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Las entidades cívicas piden menos ruido político y más acciones en Cataluña

Una docena de organizaciones sociales reclaman medidas concretas sobre la mesa de diálogo

Pedro Sánchez Pere Aragonès
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conversa con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en el MWC.BORJA PUIG DE LA BELLACASA (AFP)

Los indultos para los nueve líderes independentistas presos ha sacudido el tablero político catalán. También lo consideran que ha ocurrido así las entidades que forman parte de la sociedad civil catalana que, pese a estar a favor o en contra de la medida o considerarla excesiva o insuficiente, creen ahora necesario dar nuevos pasos en aras del desbloqueo. La decisión del Gobierno del martes es solo un punto de partida que abre una amalgama de oportunidades. Las entidades de discurso independentista urgen a una amnistía que libere de responsabilidad a todas las personas que han tenido algún problema con la justicia a raíz del procés o de las protestas en la calle, mientras que las autodenominadas constitucionalistas reclaman que en el diálogo se les tenga en cuenta a ellas y a las reivindicaciones que han lanzado en la última década. Todos esperan “más gestos” y sobre todo abrir una etapa de diálogo sin dilaciones con propuestas concretas.

Una de las personas que mejor ilustran esa necesidad de no perder el tiempo es Jordi Casas, actual director del gabinete de presidencia de Fomento del Trabajo, patronal con empresas asociadas que representan el 70% del PIB catalán. “El verano es para que funcionen los teléfonos y se genere un clima adecuado y luego que el debate se haga de la forma más moderada, que no excite ni a unos ni a otros. Hay que rebajar la tensión”, sostiene. En su opinión, quien marca el nivel de crispación social “es la política”, por lo que hace una llamada a evitar “los excesos de teatralización por parte de todos y bajar los decibelios”, en una afirmación que incluye a los líderes independentistas a su salida de prisión, en el que remarcaron su compromiso con la independencia.

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Fuentes del Arzobispado de Barcelona apuntan que se ha de dejar trabajar a los partidos con el objetivo de generar consensos amplios dentro de la sociedad que favorezca “la concordia”. En ese sentido, el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona, Jaume Padrós, pide volver a la senda de la política y dejar atrás los procesos judiciales, en referencia también a las causas que el Tribunal de Cuentas ha abierto contra miembros del Govern de Artur Mas que organizó la consulta de 2017: “El indulto es una acción valiente que intenta volver a un clima que favorezca el diálogo constructivo y que devuelva al ámbito de la política las discusiones políticas. Es necesario desjudicializar este tema”. Francisca Alsina, portavoz de la Mesa del Tercer Sector, con más de 3.000 entidades adscritas, reclama “volver a la normalidad”: “Hace demasiados años que vivimos una parálisis política que tiene un impacto en los ciudadanos”, lamenta, “y ahora mismo no nos lo podemos permitir”.

“En verano se puede generar el clima adecuado”, dicen en Foment

Las proclamas proferidas por el exvicepresidente Oriol Junqueras o el exconsejero Jordi Turull, entre otras, a la salida de la cárcel de Lledoners, en las que reiteraban su defensa del proyecto independentista, no han pasado desapercibidas. Fernando Sánchez Costa, presidente de Sociedad Civil Catalana, afirmaba el jueves sentirse “abatido” tras esas declaraciones y reclamaba, a partir de ahora, “gestos” que vayan en la línea de facilitar la negociación política. El presidente de una de las entidades emblema de la defensa de la unidad de España en Cataluña asegura que SCC apostará por la negociación siempre y cuando se apueste por “el respeto a la ley” y pide al Gobierno central que “ponga sobre la mesa de negociación las demandas que siempre ha defendido el constitucionalismo presente en Cataluña”. Se refiere a la normalización “del uso del español y a la renovación de TV3”.

José Domingo, presidente de Impulso Ciudadano, coincide con Sánchez Costa sobre la necesidad de que las entidades constitucionalistas sean reconocidas por el Gobierno catalán como un interlocutor más. “Con solo eso ya habríamos avanzado muchísimo”, afirma, defendiendo que no se puede considerar judicializar cualquier medida que sea llevada a los tribunales, “ya que estos están para decidir sobre litigios”. El Observatorio DESC, entidad vinculada a la defensa de los derechos humanos, sostiene, en palabras de su presidente, Marco Aparicio: “Los indultos son un punto de partida para crear espacios de diálogo, pero no solo a nivel institucional, sino con colectivos sociales y entidades de todo el Estado”.

Los indultos se presentan como un punto de partida para reconducir la situación, según los representantes de la sociedad civil, aunque no existe un consenso generalizado sobre su idoneidad. “Son un parche”, asegura Mònica Roca, presidenta de la Cámara de Comercio de Barcelona. La empresaria considera que el Gobierno se ha visto obligado a decretar los indultos por la presión de algunos organismos europeos, como el Consejo de Europa. “Los indultos no arreglan nada más allá de la situación de nueve personas”, sostiene Roca, que no esconde su defensa de la independencia. En la misma línea se expresa la presidenta del Ateneu Barcelonès, Isola Pasola, que puntualiza que sus opiniones no representan a la entidad por no haber tenido tiempo de debatirlas en junta: “El indulto es un primer paso, pero en absoluto es reconciliador porque deja a mucha gente fuera. Tendría que haber una amnistía de los 3.000 encausados para partir de cero”.

Societat Civil insta a que el diálogo recoja peticiones del constitucionalismo

No son pocas las entidades que reclaman la aplicación de una amnistía en lugar de los indultos, que mantienen los cargos judiciales a pesar de que desaparece la responsabilidad penal. Una de las entidades afectadas por la salida de la prisión de su presidente, Jordi Cuixart, Òmnium Cultural, con más de 165.000 afiliados, entiende que “no se hace justicia”. “Con los indultos no se soluciona el conflicto político”, analiza su vicepresidente, Marcel Mauri, seguro de que se luchará a partir de ahora por la amnistía. El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, también mostró sus preferencias en la última asamblea del club, el pasado domingo: “Preferíamos la amnistía, pero bienvenidos los indultos”, respondió ante la pregunta de un socio.

El secretario general de CC OO en Cataluña, Javier Pacheco, considera que el primer paso que se ha de dar a partir de ahora “es la reforma del Código Penal, porque no podemos seguir teniendo una equiparación de los alzamientos militares y los enfrentamientos políticos”. Esa línea de actuación, dice, podría resolver también la situación de los políticos que, como Carles Puigdemont, se han establecido en otros países para evitar ser juzgados. El segundo paso, en su opinión, es el de la reactivación económica, en el que podría tener cabida un nuevo modelo de financiación autonómica, que un buen número de comunidades autónomas reclaman. Si bien Mònica Roca subraya que lo mejor es la independencia de Cataluña, abre la puerta a un nuevo modelo de financiación como fórmula de distensión

“Lo que está claro”, dice Pacheco, “es que ahora no se pueden hacer planteamientos sine die. Hay que dar pasos. Y los independentistas “tienen que salir de la gesticulación porque hay que dar carpetazo al procés”.

Gerard Esteva, presidente de la Unión de Federaciones Deportivas de Cataluña, con más de 750.000 deportistas afiliados, sostiene que salga lo que salga de la mesa de diálogo ha de haber “una propuesta que se pueda votar en Cataluña para determinar su futuro”. Mauri también reclama una votación: “La única agenda del reencuentro que queremos los catalanes es un reencuentro con las urnas”, dice. Jordi Casas cuestiona que en algún momento Cataluña, con la actual Constitución pueda plantear un referéndum. “Es muy difícil, pero una consulta binaria con dos propuestas sí podría ser una solución”, señala el expolítico de Unió, que llama a recuperar las competencias que había en el Estatut de 2006 antes de ser recortado por el Constitucional con leyes estatales aprobadas en el Congreso. Antes, no obstante, llama a crear consensos más amplios en el Parlament que acaben con vetos a partidos. “No aislemos a ningún partido político”, lo resume.

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