El “frente jurídico” de ETA fracasa en el intento de evitar el juicio

El tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a ocho presuntos miembros del “frente jurídico” de ETA —encargado de dar directrices a sus presos e integrado en una estructura de la banda denominada Halboka— rechazó, en la primera sesión del juicio celebrada este lunes, las alegaciones presentadas por los abogados defensores para anular la causa y evitar la celebración de la vista. Uno de los letrados ha esgrimido, durante el trámite de cuestiones previas, seis supuestas irregularidades y vulneraciones de los derechos fundamentales de los encausados durante la investigación que llevó a su detención en abril de 2010. Entre ellos, la intervención supuestamente sin control judicial del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en las pesquisas. Otros abogados también han esgrimido que sus clientes ya habían sido juzgados y condenados por estos hechos en 2019 y que, por tanto, no podían volver a ser enjuiciados. La fiscalía y las acusaciones se han opuesto al archivo de la causa.

El Ministerio Público mantiene para los acusados una petición de pena que va de los 7 a los 12 años de prisión por presunta integración o colaboración con organización terrorista. La Asociación de Víctimas de Terrorismo (AVT), que ejerce la acusación popular, la eleva en algún caso a los 14 años. Además, para una de ellos, la abogada Arantxa Zulueta, la fiscalía eleva la petición a los 19 años al añadir un delito de depósito de armas y explosivos. La Guardia Civil encontró, durante el registro de su despacho, un pendrive con información sobre zulos de la organización terrorista en Francia en los que posteriormente se encontraron fusiles de asalto y munición. La AVT también pide para esta abogada una condena por estos hechos y eleva la pena en su caso a un total de 22 años.

Zulueta y otro de los acusados, Jon Emparantza, ya fueron condenados a tres años y seis meses y dos años y siete meses de prisión, respectivamente, en septiembre de 2019 como dirigentes del KT (Koordinazioa Taldea), un órgano interno de la banda responsable de coordinar el conocido como frente de makos (cárceles) de ETA. Entonces, tanto los abogados de ambos como de los otros 45 procesados alcanzaron un acuerdo de conformidad con la fiscalía y las acusaciones que redujo las penas de manera sustancial, ya que se les pedía inicialmente hasta 14 años de prisión. Sin embargo, en el juicio que se ha iniciado este lunes no se ha producido un acuerdo similar por la negativa del ministerio público, según las defensas.

Los hechos que ahora se juzgan se remontan a 2002, cuando, según el escrito de la fiscalía, ETA sustituyó precisamente el frente makos por la estructura Halboka, acrónimo en euskera de “Rompiendo las Paredes, Pronto los Luchadores a la Calle”. Al frente se situó presuntamente Zulueta, considerada representante del sector más intransigente de la izquierda abertzale en aquellos años. Uno de los subgrupos de Halboka era el “frente jurídico”, formado por abogados, a los que en el seno de la organización terrorista se les denominaba con las palabras en clave bertsolaris (poetas) o apaizak (curas). Este colectivo supuestamente se dedicaba a transmitir las directrices de ETA a los reclusos para impedir que se acogieran a las medidas de reinserción individual y se mantuvieran dentro de la línea que fijaba el autodenominado Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK, en sus siglas en euskera).

En sus rondas por las prisiones, los abogados, que cobraban presuntamente un sueldo de la banda, pulsaban el sentir de los presos y, posteriormente, transmitían el ambiente a la dirección de ETA. Según el escrito de Fiscalía, los abogados no solo visitaban a los presos, sino que también se dedicaban supuestamente a recopilar información sobre posibles objetivos y a recaudar el llamado impuesto revolucionario, la extorsión etarra. Zulueta, considerada la líder del grupo, tenía presuntamente comunicación directa y permanente con la dirección de ETA.