Amnistía Internacional y otras ONG piden el cese de las ventas de armas españolas a Colombia

Amnistía Internacional y otras tres ONG (Greenpeace, Oxfam Intermón y FundiPau) han pedido al Gobierno que suspenda las exportaciones de armas españolas a Colombia y a otros seis países donde a su juicio existe riesgo de que sean desviadas para utilizarlas en conflictos o para represión interna. La lista de países para los que se pide el embargo la completan Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos (EUA), Egipto, Israel, Irak y Turquía. La demanda se ha planteado en vísperas de que la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, comparezca este jueves en el Congreso para informar sobre las exportaciones de material de defensa y doble uso (civil y militar) en 2020, que ascendieron a 26.552 millones, un 10,4% menos que en 2019.

En el caso de Colombia, las ONG piden por primera vez en los últimos años la suspensión inmediata de las autorizaciones de venta de material letal y la revocación de las licencias ya concedidas, hasta que los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos sean procesados y haya garantías de que las Fuerzas Armadas y la policía actúan con respeto a las normas internacionales. Desde el pasado 28 de abril, cuando estallaron las protestas contra la subida de impuestos anunciada por el presidente Iván Duque, hasta mediados de este mes, Human Rights Watch (HRW) ha documentado 34 muertes, al menos 20 de ellas a manos de las fuerzas de seguridad, a las que imputa “abusos gravísimos”.

Fuentes de Comercio aseguran que no se han vendido equipos antidisturbios a Colombia desde hace una década y que el material entregado en 2020 no tiene relación con la represión de las manifestaciones, ya que se trata de repuestos de vehículos blindados y de aviones de transporte y equipos de visión nocturna para la Armada. El año pasado se autorizaron 11 licencias de material de defensa con destino a Colombia por valor de más de 12 millones.

Como viene sucediendo desde que en 2015 comenzó su intervención militar en Yemen, las ONG reclaman la suspensión de la venta de armas españolas a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos (EUA). El año pasado se vendió material militar a Riad por valor de 48,2 millones y se autorizaron operaciones por 215,3 millones, de los que 122 millones corresponden a munición, un dato “muy preocupante” para AI y las demás organizaciones. Destacan que, tras el “descenso temporal” que se produjo en 2018, la cifra de exportaciones se recuperó en 2019 (35 millones) y el año pasado fue 11 millones superior, aunque aún no llega al 50% de la media de los cinco años anteriores (240 millones). Según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI, en sus siglas en inglés), España fue entre 2015 y 2020 el quinto suministrador de armas de Arabia Saudí, tras EE UU, Reino Unido, Francia y Canadá.

Respecto a Emiratos (al que se entregó armamento por valor de 27,5 millones y se autorizó por 60,2 millones), las ONG subrayan que, aunque a finales de 2019 completó las retiradas de sus fuerzas terrestres de Yemen, está desviando material militar a milicias afines acusadas de violaciones de derechos humanos. Y el Grupo de Expertos de la ONU sobre Libia ha constatado que “suministra armas de forma rutinaria y flagrante” al general rebelde Jalifa Hafter, violando el embargo internacional.

Las ONG piden que se adopte el criterio de “presunción de denegación” a Egipto (11,3 millones vendidos y 17,4 millones autorizados en 2020), por riesgo de desvío a las guerras de Yemen y Libia o a la represión interna; y que se denieguen y suspendan las licencias con destino a Israel (0,4 millones vendidos y 18 millones autorizados) por el “uso reiterado de fuerza excesiva e injustificada contra la población civil palestina”.

También piden que no den nuevas licencias para Irak, tras la venta de 0,8 millones en bombas de aviación; y que se suspenda la venta de armas a Turquía, como los aviones de transporte A400M, por sus operaciones contra los kurdos de Siria y su implicación militar en Libia, en apoyo al Gobierno de Trípoli.

El Consejo de Ministros aprobó en abril del año pasado un nuevo mecanismo de control del uso final de las armas exportadas, que prevé la firma de un protocolo con cada país comprador para regular inspecciones sobre el terreno. En el informe que Comercio ha enviado al Congreso no consta que ese mecanismo se haya puesto en marcha, pero será la secretaria de Estado quien tendrá que aclararlo este jueves en la Comisión de Defensa del Congreso.