El PP abandona el pacto antitransfuguismo

El PP ha abandonado y da por roto el pacto antitransfuguismo, del que formó parte ininterrumpidamente como miembro fundador desde 1998. Los populares han comunicado al ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, que se consideran fuera del pacto desde el pasado 10 de abril por el “uso torticero de la comisión de expertos” y, por tanto, sostienen que el acuerdo “carece de validez” desde esa fecha “al no estar suscrito por una mayoría cualificada de representantes de las Cortes Generales”.

De esta forma, el PP argumenta que no sería válida la resolución de la comisión de seguimiento del pacto antitransfuguismo del 27 de mayo, que decretó que son tránsfugas tanto el presidente de Murcia, Fernando López Miras, del PP, como los cuatro diputados de Ciudadanos (Cs) que hicieron fracasar en el último momento la moción de censura contra su Gobierno promovida por el PSOE y Cs.

En una carta fechada este pasado 13 de junio, y conocida ayer, el PP comunica al ministro Iceta que no asume el dictamen de la comisión sobre el caso de Murcia, ni ninguno más que esta haga a futuro. “No podemos ni compartir, ni asumir, ni valorar, ni aceptar las calificaciones unilaterales que, en relación con los supuestos que, haya analizado o analice en el futuro, la Comisión de Expertos y la Comisión de Seguimiento en relación con los cargos electos del Partido Popular, y ello desde el mes de abril de este año, por cuanto el actual pacto carece del consenso de una mayoría cualificada de representantes de las Cortes Generales”, dice el texto.

El origen de la salida del PP es la crisis de Murcia y sus recelos con el ponente del dictamen sobre ese caso en la comisión de seguimiento del pacto, Rafael Ibáñez Reche, al que le fue asignado el caso por orden alfabético, según fuentes del Gobierno. El PP había pedido su recusación, ya que ponía en duda su imparcialidad e independencia para juzgar el caso porque el experto, propuesto por IU, fue abogado del sindicato Comisiones Obreras, diputado de IU en el Parlamento Andaluz y es el exmarido de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El PP, sin embargo, no objetó el nombramiento de Ibáñez Reche unos meses antes, cuando se conformó esa comisión de expertos y fue aprobada por unanimidad.

Los populares se dirigieron por carta por primera vez al ministro Iceta el pasado 8 de abril, en la que le instaban a convocar en 48 horas la comisión de seguimiento para nombrar a cinco nuevos expertos, donde no estuviera Ibáñez Reche. De no hacerlo, advertían, el PP “daría por denunciado el pacto entendiendo que a partir de dicha fecha carecería de validez al no estar suscrito por una mayoría cualificada de representantes de las Cortes Generales”. No fue así, porque la comisión entendió que no había razones nuevas para recusar a un experto que había sido admitido inicialmente por el PP, y el partido de Pablo Casado decidió que desde el 10 de abril, en consecuencia, estaba fuera del acuerdo.

Así informa a Iceta en la última carta que le remite, fechada este pasado 13 de junio: “Habiéndose incumplido por ese ministro su obligación de convocar la Comisión de Seguimiento del Pacto por la Estabilidad Institucional, haber hecho caso omiso a las peticiones que se le hicieron, y utilizar torticeramente los acuerdos suscritos, la formación política que represento, y ello desde el pasado mes abril de 2021, no forma parte del mencionado pacto”, dice la misiva que firma la responsable de Política Local del PP, Raquel González. El dictamen sobre Murcia es de una fecha posterior (el 27 de mayo) al momento en el que el PP se consideró fuera del pacto, el 10 de abril.

El pacto antitransfuguismo “está muerto”, según fuentes del Gobierno del máximo nivel, o “herido”, como lo quiso expresar este martes de forma más edulcorada la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra. En el Gobierno entienden que el pacto hace aguas si uno de los partidos impulsores en 1998, en este caso el PP, no asume los acuerdos aprobados por mayoría. Lastra denunció este martes el abandono del “nuevo PP” de un pacto que entiende “ha dado sus frutos” pero que ahora, cuando le perjudica, “intenta dinamitar por los aires”, se quejó.

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El Gobierno ve "irresponsable" la marcha del PP el pacto antitransfuguismo

El pacto antitransfuguismo es un acuerdo político por el que los partidos asumen un compromiso de comportamiento para evitar la alteración de la representación política. Se firmó hace más de dos décadas para acabar con estas prácticas —que suponen una actuación desleal hacia la voluntad que los ciudadanos manifestaron con sus votos— y se ha renovado tres veces desde entonces. La última, en noviembre del año pasado. Entonces, los 11 partidos que lo renovaron —entre ellos PSOE, PP y Ciudadanos— acordaron “adoptar las medidas adecuadas en orden a impedir la consumación de los efectos del transfuguismo” cuando “se tenga conocimiento del anuncio de la presentación de una moción de censura en la que concurriese un supuesto de transfuguismo”. Sin embargo, el último caso de transfuguismo en la política española ocurrido el pasado marzo en Murcia ha terminado por reventar el acuerdo, tras la salida del PP.