierno vasco se ha producido, según Garamendi, a través de “técnicas jurídicas y políticas” a lo largo de “muchos años”. Una de estas ha consistido en “la invocación y aplicación de títulos competenciales transversales del Estado para legislar sobre materias de competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas”. Una segunda vía utilizada ha sido “recurrir a razones excepcionales para la atribución de funciones ejecutivas no reservadas constitucionalmente al Estado”, como por ejemplo, una sentencia del Constitucional sobre Educación, que considera básico, por ejemplo, el establecimiento de un tiempo mínimo diario dedicado a la lectura en las etapas educativas, pese a que es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas.

En otros casos, según Garamendi, el Estado ha hecho “uso del poder de gasto estatal para influir en políticas públicas de competencia autonómica”. Con estas maniobras financieras se ha valido para “dirigir la actividad de sectores que se encuentran fuera de su ámbito competencial”, ha sentenciado la consejera.

El Gobierno vasco considera que esta realidad no debe cerrar el paso a las negociaciones que mantiene con el Gobierno de Sánchez para ejecutar el traspaso de nuevas competencias. En el calendario acordado entre ambas administraciones quedan pendientes aún 20 transferencias tras haber aprobado cuatro este mismo año. Garamendi espera que este mismo año se convoque la Comisión de Transferencias para abordar, entre otras cuestiones, la cesión de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV), pese a que, según ha dicho, no existe sobre la mesa ninguna propuesta del Ejecutivo central. “No vamos a aceptar una mera cesión de funciones sin medios materiales ni económicos”, ha advertido la consejera.