Las chabolas se asientan en el fiasco inmobiliario del circuito de Fórmula 1 de Valencia

Nabil, de 30 años, no sabía que el asfalto sobre el que se asienta la chabola donde vive fue parte del circuito de Fórmula 1 de Valencia. Fernando Alonso ganó el gran premio en 2012, el último año en que los bólidos disputaron una carrera por la ciudad. Desde entonces, el circuito urbano cuya construcción costó 98,5 millones de euros a la Generalitat, ha permanecido cerrado y abandonado. Pero dentro de su perímetro, vallado en su mayor parte, ha ido creciendo un pequeño poblado de inmigrantes en mitad de una enorme explanada, mientras se busca una salida al fiasco inmobiliario que frena el desarrollo urbanístico de esta privilegiada zona frente al mar. Allí se dirige el joven marroquí, que se gana la vida ayudando a aparcar coches en la cercana playa de la Malvarrosa, cargado con bolsas llenas de botellas de agua y algo de comer.

Él es uno de los cerca de medio centenar de hombres instalados entre los restos del naufragio de la competición de élite que se celebró entre 2008 y 2012 con un coste total de más de 300 millones (entre el canon, el circuito, la compra de derechos y otros conceptos). Son sobre todo saharauis, pero también marroquíes, argelinos y subsaharianos, además de unos pocos españoles, según apunta Nabil, con la ayuda de Boubacar, que se incorpora a la conversación que tuvo lugar el pasado miércoles junto a uno de los asentamientos .

Este maliense de 31 años vivía hasta hace unos meses en una de estas precarias e insalubres chabolas, sin agua ni electricidad, hechas con plásticos, telas, planchas de madera, trozos de las antiguas vallas, bloques de cemento y cualquier material de derribo útil. Están distribuidos en varios núcleos separados por unos metros. En uno ondea una bandera española; en otro, el de mayores dimensiones, huele a té recién hecho. Un hombre postrado saluda con un gesto mientras reposa la bebida, otro se lava la cabeza con el agua de una palangana y la ayuda de un tercero. El sol cae a plomo. No hay atisbo de una sombra. No quieren hablar, no quieren que los molesten.

Solo quieren ganarse la vida. “Yo trabajo en lo que sea. He trabajado en el campo y también con personas mayores. Yo no quiero nada de nadie, tampoco espero nada: solo poder ganarme la vida”, dice en un castellano fluido Boubacar, que lleva ocho años en España. “Yo solo quiero trabajar en lo que sea”, comenta Nabil. “Ahora en verano puedo ganar unos 30 euros al día con los coches. A veces, han venido a ayudarnos”.

La mayoría tiene los permisos de residencia y trabajo y se dedica ocasionalmente a labores agrícolas como recogida de fruta, según explica la concejal de Servicios Sociales, Isa Lozano. El asentamiento no ha creado ningún problema de conflictividad social en el barrio, señala la edil. Una opinión que comparte un vecino de un edificio próximo, que ha observado la evolución del asentamiento, y la asociación vecinal del Grau-Port, que exige la urbanización y que incluya abundantes zonas verdes.

Desde finales de 2019, los técnicos de Servicios Sociales han hecho un seguimiento “de atención integral: laboral, sanitaria, social y habitacional”, apunta la concejal. “El asentamiento ha ido creciendo. Tenemos 39 censados y una docena que aún no lo está. Se les ha ofrecido alternativas. Seguimos trabajando. Es un caso muy llamativo, en mitad del antiguo circuito que está a la espera del desarrollo del PAI del Grau”, apunta la concejal, de Compromís.

El PAI del Grau es el Plan de Actuación Integral que debía urbanizar cerca de 300.000 metros cuadrados en una macrooperación urdida en los años del boom inmobiliario por los gobiernos del PP de la Generalitat, presidida por Francisco Camps, y del Ayuntamiento, liderado por Rita Barberá, fallecida en 2016. En mayo de 2007, el entonces patrón de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, condicionó la celebración de las carreras a que ambos políticos ganaran entonces sus respectivas elecciones. Revalidaron su mayoría absoluta y Camps aseguró que el circuito no costaría ni un euro a los valencianos. Se proyectó un nuevo barrio en el Grau con rascacielos con vistas al mar que debía aprovechar las calzadas del circuito como calles. La Generalitat adelantó el pago de la construcción de esta parte del circuito, un coste que el Ayuntamiento repercutiría después en los promotores privados del PAI, según se anunció antes del estallido de la crisis financiera e inmobiliaria del 2008.

Hoy, los 42,9 millones de ese coste del circuito cifrado por el consistorio, presidido desde 2015 por Joan Ribó, de Compromís, en coalición con los socialistas, es el principal escollo para desarrollar el plan urbanístico. El grupo local Atitlan, que posee buena parte de los terrenos, y el fondo británico Hayfin Capital están negociando con el Ayuntamiento la manera de acometer el proyecto urbanizador, según fuentes de la Concejalía de Urbanismo. Las cargas del pasado son muy pesadas, y no solo son económicas y urbanísticas.

Con la eclosión del último episodio del caso Azud el pasado mayo, trascendió que la Guardia Civil está investigando la compraventa inicial de unos terrenos integrados en el área por un presunto cobro de comisiones. Uno de los principales acusados, el empresario Jaime María Febrer, formó parte de la antigua propietaria del suelo Acinelav Inversiones 2006 que, promovida por Bancaja (entonces instrumento financiero de la Generalitat, después englobada en Bankia), reunía a inversores locales. Con la intervención de Bankia, parte de ese suelo pasó a manos del banco malo de la Sareb, antes de ser de nuevo vendidos. El polémico circuito ya había sido judicializado con anterioridad, pero el caso fue archivado en 2019 y Camps, exonerado de culpa, al considerar la Audiencia de Valencia que no hubo malversación y que la posible prevaricación en la construcción habría prescrito.

El Ayuntamiento confía en desbloquear la situación para una de las últimas conexiones de la ciudad con el mar. Allí donde ahora un grupo de inmigrantes malvive en lo que fue un flamante circuito de Fórmula 1.