El Gobierno andaluz propone pensiones vitalicias para los expresidentes de la Junta

El Gobierno andaluz de coalición de PP y Ciudadanos pretende dar un retiro dorado a los expresidentes de la Junta en el Consejo Consultivo, el órgano de asesoramiento legal de la Junta de Andalucía y de las corporaciones locales con competencias similares a las del Consejo de Estado. La reforma impulsada por la Consejería de la Presidencia y que ha comunicado al PSOE, el grupo mayoritario del Parlamento y de la oposición, permite que los expresidentes puedan ser consejeros permanentes con sueldo de alto cargo de manera vitalicia, según informaron a EL PAÍS fuentes del Gobierno y del PSOE.

Según la ley actual, las personas que han ocupado la presidencia de la comunidad pueden ser miembros permanentes del Consejo Consultivo, hasta los 65 años de edad, si así lo desean. Estos consejeros perciben gastos y dietas por desplazamiento —la sede del órgano está en Granada—, pero no un sueldo anual, y su nombramiento es incompatible con ser alto cargo, miembro de las Cortes, parlamentario autonómico o concejal. Tampoco pueden ser funcionarios en activo.

Solo el primer presidente electo de Andalucía (1982-1984), Rafael Escuredo, estuvo cuatro años en su condición de expresidente (2005 a 2009), mientras que desde 2011 es consejero electivo, desde 2014 con dedicación exclusiva y a tiempo completo. Su remuneración anual, como la de los otros cinco consejeros nombrados por decreto del Gobierno andaluz, es de 68.149,92 euros. Escuredo (Estepa, Sevilla, 77 años) cumple este año el tiempo máximo marcado en la ley para ocupar el cargo (10 años), por lo que debe abandonarlo.

En este contexto, desde la Consejería de la Presidencia que dirige Elías Bendondo se persigue un acuerdo con todos los grupos del Parlamento para “dignificar y poner en valor” la figura de los expresidentes, según apuntó el pasado lunes el consejero en un foro organizado por la Cadena SER. El Gobierno autónomo ha propuesto modificar los artículos 7, 14 y 16 de La ley del Consejo Consultivo. En el primero se define quiénes pueden ser nombrados consejeros permanentes: “Serán consejeros permanentes, hasta que cumplan 65 años de edad, aquellas personas que hayan desempeñado el cargo de presidente de la Junta de Andalucía. Su nombramiento se efectuará por decreto del Consejo de Gobierno, previa aceptación del interesado”. En la reforma de ese artículo se elimina el tope de la edad.

El artículo 14 se reforma para someter a los consejeros permanentes al régimen de incompatibilidades de los altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía, como ya ocurre con el presidente, los consejeros electivos y el secretario general del Consejo Consultivo.

En la reforma del artículo 16 se recoge que los expresidentes “tendrán derecho a percibir las retribuciones en los conceptos y cuantías que anualmente se fijen en la ley de Presupuestos de la comunidad autónoma”, como ya lo tienen el presidente, los consejeros electivos a tiempo completo y el secretario general del órgano de asesoramiento legal de la Junta. Además, se propone la reforma de dos artículos del Reglamento del Consejo para adaptarlo a la nueva norma.

Según figura en el portal de transparencia de la Junta, la retribución anual de la presidenta del Consultivo es de 69.243,84 euros; de 68.149,92 para los seis consejeros electivos y de 58.352,06 para el secretario general.

De salir adelante esta propuesta, tres de los cinco expresidentes andaluces, todos ellos socialistas, podrían, si quieren, pasar al Consejo Consultivo con sueldo anual: Rafael Escuredo, José Rodríguez de la Borbolla y Susana Díaz, quien este martes ha aceptado oficialmente la oferta del nuevo líder del PSOE, Juan Espadas, para ser designada senadora por la comunidad autónoma. Manuel Chaves y José Antonio Griñán están condenados a nueve y 15 años de inhabilitación, respectivamente, para ocupar cargos públicos por el caso ERE, una sentencia que se encuentra pendiente de revisión en el Tribunal Supremo.

La idea de la Consejería de la Presidencia es tramitar por lectura única la reforma de la ley ya en el último pleno del Parlamento previsto para la semana próxima, pero eso requiere la improbable unanimidad de la Cámara.

La nueva dirección del grupo socialista tiene desde hace días la propuesta de reforma de la ley, aunque aún no ha dado su visto bueno definitivo, según las fuentes consultadas por EL PAÍS.

En la etapa de Manuel Chaves como presidente de la Junta, el Parlamento andaluz aprobó en marzo de 2005 la ley que regula el estatuto de los expresidentes de la Junta de Andalucía, como tienen otras comunidades autónomas.

El objetivo era “reconocer el papel desempeñado” por quienes han ejercido la más alta responsabilidad política de la comunidad. Además de dotar a los expresidentes de una oficina de apoyo, la norma también establecía que cuando alcancen los 65 años y cesen en su actividad podrán percibir un complemento mensual a su pensión igual al 60% del sueldo del presidente de la Junta en ese momento. En aquel momento, el PP fue el único grupo que votó en contra de lo que el entonces portavoz popular y hoy viceconsejero de la Presidencia y número dos de Bendodo, Antonio Sanz, calificó de “pensionazo”. La paradoja no acaba ahí: fue el presidente Griñán el que cambió en 2011 la ley para eliminar la asignación de los expresidentes andaluces.