Imputados ocho mandos del Ejército del Aire por el accidente de un caza F-5

Ocho mandos del Ejército del Aire (dos coroneles, tres tenientes coroneles, dos comandantes y un teniente) han sido imputados por el juez que investiga el accidente de un caza F-5 en la base de Talavera la Real (Badajoz) el 2 de noviembre de 2012, en el que perdió la vida un comandante instructor y resultó gravemente herido un alférez alumno. El titular del Juzgado Togado Militar Central número 2 los ha citado para interrogarlos como investigados en los próximos días, reanudando así una causa que está paralizada desde mayo de 2019.

Antes del accidente, el avión sufrió una avería y estuvo orbitando durante 17 minutos y 56 segundos sobre la base aérea, pero, en vez de eyectarse en paracaídas, el comandante Ángel Álvarez Raigada intentó un aterrizaje de emergencia, lo que hizo que el avión se desplomara contra el suelo antes de alcanzar la pista, perdiendo él la vida y resultando gravemente herido el alumno Sergio Santamaría. Al tratarse de una misión de instrucción, fue seguida en directo desde la sala de operaciones de la base, donde se reproducían todos los parámetros del vuelo, pero nadie intentó disuadirle de intentar la maniobra.

La titular del Juzgado Togado Militar Territorial número 12, la comandante Moncada, reflejó en un minucioso auto de 274 páginas las múltiples irregularidades descubiertas en seis años de instrucción. La pieza del motor que se rompió nada más iniciarse el vuelo, un disco del rotor de turbina, sufría “fatiga de material” y tenía una grieta desde antes de 2009 que se fue ampliando con el tiempo y nunca fue detectada porque no se aplicaron los procedimientos adecuados en las revisiones.

Por su parte, el jefe del taller no cambió la pieza, aunque debió hacerlo porque excedía el límite de vida útil fijado en la orden técnica, y su superior, el responsable de mantenimiento, no controló a su subordinado.

La avería, aunque era grave (obligó a parar el motor izquierdo y dañó los mandos de vuelo), no hubiera tenido tan dramático desenlace si se hubiera gestionado correctamente la emergencia, pues quedaba el otro motor. Pero, en vez de realizar una “prueba de controlabilidad”, que hubiera puesto en evidencia que el F-5 no estaba en condiciones de aterrizar (para hacerlo tenía que reducir velocidad y, al frenar, perdía el control del avión) y que había que lanzarse en paracaídas, el comandante intentó a toda costa tomar tierra.

El militar tenía la máxima calificación como piloto e instructor. Sin embargo, una dolencia de riñón, que lo apartó durante meses de los mandos, le hizo perder su aptitud como piloto de F-5, lo que suponía seguir un exigente plan de instrucción y adiestramiento para recuperarla. Su expediente demuestra que no lo cumplimentó: solo hizo 11 de las 66 misiones de vuelo requeridas y una de las 26 de simulador. Pese a ello, sus jefes hicieron la vista gorda y le concedieron las sucesivas calificaciones, hasta llegar a la máxima, sin cumplir los requisitos.

La operación de salvamento también fue un caos. El alumno salió disparado del F-5 y se estrelló contra el suelo de la base, mientras que el comandante quedó, aún con vida, entre los restos incendiados del aparato. Los servicios de rescate tardaron en llegar y erraron al aplicar el líquido extintor, lo que hizo que el comandante se eyectase finalmente chocando contra uno de los vehículos de bomberos y falleciendo en el acto.

Los mandos militares que han sido citados por el juez son los presuntos responsables de estas irregularidades: no solo los encargados del mantenimiento del F-5 o los del servicio de bomberos; sino también quienes, desde el coronel jefe de la base al secretario del Mando de Personal del Ejército del Aire, fueron concediendo las sucesivas calificaciones de aptitud al comandante Raigada a sabiendas de que no había hecho unas prácticas que resultan imprescindibles para llegar a automatizar la respuesta ante situaciones de emergencia como la que se dio.

La juez que investigó el caso recopiló numerosas pruebas que demostraban estas irregularidades, llegando incluso a pedir al Consejo de Ministros la desclasificación de documentos que Defensa se resistía a entregarle, pero no pudo interrogar a los investigados porque los militares de empleo igual o superior a comandante están aforados ante el Juzgado Militar Central. Tampoco pudo legalmente elevar la causa a sumario, por lo que, nueve años después del siniestro, el juez togado sigue instruyendo diligencias previas y, en teoría, podría archivarlas en cualquier momento.