El Gobierno requiere al separatismo que supere sus “posiciones extremas”

La ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, intentó este jueves restar la mayor trascendencia posible a las proclamas, pancartas y escenografía sin concesiones en favor de la autodeterminación, la amnistía y la independencia de Cataluña mostrada el miércoles por los líderes separatistas catalanes a su salida de la cárcel tras los indultos. Concedió que el panorama era “de prever” tras haber pasado la mayoría de esos dirigentes casi cuatro años en prisión, por su condena en el juicio del procés. Pero también quiso mandar algo más que un toque de atención sobre la preocupación e inquietud que reside en gran parte del Ejecutivo ante posturas tan intransigentes: “La mesa de diálogo tiene que superar esa fase, muchas veces necesaria de atravesar, cuanto antes mejor, solamente de desiderátum, de posiciones extremas y avanzar en términos de cuestiones que puedan ser viables”.

El presidente Pedro Sánchez y medio Gabinete se enfrentaron el miércoles en el Congreso a una desagradable sesión de control al Gobierno en la que fueron bombardeados por graves acusaciones por todos los representantes de la derecha que tomaron la palabra. Los más indulgentes les acusaron de mentirosos y traidores y atribuyeron la decisión del Ejecutivo sobre los nueve indultos a su afán por mantenerse en el poder. Sobre todo, gracias a los votos de Esquerra (ERC). Por eso sentó tan mal en el Gobierno y el PSOE el comienzo de la pregunta que el portavoz republicano, Gabriel Rufián, lanzó contra Sánchez y en la que ponía en duda que hubiese acometido esas medidas de gracia “por valentía o por la necesidad” de sus votos. Un argumento que sustentaba en parte las tesis de PP, Vox y Ciudadanos.

Rufián, más tarde, como hizo la siempre implacable portavoz de Junts, Míriam Nogueras, aceptó que los indultos pueden ser un primer gesto reparador para los afectados y sus familias, pero demandó al Gobierno que camine más pasos; que acometa más políticas de izquierdas y reformistas; y que aborde cuanto antes y en serio una agenda sobre el conflicto catalán en la Mesa de Diálogo.

En el Gobierno, varios ministros interpretaron las posturas de Rufián y hasta la visita a la salida de prisión a los presos del presidente catalán, Pere Aragonés, como concesiones de ERC en clave interna “en el difícil equilibrio” en el que vive y se mantiene actualmente el Govern de la Generalitat. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, prefirió fijarse en la posible buena acogida de la sociedad catalana más que en la respuesta dura de los indultados.

Uno de los componentes del Consejo de Ministros se explaya desde el anonimato en justificar a ERC: “Aragonés preside la Generalitat, pero ERC solo controla la mitad del gobierno catalán porque la otra mitad, al menos, está en manos de Junts y también tienen la presión externa de la CUP. Y así es todo más difícil para todos”. Los ministros han visto las imágenes de los líderes independentistas a la salida de la cárcel, visto sus reivindicaciones maximalistas a favor de un referéndum de autodeterminación para Cataluña y les ha asaltado la desazón.

Montero intentó este jueves, tras el Consejo de Ministros, normalizar esas exigencias como propias de formaciones independentistas. Pero varios integrantes del Ejecutivo constataron con inquietud que esos posicionamientos ni ayudan a la digestión de la medida de gracia por la parte de la sociedad que la rechaza ni contribuyen a avanzar hacia la Agenda del Reencuentro en la que está centrado Sánchez. El presidente viajó a Bruselas para un Consejo Europeo y obvió referirse a las excarcelaciones insistiendo en su mensaje sobre la convivencia: “Lo más importante es pedir a todas las fuerzas políticas, y también a los territorios, concordia, porque la concordia política y territorial va a hacer que la economía española se relance con mucha más fuerza en los próximos meses y años”.

Convivencia y Bruselas

Ese planteamiento de concordia no ha calado nada en la derecha. Y desde el PP, Vox y Ciudadanos persisten en anunciar recursos judiciales contra los indultos. Los populares reactivaron sus mesas en la calle para recoger firmas contras las medidas (esperan llegar este viernes a medio millón) y el líder popular, Pablo Casado, también acudió a Bruselas para denunciar desde allí que “la propaganda” de Sánchez “no cuela en Europa”. Casado advirtió de que a Sánchez le va a costar explicar en Europa “que los chicos de la gasolina y de Lledoners son estupendos demócratas”.

Los siguientes pasos en esta delicada operación política para el presidente son ahora la entrevista bilateral del próximo martes con Pere Aragonés que tendrá lugar en La Moncloa y la reactivación de la Mesa de Diálogo sobre Cataluña. Parecía un calendario predeterminado para acelerarse al máximo antes del verano, y poder encarar incluso una posible y relevante remodelación del Ejecutivo con el fin de regresar de las vacaciones con los asuntos más polémicos y críticos solventados. Pero ahora la fecha de la Mesa entre gobiernos tampoco está ya tan clara. Como se enfría también la prometida reforma de los delitos de sedición y rebelión en el Código Penal. El ministro Campo negó este jueves en Onda Cero que esté “congelada”, pero admitió que “sería absurdo” llevarla a las Cortes si no cuenta ahora con apoyos suficientes.

Fuentes del Ejecutivo apuntaron sobre la Mesa para fijar la hoja de ruta de las próximas negociaciones que podría postergarse tras las vacaciones, aunque desde ERC se apostó porque sería bueno que la primera reunión de esta nueva etapa se plasmase cuanto antes. Sánchez y Aragonés podrían desatascar ese enigma el martes, aunque en la agenda de La Moncloa queda aún pendiente la cita del presidente con la popular Isabel Díaz Ayuso el 9 de julio. La Mesa, entonces, tendría que dejarse para mediados o finales de julio.

Sobre los asuntos a abordar en esa Mesa de Diálogo sí que hay planteamientos muy dispares. El Ejecutivo querría centrarse en temas “viables” como mejorar la financiación y el autogobierno, y llegar a un nuevo Estatut para Cataluña. ERC se congratula de poder hablar “sin presiones” de todo tipo “propuestas”, pero vigila en todo momento las exigencias claramente separatistas de Junts tanto en su gobierno de coalición como en el Congreso.