El tribunal militar avala la petición al Gobierno de un informe secreto

El Consejo de Ministros, el actual o el que le suceda, deberá pronunciarse sobre la desclasificación del informe secreto de seguridad en vuelo del accidente de un caza F-5 del Ejército del Aire que se estrelló el 2 de noviembre de 2012 en la base de Talavera la Real (Badajoz), causando la muerte del comandante Ángel Álvarez Raigada y lesiones graves al alférez Sergio Santamaría de Felipe.

El Tribunal Militar Territorial Primero ha desestimado el recurso del Abogado del Estado, que se opuso a la petición de la titular del Juzgado Togado Militar Territorial número 12, Patricia Moncada. Esta es la segunda vez que dicho tribunal se pronuncia en el mismo sentido, por lo que la actitud del abogado del Estado —al que se sumó a última hora el fiscal militar, cambiando la posición que había mantenido hasta entonces— resulta difícilmente explicable, además de un freno para la investigación.

El 30 de abril del año pasado, el Consejo de Ministros aprobó la desclasificación y entrega del informe de seguridad en vuelo, después de que el mismo tribunal militar lo avalara, pero lo que recibió la juez fue solo un sucinto documento de conclusiones en el que se recogían las recomendaciones de cara al futuro, pero no las causas del siniestro ni el estudio llevado a cabo.

La juez pidió el informe completo, pero el tribunal le dijo que lo que desclasificó el Gobierno era lo que se le había pedido, dada la indefinición de la solicitud, y que si deseaba más información debía pedirla de nuevo con mayor concreción. Eso es lo que hizo el pasado 5 de noviembre la juez y así lo ha reconocido ahora el tribunal, en contra de la pretensión del abogado del Estado. “No cabe duda de que el auto recurrido no es sino la materialización de una facultad reconocida a la juez instructora: la posibilidad de llevar a cabo una solicitud razonada de desclasificación de una documentación concreta al Excmo. Sr. Ministro de Defensa para su traslado al Consejo de Ministros”, admite el auto. Para evitar que de nuevo se eluda la entrega de toda la documentación, la solicitud no sólo alude a los “partes, informes y estudios de seguridad de vuelo”, sino que cita por su nombre hasta seis documentos secretos. La pelota queda en el tejado del Gobierno, de éste o del siguiente.