Aguas revueltas en Andalucía

“Apunta la fecha: las elecciones serán el domingo 27 de noviembre de 2022”. El entrecomillado es de Elías Bendodo, consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, portavoz del Gobierno y del PP andaluces, y presidente del PP de Málaga. Engrasa piezas en varias salas de máquinas y es el que descuelga el teléfono cuando se escacharran y la solución de la avería está en Madrid. El miércoles pasado volvió a llamar al portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, cuando la ultraderecha andaluza estaba a una hora de propinar la mayor derrota parlamentaria al Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos en dos años de legislatura.

Ese día Vox pasó de amagar a dar. Hasta entonces, los 11 diputados del partido de Santiago Abascal (sacaron 12 en diciembre de 2018, pero una diputada huyó con el escaño) estaban especializados en la bravata, en el anuncio permanente de una ruptura luego interrupta y en una nueva modalidad parlamentaria de agárrame el cubata. Lo hicieron cuando se aprobaron los presupuestos de la Junta de 2019, de 2020 y 2021, manteniendo en vilo al Gobierno que preside Juan Manuel Moreno (PP).

Hicieron pensar en que no los apoyarían, aunque pararon el cronómetro en el último minuto tras arrancar banderas ideológicas que para Vox son esenciales, pero de escaso impacto presupuestario, como partidas para la caza, el mundo taurino, la promoción de un teléfono de violencia intrafamiliar o el cambio de nombre de Canal Sur. Más peso tienen otras con las que comulgan y promueven como las auditorías para adelgazar el sector público y los conciertos en educación y la sanidad privada.

La misma intriga han mantenido con otras iniciativas: como con el primer decreto ley de bajada de impuestos aprobado en los 100 primeros días del primer Gobierno de derechas de Andalucía. Casi siempre los motivos de estos amagos tenían que ver con las dinámicas nacionales de PP, Ciudadanos y Vox; y no con la gestión diaria de la Junta de Andalucía. En febrero pasado, el partido ultra lanzó otra amenaza de dejar sin sostén parlamentario a Moreno si no aprobaba el llamado pin parental. Fue otro conato.

Pero el pasado jueves, Vox cumplió con su ultimátum y tumbó una de las pocas leyes que el Gobierno andaluz ha llevado a la Cámara, la de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, que sustituye a la actual ley del Suelo. No es una norma menor, porque intenta poner orden en la enrevesada legislación urbanística de Andalucía, donde la tramitación de un plan general consume de media unos 10 años. El PP creía una vez más que se trataba de otro amago, porque el día anterior Vox había comunicado su rechazo a la enmienda a la totalidad presentada por Adelante Andalucía y sus peticiones —insistieron en proteger las casas cuevas de Guadix― estaban incluidas. El PSOE, según los populares, se iba a abstener.

Hubo muchos nervios en las filas del PP y el jefe de la sala de máquinas del palacio de San Telmo llamó a Madrid, pero no tuvo éxito. La Confederación de Empresarios de Andalucía y las Cámaras de Comercio mostraron su preocupación por la paralización de la ley y, sobre todo, por la posible desestabilización del Gobierno andaluz. A Vox estas quejas no le hacen mella, pero las de los grandes promotores inmobiliarios, que ven en la nueva norma urbanística una oportunidad, sí. Y los promotores no entienden que el sostén parlamentario del Gobierno arrumbe una ley que desarrolla su negocio porque a Vox no le guste que la Junta de Andalucía, cumpliendo con la legislación y la decencia, vaya a acoger a 13 menores inmigrantes tras la llegada masiva de marroquíes a Ceuta.

La derrota momentánea —el Gobierno volverá a llevar la ley al Parlamento― abre la incertidumbre sobre la duración de la legislatura andaluza, porque los 11 diputados de Vox garantizan la mayoría absoluta del Gobierno de PP y Ciudadanos. Moreno no quiere el adelanto. Lo ha dicho de manera reiterada en el Parlamento. “Nos queda año y medio. Tiempo habrá para coger las bocinas y los carteles electorales. Ahora toca vacunar, sanar y recuperar la economía. Es lo que quieren los andaluces”, dijo otra vez el pasado jueves.

También se lo ha dicho al líder de su partido, Pablo Casado, según fuentes populares. Desde Génova aprietan para un anticipo electoral —los comicios andaluces tocarían a finales de 2022― porque creen que un triunfo de Moreno, como el que apuntan las encuestas, traería viento de cola para los intereses nacionales, tras la victoria de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Desde Andalucía le aconsejan dosificar esos teóricos impulsos hasta las elecciones generales.

Ciudadanos no quiere urnas antes de tiempo, porque necesita coger oxígeno, intentar recomponerse y mostrar su utilidad. Antes de las sucesivas derrotas del partido de Inés Arrimadas en Cataluña y Madrid, en Cs eran partidarios de adelantar a la próxima primavera las elecciones, pero ahora el calendario les parece corto. Unidas Podemos tampoco quiere, porque está en plena recomposición y más pendiente de asfixiar a los de Teresa Rodríguez. Ni en el PSOE, en proceso de renovación y sin liderazgo claro. En Vox, el único partido que pide poner ya urnas, el temor es que sus expectativas de crecimiento se vayan desinflando a favor del PP. Pese a que Moreno tiene “clarísimo” que piensa agotar la legislatura, en el PP ya han puesto a circular el argumentario por si acaso: todos los cañones apuntarán a una ultraderecha que hace “pinza” con los “comunistas de Podemos” para “derribar al Gobierno de la moderación”. En Andalucía, una jugada similar en 1996 le salió de 10 al PSOE: gobernó 22 años más.